Recompensa de un millón por informes de desaparecidos

*Advierten los obispos contra el riesgo de una “crisis política”

*Piden a las autoridades usar “todos los recursos del Estado” para hallar a los normalistas

*No permitirán que instale la federación un “virrey”, dicen diputados federales del PRD en carta a Osorio Chong

*Guerrero está peor que nunca” y no había tanta inseguridad antes de Aguirre: Figueroa Smutny

*Por qué mandan a matar a nuestros hijos, lloran madres de los estudiantes desaparecidos en Iguala

Hay orden de presentación contra Abarca y si no acude será de aprehensión, informa Aguirre

*Anuncia que el gobierno dará una recompensa de un millón de pesos a quien dé informes sobre los normalistas desaparecidos. También está citado el ex jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que se liberó una orden de localización y presentación contra el presidente municipal con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y el ex secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Felipe Flores Velázquez, y de no atender el llamado se liberará una orden de aprehensión.
También informó que a partir de hoy hay un sistema de recompensas de un millón de pesos que ofrece el gobierno del estado a quienes proporcionen información del paradero de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos por la policía municipal de Iguala.
En conferencia de prensa ayer por la tarde en la residencia Casa Guerrero, el gobernador anunció recompensas de un millón de pesos “a quienes ayuden a coadyuvar en la localización de los jóvenes que hoy se encuentran desaparecidos”.
El gobernador dijo que la orden de localización y presentación contra Abarca Velázquez para que acudan a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) es para ser declarados.
Pero adelantó que de no presentarse de manera voluntaria, entonces procederán “conforme a derecho para su respectiva detención de ambos ex servidores públicos”, liberando ordenes de aprehensión.
El procurador Iñaky Blanco Cabrera explicó que dado “que se desconoce la ubicación” del ex alcalde de Iguala  y del ex secretario de Seguridad Pública, se liberó orden de localización y presentación de los ex servidores públicos.
También informó que solicitaron la colaboración de las 31 procuradurías de los estados, así como de la PGR y la del Distrito Federal para establecer el paradero de los estudiantes y los trasladen para rendir su declaración, porque “estamos a presencia de hechos a todas luces deleznables, condenables y por ello no vamos a cesar hasta determinar la responsabilidad penal de todo aquel que haya tenido que ver”.
El gobernador dijo que las diferentes corporaciones integraron grupos de coordinación y búsqueda, que invitaron a los estudiantes normalistas para que verifiquen que se está realizando la búsqueda.
Afirmó que ordenó a todo su gabinete para que se trasladen a Iguala para “coadyuvar” en la búsqueda y en toda la región Norte porque, insistió, “para mí no hay tema más importante ahora que poder identificar los lugares donde se encuentran estos jóvenes y poder regresar de la mejor manera”.
Insistió en que su gobierno no descansará hasta “encarcelar” a todos los que tengan responsabilidad en las agresiones contra estudiantes normalistas, un autobús de futbolistas y varios vehículos entre los que estaba un taxi, ataques en los que fueron asesinados tres estudiantes, un deportista, un chofer y una mujer que iba en el transporte público, hechos que dijo “solamente pudieron ser producto de mentes enfermizas, criminales”.
Aguirre Rivero dijo que mantiene comunicación con el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, para “diseñar estrategias” y fortalecer la presencia de la seguridad pública en Guerrero.
Antes de la conferencia de prensa trabajadores del área de Comunicación Social del gobierno solicitaron a los reporteros sus nombres para hacer una lista de quiénes preguntarían, pero después la directora de esa área, Fernanda Lazo, dijo que no se permitirían preguntas, y en cuanto los funcionarios terminaron de hablar se pararon y se retiraron.

Advierten los cuatro obispos del estado contra el riesgo de una “crisis política”

*Demandan al gobierno “ejercer cabalmente sus responsabilidades en lo que tiene que ver con la violencia y la inseguridad”. Piden que las autoridades utilicen “todos los recursos del Estado” para encontrar a los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala

