Condena el Congreso el uso abusivo de la fuerza y exige la presentación de los desaparecidos

*Plantea esclarecer quién o quiénes ordenaron disparar “contra personas indefensas” en Iguala

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Congreso local condenó “enérgicamente” el uso abusivo de la fuerza pública en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y el ataque a los integrantes del Club de futbol Los Avispones de Chilpancingo.
Los diputados aprobaron por unanimidad el pedido de esclarecimiento de los hechos para determinar quién o quiénes ordenaron disparar “contra personas indefensas”, y exigieron que se investiguen estos sucesos hasta sus últimas consecuencias.
Exigieron la inmediata localización y presentación con vida de todos los estudiantes desaparecidos, así como la “investigación exhaustiva de los presuntos ilícitos en que pudieran haber incurrido los mandos y elementos de la policía y las autoridades municipales de Iguala, el fincamiento de las responsabilidades que correspondan y, en su caso, su sujeción a proceso”.
Cuando se realizaba la sesión, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ya había solicitado al cabildo licencia de 30 días para separarse del cargo, pero el Congreso demandó la inmediata separación del cargo del presidente municipal y del director de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, para facilitar la investigación, “y su pronta presentación ante el ministerio público para esclarecer su intervención y deslindar su responsabilidad en estos hechos”.
Aprobaron un punto que señala “expresamos nuestro más sentido pésame y nos unimos al dolor que embarga a muchas familias guerrerenses, que lloran en estos momentos la muerte de sus seres queridos y expresamos nuestra total solidaridad a quienes se recuperan lentamente de esta experiencia traumática, indigna e inaceptable”.
Ayer los diputados sesionaron en el inmueble apedreado un día antes por estudiantes normalistas que destruyeron los ventanales del edificio tras no ser recibidos por los legisladores.
Afuera en la explanada había decenas de policías antimotines que resguardaban la sede del Poder Legislativo en el que aún había montones de cristales quebrados. Las pedradas y pintas fueron justificadas por los diputados por “el dolor y la rabia” que tienen los normalistas después de los ataques armados de los que fueron víctimas.
En la sesión, el panista Jorge Camacho Peñaloza propuso la comparecencia del gabinete de seguridad y el reconocimiento de que hay una crisis de gobernabilidad en el estado, además justificó la reacción de los estudiantes normalistas contra el edificio del Poder Legislativo como “un grito desesperado de la sociedad que demanda atención, por eso vinieron ayer, tienen rabia, tienen dolor en el alma por lo sucedido, porque nadie les ha dado la cara”.
Camacho Peñaloza recordó que entre las atribuciones del gobernador está el garantizar la protección y seguridad ciudadana, la conservación del orden, la tranquilidad y seguridad en el estado y disponer de las corporaciones estatales y municipales en casos de fuerza mayor.
Pero dijo que en cambio, contrario al texto constitucional, en Iguala la policía municipal “resolvió a tiros” la toma de camiones por los normalistas .
Afirmó que Iguala es “una expresión de la anarquía, debilidad institucional y ausencia del gobierno en que vive el estado”, es la más severa crisis de seguridad, ingobernabilidad e incertidumbre desde 1995, cuando policías estatales asesinaron a 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez por órdenes del gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
Entonces les recordó al PRD y partidos de izquierda que “en aquel entonces las fuerzas opositoras” exigieron la renuncia del gobernador, “yo quiero escuchar hoy que van a decir esas fuerzas opositoras”.
El panista preguntó: “¿esta policía de quién obedece órdenes, a quién le responde?, ¿desde dónde vino la orden de disparar para que estos muchachos no tomaran los camiones?, ¿es una orden que se dio desde el mismo ayuntamiento o desde la capital del estado o de la federación?”
También habló del asesinato del secretario General del PAN, Braulio Zaragoza Maganda Villalva, asesinado a balazos la mañana del domingo en el restaurante del hotel El Mirador en Acapulco, por el que también reclamó justicia.
Y entonces reprochó a la Comisión de Gobierno que el 30 de julio solicitó la comparecencia ante el pleno en sesión pública del gabinete de seguridad estatal, pero su propuesta fue turnada a “esa comisión que no ha dictaminado”.

