De mil habitantes de La Montaña, 200 migran a EU, afirma Abel Barrera

 Las autoridades estatales no han sabido reactivar el campo, que es de donde dependen los pobladores de esa región, lamenta el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan

 Ezequiel Flores Contreras Atlixtac  

Cerca del 25 por ciento de la población de La Montaña emigra al extranjero y hacia distintos estados del país porque no encuentran la oportunidad para desarrollarse dignamente, afirmó el director del centro de derechos humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, situación que representa una violación grave a los derechos colectivos de los indígenas guerrerenses.

Esto demuestra –aseveró– que las autoridades no han atendido el problema de la emigración y no han sabido reactivar el campo, “ya que La Montaña históricamente depende del campo”, y el gobierno estatal y federal no ha generado políticas para reactivarlo y garantizar oportunidades a los campesinos.

Barrera Hernández fue consultado en la cabecera municipal de Atlixtac, este sábado, a donde acudió para hablar con el presidente del Comité de Organización del Trabajo Agrícola, Baldemar Velázquez, quien se encuentra en México para informarle a la familia del jornalero Urbano Ramírez Miranda que la corte del estado de Carolina del norte, Estado Unidos, resolvió que el dueño de la granja donde trabajó y murió indemnizará a su esposa.

También para anunciar, en conferencia de prensa en la ciudad de México, que en septiembre una compañía productora de pepinos de Carolina del Norte se vio obligada a reconocer un sindicato de jornaleros mexicanos y firmar un contrato colectivo que beneficiara a 8 mil emigrantes.

Allí, el presidente del centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan, señaló que historias como la del jornalero indocumentado Urbano Ramírez “son una muestra de las muertes invisibles y silenciosas” de la región de La Montaña, sobre todo porque atrás de los migrantes están mujeres, niños, un campo abandonado, así como una comunidad pobre.

“Lo que representa un emigrante en Estados Unidos y en otros estados como Sinaloa, Sonora y aquí mismo, viene a sintetizar todo el drama de La Montaña que es pobreza, marginación, falta de oportunidades y violencia”, expresó Barrera Hernández.

Aseguró que actualmente los niños no estudian y los jóvenes recurren a la migración como última salida para obtener recursos, mientras que las autoridades no quieren ver o se muestran indiferentes ante la realidad.

En La Montaña, donde históricamente dependen de la actividad agrícola para sobrevivir –indicó– el gobierno no ha generado políticas para reactivar el campo y garantizar otro tipo de oportunidades a los campesinos.

“La gente busca trabajo, y quien está resolviendo los problemas de La Montaña no es el gobierno sino los migrantes y jornaleros que dan su vida muriéndose en los surcos de los campos extranjeros”, reprochó Abel Barrera.

En cifras el activista de derechos humanos destaca que actualmente hay aproximadamente 20 mil jóvenes migrantes, pero ante el creciente desempleo y la caída en los precios de los productos agrícolas de Guerrero no solo son jóvenes, sino padres de familia lo que buscan en otro lugar la posibilidad de ganar dinero para sostener a sus hijos.

Al respecto, aseveró que mujeres indígenas de Metlatónoc, “quienes no hablan español, menos el inglés” emigran al estado de Virginia, Estados Unidos, donde son contratadas para trabajar en campos agrícolas de compañías trasnacionales como la conocida distribuidora de sopas instantáneas Maruchan y la principal comercializadora de cigarros Marlboro.

“Siendo conservadores estaríamos hablando de poco más de 40 mil migrantes de la región de La Montaña que son explotados en el extranjero y en diferentes estados del país”, aseguró Barrera Hernández.

En este sentido, de acuerdo con las cifras del centro de derechos humanos de la Montaña: “En una comunidad de mil habitantes migran 200 personas”.

Cerca del 25 por ciento de la población de La Montaña se va –dijo– porque no encuentra la oportunidad para desarrollarse dignamente, lo que significa una violación grave a los derechos colectivos de los indígenas.

Las comunidades calificadas como las principales expulsoras de indígenas son Alcozauca, Metlatónoc y Xalpatláhuac, las cuales han desarrollado redes para viajar, en las que los migrantes pagan hasta 25 mil pesos.

“Esta es una capacidad que ha desarrollado el pueblo para sobrevivir, por eso el narco se ha enquistado en las comunidades”, aseveró Abel Barrera.