Mariana Labastida

Los obispos de Tlapa, Ciudad Altamirano, Chilpancingo-Chilapa y Acapulco, que integran la Provincia Eclesiástica de Acapulco, lamentaron los hechos de violencia ocurridos el viernes pasado en Iguala, y el asesinato del sacerdote  José Ascensión Acuña Osorio en San Miguel Totolapan,  y manifestaron que la “grave situación social” en la que se encuentra el estado “puede desencadenar una crisis política”.
Por separado la Diócesis de Acapulco llamó a las autoridades a mejorar los esfuerzos para desactivar las causas de la violencia y aclarar los casos de los tres sacerdotes que han sido víctimas de la violencia, el de San Miguel Totolapan, el de Arcelía, Habacuc Hernández Benítez, asesinado con dos jóvenes de su ministerio el 13 de junio del 2009, y  el padre John Ssenyondo, de nacionalidad ugandesa, que se encuentra desaparecido desde el 30 de abril.
En un comunicado emitido ayer, los obispos manifestaron su preocupación por el “alcance mortal” de las acciones del crimen organizado en todo el estado, y desconcierto por el hecho de que los policías municipales de Iguala hayan protagonizado un ataque en el que resultaron muertos tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, un jugador de futbol y dos personas más.
Por lo que los obispos llamaron de manera encarecida a las autoridades a hacer cumplir la ley en la vida cotidiana como una forma de asumir su responsabilidad pública para el bienestar de todos, “es tiempo de ejercer cabalmente sus responsabilidades en lo que tiene que ver con la violencia y la inseguridad”, y pidieron con “urgencia” que no ocurran más hechos similares.
“Les pedimos que se aclaren cabalmente los hechos dolorosos de Iguala, pues la verdad es el camino hacia la justicia y hacia la reconciliación”, señalaron.
Los cuatro obispos reprobaron cualquier acción violenta y dijeron estar sorprendidos de la forma de actuar de la policía municipal de Iguala; también llamaron a la sociedad en general a buscar caminos de la reconstrucción de paz, asumir la responsabilidad personal en relación a lo que sucede en la familia, comunidad y sociedad entera, “no podemos esperar que nos traigan la paz de afuera ni de arriba, tenemos que construirla todos”, expusieron.
También convocaron a evitar acciones violentas en las movilizaciones de protesta, “a todos les pedimos que se conduzcan de manera pacífica y siempre en actitud de diálogo y respeto”.
Los obispos expresaron su preocupación por los 43 estudiantes normalistas aún desaparecidos y por la zozobra en la que se encuentran las familias que acumulan enojo e indignación en la sociedad.
“Es urgente que se dispongan de todos los recursos del Estado para encontrar a los estudiantes desaparecidos, cuyas familias sufren la incertidumbre sobre su paradero y la sociedad reclama. Esta acción debe ser prioritaria”, dicen.
Manifestaron su solidaridad con las familias de los asesinados y desaparecidos, y dijeron estar dispuestos a colaborar con las autoridades en las acciones que lleven a mejorar las condiciones de vida de los pueblos de Guerrero que hagan posible la paz y la justicia.
Y solicitaron a la sociedad que se haga presente con el perdón, reconocimiento de la verdad y diálogo, “el respeto a la vida tiene que ser inspirado en las familias, en las escuelas y en todos los espacios de la sociedad”.
Por su parte, la Diócesis de Acapulco manifestó en otro comunicado que el asesinato del sacerdote Ascensión Acuña en San Miguel Totolapan “mucho dolor ha causado este hecho violento en ese municipio tan golpeado por la inseguridad y la violencia en los últimos años”.
En el texto menciona precedentes de sacerdotes tocados por la violencia, como el caso del padre Habacuc Hernández Benítez, asesinado con dos jóvenes en Arcelia en el 2009, y el caso del sacerdote John Ssenyondo, de nacionalidad ugandesa, quien servía en la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, desaparecido el día 30 de abril, sin que hasta la fecha se tenga noticia de él.
Historias que se suman a otras de hombres y mujeres que han sido alcanzados por las formas de violencia generada por el crimen organizado, plantea la diócesis.
Expone que la Iglesia está consciente de que al acompañar de cerca las comunidades guerrerenses los sacerdotes están expuestos a las amenazas como cualquier ciudadano.
Sin embargo continuarán con su misión de acompañamiento “a pesar de los riesgos que ello signifique”.
La Diócesis dijo que continuará organizando los esfuerzos de reconciliación, perdón, reconocimiento de la verdad y la acción de justicia, no solamente para los sacerdotes sino para todas las víctimas de la violencia, por lo que llamó “a las autoridades para que hagan sus mejores esfuerzos de estar en condiciones para desactivar las causas de la violencia y para aclarar los casos de estos tres sacerdotes guerrerenses”.
En el comunicado también se manifestó la solidaridad con los jóvenes, “muchos se siguen sacrificando por la escalada criminal de estos días”, por los asesinatos de los normalistas, el jugador de fútbol y los cinco jóvenes en la colonia Jardín en Acapulco, “y la lista puede ser interminables” porque son el sector más vulnerado por la violencia.
“Preocupa que los estudiantes hayan sido objeto de acciones tan atroces por parte de las corporaciones policiacas. Tiene que haber cambios en la manera de mirar a los jóvenes y en la manera de abordar su situación de vulnerabilidad, porque ellos representan una reserva demasiado valiosa de la sociedad como para dejarla abandonada o para que sea objeto de abusos”.
La Diócesis llamó a las autoridades para que se le dé prioridad a la búsqueda de los jóvenes desaparecidos luego de los ataques contra los normalistas en Iguala.
“Y más, cuando se ha reconocido que fueron los cuerpos policiacos los responsables de tal despropósito. Y también se necesita aclarar todos los casos de jóvenes asesinados en estos días, tanto en Iguala como en Acapulco. Esta es una demanda social que se extiende a tantos casos más de asesinados en el estado de Guerrero”, afirma.
También llamó a la sociedad, las familias y el sector privado para atender a los jóvenes y darles mejores oportunidades, como una responsabilidad compartida, porque “no podemos seguir siendo espectadores, es necesaria la colaboración entre todos los sectores de la sociedad y las autoridades para detener esta avalancha de violencia que nos está dejando daños humanos y sociales de grandes proporciones”.

