Moisés Alcaraz Jiménez

Reforma administrativa

La estructura de gobierno en Guerrero requiere de una reforma a fondo. El atraso y la marginación que padecemos en diversos rubros, se expresa también en la administración pública estatal, que tiene profundos rezagos. Somos de las entidades federativas donde muy poco se planean las actividades de gobierno y se recurre en exceso a la improvisación y la discrecionalidad, con lo cual es imposible evaluar las acciones realizadas y medir los resultados. Esto genera también serias dificultades para una transparente rendición de cuentas. Esta situación no es de ahora, el atraso en esta materia es ya histórico.

Los avances tecnológicos y de las comunicaciones han obligado a los gobiernos a transformar sus estructuras, introduciendo nuevas técnicas para mantener al día la administración pública y para contar con cuadros altamente capacitados. En gran medida la falta de respuestas eficaces a la problemática social se debe en muchas ocasiones, además de la escasez de recursos económicos, a la obsolescencia del aparato gubernamental y a los atrasos en materia de formación y profesionalización de servidores públicos, que impiden adecuar las estructuras organizacionales del estado a las nuevas exigencias de la sociedad.

En el caso de Guerrero, estas deficiencias se acentúan y están consideradas como una de las principales causas que dificultan la llegada oportuna de los beneficios del sector público a amplias zonas y sectores sociales de la entidad. Las acciones de gobierno se ven obstaculizadas por la vigencia de estructuras caducas y altamente burocratizadas, donde prevalecen métodos y sistemas que han quedado rebasados ante el avance de nuevas técnicas y procesos que en otras partes del país han modernizado a las estructuras de gobierno.

No es exagerado afirmar que en Guerrero operamos con una administración gubernamental extremadamente caótica, donde la planeación es muy rudimentaria y la improvisación es parte de nuestra cotidianeidad administrativa. Las dificultades enfrentadas para la correcta formulación de planes e instrumentación de programas y proyectos, así como para su dirección, supervisión, evaluación, control y cumplimiento de objetivos, expresan la necesidad apremiante de contar con una administración pública estatal transformada en verdadera promotora del desarrollo socioeconómico.

En Guerrero es urgente realizar una modernización administrativa en dos vertientes fundamentales: adecuar las estructuras de gobierno a los nuevos tiempos de cambio y profesionalizar al personal del sector público. Con relación al primer aspecto, se requiere revisar la estructura orgánica y funcional de la administración pública a través de un estudio de desarrollo organizacional integral, que permita detectar las áreas y unidades administrativas susceptibles de fusionarse, transformarse, crearse o eliminarse del organigrama gubernamental.                               Este es un trabajo que correspondería realizar a expertos en administración pública. Aquí la improvisación no cabría.

Igualmente, es necesario reactivar en cada una de las dependencias las Unidades de Organización y Métodos y de Programación, con el propósito de aplicar puntual y correctamente las etapas que integran el proceso administrativo: planeación, organización, dirección, supervisión, evaluación y control de las funciones gubernamentales.

Se deben establecer los procedimientos legales a que haya lugar a fin de que la Contraloría del Estado supervise y asegure que los demás órganos de gobierno cuenten con la totalidad de los documentos programáticos-operativos necesarios para ordenar y regular sus actividades: programas anuales de trabajo, programas operativos, informes trimestrales de avance físico de metas, informes anuales de ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, informes de labores de los titulares de cada secretaría u organismo descentralizado, manuales de organización y manuales de procedimientos. Es lamentable reconocerlo, pero estos documentos que introducen orden y coherencia a la función de gobernar, son prácticamente desconocidos en nuestra administración pública. Una transformación del Poder Ejecutivo de esta magnitud, requiere de la elaboración de una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

En lo que se refiere a la segunda vertiente, además de mejorar la organización y funcionamiento de la estructura de gobierno, se necesita atender de manera prioritaria lo relacionado con la formación, capacitación y actualización de servidores públicos, no de manera aislada y esporádica, sino sistemática y permanente, capacitación impartida por profesionales y por instituciones especializadas en las ciencias administrativas y la función pública.                               En este aspecto tendrá que hacerse realidad el tan traído y llevado servicio civil de carrera.

El nuevo gobierno que entrará en funciones el primero de abril próximo, debe tener entre sus prioridades la reforma de la administración pública estatal. Sin esta base será muy difícil alcanzar otros propósitos.