Humberto Musacchio

De nuevo, los demonios andan sueltos

 Muy grave debe ser lo que está ocurriendo como para que el secretario de Gobernación haya salido a dialogar con los politécnicos. Para ningún funcionario es fácil pararse frente a una masa de decenas de miles de jóvenes irritados, indignados incluso por la imposición de un reglamento de estudios que consideran lesivo para su futuro profesional.
A la multitudinaria movilización de los politécnicos hay que sumar lo ocurrido en Iguala, Guerrero, donde la policía la emprendió a balazos contra los normalistas de Ayotzinapa y contra todo lo que se moviera, incluido el autobús de un equipo de futbol de Tercera División al que, de acuerdo con las confusas versiones que circulan, dispararon los policías, pero también civiles que estaban entre los uniformados.
No bien terminaba el diálogo con Miguel Ángel Osorio Chong cuando en la Ciudad Universitaria de la UNAM cinco o seis individuos con sudaderas y gorras –uniformados, pues– hacían estallar varias bombas molotov que dañaron vehículos estacionados, después de lo cual hicieron disparos de calibre 45, según los peritos, lo que corresponde a las armas de uso exclusivo del ejército.
No se requiere ser mago para entender la irritación de los muchachos. El futuro más probable de los jóvenes que terminan una carrera profesional es incorporarse o seguir en el contingente de familias mexicanas que vive con menos de 8 mil pesos mensuales. Y los jóvenes seguramente se preguntarán si para eso vale la pena estudiar tanto.
Por otra parte, no debe olvidarse que el Politécnico –como la abrumadora mayoría de las universidades– carece de mecanismos para que los alumnos participen en las grandes decisiones de la institución. Tampoco debe pasarse por alto que durante décadas el IPN ha sido objeto de un sabotaje sistemático de los gobiernos priistas, que al cerrar el internado y los comedores trataron de quitarle todo carácter popular. De modo que los jóvenes tienen motivos para desconfiar.
Con los estudiantes del Poli en las calles, mucha preocupación debe existir en un gobierno incapaz de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. En 1968, la exigencia de diálogo público estaba en el centro del movimiento estudiantil. Hoy, esa demanda se empieza a cumplir sin desdoro para las partes, pues en una República que queremos democrática resulta indispensable el diálogo entre gobernantes y gobernados.
Estamos apenas en los prolegómenos de la mayor movilización estudiantil desde 1968. Pero resulta muy prometedora la actitud de los estudiantes, que el martes se mostraron muy dispuestos a debatir y llegar a acuerdos. Lo previsible es que se incorporen al movimiento los alumnos de otras instituciones educativas, con diferentes demandas, pero con la misma altura de miras. Resta saber si las autoridades de todo nivel tendrán la claridad para entender que se trata de demandas legítimas y que, en cualquier momento, la condición para continuar el diálogo será el esclarecimiento de los hechos de violencia.
¿Quién ordenó en Iguala disparar contra los jóvenes? ¿Quién está detrás de lo ocurrido la noche del mismo martes en la Ciudad Universitaria? ¿Son grupos de jóvenes desesperados? ¿Son las mafias criminales? ¿Es un sector militar inconforme por la investigación de los hechos de Tlatlaya? Las autoridades tienen la obligación de averiguarlo e informarlo a los mexicanos. La sociedad mexicana tiene derecho a saberlo.
Resta esperar que las manifestaciones de hoy sean pacíficas y que los jóvenes rechacen a los grupos de provocadores. Los demonios, otra vez, andan sueltos.