Reclamos por el tardío llamado a sesionar

Pero ayer llevó nuevamente la propuesta al pleno, pero esta vez como asunto de urgente resolución, pero la diputada priista Alicia Zamora Villalva pidió que replanteara la propuesta y que la reunión o comparecencia se realizara a puerta cerrada para que se informara a la sociedad sólo lo que acordaran hacer público dentro de la reunión, y así se modificó, pero no se estableció fecha.
El único que defendió al gobernador fue el diputado por MC, Evencio Romero, que votó en contra el punto de acuerdo, y afirmó que a pesar de los asesinatos a manos de policías municipales en Iguala, la desaparición de decenas de estudiantes, el asesinato de un dirigente partidista y hechos como las ejecuciones en Acapulco, “no se puede decir que en Guerrero hay ingobernabilidad” y aseguró que, por el contrario, el gobierno estatal “está actuando con celeridad y profesionalismo”.
La priista Alicia Zamora le contestó: “¿quién podría estar en contra?, ¿si la muerte de estudiantes, de jugadores, de ciudadanos de los 423 ciudadanos desaparecidos no es un asunto de urgente resolución?”, y entonces le pidió al diputado de MC “¿dígame qué asuntos debe tratar este pleno?”, pero aún así Romero votó en contra.
El también priista Héctor Astudillo Flores reclamó a la Comisión de Gobierno y a la Mesa Directiva, porque no convocaron de manera urgente a sesión para tratar el tema, desde el domingo o a más tardar el lunes para fijar una posición para saber “¿qué sucedió en Iguala y quien ordenó esa desproporcionada y brutal reacción?”
Ante el pleno dijo que la solicitud que el alcalde de Iguala realizó de 30 días de licencia “es una burla no sólo para el Congreso, sino para toda la sociedad guerrerense… la forma también es fondo”.
Y el coordinador de la bancada tricolor, Héctor Apreza Patrón, afirmó que no politizarían el tema, porque dijo que sería muy bajo utilizar “actos de extrema violencia” contra ciudadanos.
Insistió en que “nada justifica la sobrerreacción contra los ciudadanos indefensos que cometió la policía de Iguala”, por eso reclamó que se sancione no sólo a los responsables materiales y que también se sancione a los intelectuales.
Hizo hincapié en la urgencia de reforzar la búsqueda de las decenas de estudiantes desaparecidos desde la noche del viernes, “cada hora que pasa es crucial y determinante”, el priista recordó al gobierno estatal emanado del PRD, “la vieja frase de la auténtica izquierda: vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Apreza pidió a los diputados que se sumen “al repudio”, por el asesinato del panista Braulio Zaragoza y consideró que lo que ocurre en Guerrero es una “violencia de Estado, ya no se trata sólo de delincuentes organizados sino una delincuencia, una violencia de Estado”.
Minutos antes de la sesión del pleno, la fracción priista ya había hecho un llamado similar en una conferencia de prensa, al que acudieron nueve de los 13 diputados de ese partido, pidieron al Congreso local asumir el papel de que le corresponde en redireccionar la política institucional.
Los diputados priistas llamaron al alcalde que presente de manera inmediata su renuncia al cargo y someterse a una investigación, porque “cometió omisiones graves que tienen al estado y a Iguala en una crisis social y de inseguridad”.

Nos quedó grande gobernar: Abelina

Antes de que el PRD fijara postura, la diputada Abelina López Rodríguez solicitó un minuto de silencio por las seis muertes de Iguala y por el panista Braulio Zaragoza.
Dijo que los gobernantes están extraviados y “llenos de nepotismo, son soberbios y mitómanos” y que con razón la “sociedad no respeta a ninguna autoridad”.
Consideró que lo mínimo que el Congreso puede hacer es exigir la salida del alcalde de Iguala, y afirmó que ante los últimos acontecimientos “me parece que a la izquierda le ha quedado corto el gobernar”, porque es incapaz de crear una ruta que no sea la discusión de quien tiene el control del PRD sin atender “al Guerrero que está ahí postrado… hoy peor, si no hacemos nada; nos quedó grande gobernar”.
Otro perredista, Germán Farías Silvestre, habló de la rabia, impotencia e indignación de las familias de los normalistas con quienes dijo que se solidarizaba.
Afirmó que como diputado y político lo avergüenza, “no podemos permitir que se vea como algo normal que los políticos y los policías están coludidos con la delincuencia organizada”.
Demandó al gobierno estatal y federal que presenten a los responsables materiales e intelectuales y no a “chivos expiatorios”.
Por la facción del PRD, Jesús Marcial Liborio reclamó de las autoridades encargadas una investigación fuera de todo sesgo político, que no se encubran responsabilidades, sea autoridad, “sea militante de algún partido político” y que no se creen culpables en aras de proteger intereses aviesos que respondan a cálculos políticos.
Condenó “el aberrante abuso de autoridad en que incurrieron (los policías municipales) ante una manifestación social”, y por otro lado, “la inexplicable ausencia y participación oportuna de las corporaciones policiacas federales y estatales, incluidas las castrenses”.
El PRD reclamó a los tres órdenes de gobierno “el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales” y recobrar el Estado de derecho, la confianza en las instituciones, la gobernabilidad y el “entendimiento social”.
Por la fracción panista, Marcos Efrén Parra Gómez dijo que está en manos de los legisladores tomar “las acciones necesarias que le pongan un alto definitivo al crimen o por nuestras indefiniciones y diferencias le abrimos el paso al enemigo común”.
Llamó a los tres niveles de gobierno, “a las fuerzas políticas, a la academia, a los medios de comunicación y a la sociedad civil, impulsar un pacto de civilidad que nos permita trabajar en forma conjunta”.
El coordinador de la fracción parlamentaria de MC, Mario Ramos del Carmen, exigió que se investiguen los hechos “hasta llevar a los responsables hasta las tribunales”, porque lo que ha ocurrido está llevando a “condiciones insoportables de inestabilidad al estado”.