Diputados del PRD de Guerrero piden a Osorio Chong una reunión sobre Iguala y Tlatlaya

*No permitirán que en el estado se instale un “virrey” como en Michoacán, responden a Peña Nieto

Jesusa Cervantes

Agencia Proceso

Los 10 diputados federales del PRD por Guerrero pidieron al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que convoque a una reunión en la que también participen el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el gobernador Ángel Aguirre.
Además, demandaron la creación de un grupo de trabajo para esclarecer el caso Tlatlaya, y advirtieron al gobierno federal que no permitirán la llegada de “un virrey” al estado de Guerrero, bajo el argumento de que “hay debilitamiento institucional”.
En una carta enviada a Osorio Chong, los legisladores precisan que “hasta el momento se encuentran desaparecidos 43 estudiantes de la Normal (Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos) y han sido públicas las evidencias de que en los hechos participaron corporaciones policíacas municipales y personas ligados al crimen organizado”.
Por ello, añaden, pedimos una reunión encabezada por usted, el procurador general de la República y el titular del Ejecutivo del estado de Guerrero, “a efecto de integrar un grupo de trabajo que dé puntual seguimiento a los hechos lamentables expuestos y al punto de acuerdo aprobado por la H. Cámara de Diputados en la sesión del 30 de septiembre”.
Ayer, el pleno aprobó la creación de un grupo de trabajo en el que participarán legisladores de las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, pero hasta el momento siguen los jaloneos para ver quién lo presidirá.
Este miércoles el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, insistió que ese partido debe ser el que lo encabece por ser el que demandó su creación.
Hay dos propuestas perredistas para presidir el grupo, Roberto López Suárez, quien encabeza la comisión especial de Monex, y Elena Tapia Fonllem. Sin embargo, el Revolucionario Institucional quiere que el grupo sea liderado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la priista Miriam Cárdenas Cantú.
Los firmantes de la misiva también exigieron a Osorio Chong “la urgente localización y presentación” de los  43 normalistas desaparecidos.

Son crímenes que debe investigar la federación, dicen los diputados

En conferencia de prensa, los mismos legisladores señalaron que la Procuraduría General de la República (PGR) debe asumir su responsabilidad, lo mismo que la Fiscalía local. “Tenemos claro que el gobierno federal, a través de sus instancias, sabe el porqué de los hechos, quiénes presumiblemente pueden estar atrás de esto”, sostuvo el diputado Catalino Duarte Ortuño.
Añadió que “Se presume que en estos hechos participó la delincuencia organizada y que se trata de delitos de carácter federal, y que le corresponde precisamente a la PGR atender el asunto, así como atendieron rápidamente a los jóvenes del Politécnico, lo cual aplaudimos. Acá (en Iguala, Guerrero) se trata de homicidios, se trata de desaparición de varios estudiantes. Me parece que estamos en una situación de urgencia, en donde se requiere la participación del Ejército Mexicano, de la Marina y de la PGR”.
Y más, “No es cualquier cosa. Pongámonos en el lugar de las familias, de los padres y de quienes perdieron a sus familiares en estos hechos violentos”.
El legislador también cuestionó la declaración del presidente Enrique Peña Nieto, quien sostuvo que “existe una debilidad institucional” y que va a esperar que lo resuelva el gobierno del estado. “Es una declaración mal pensada”, apuntó Duarte Ortuño.
El diputado Silvano Blanco de Aquino dijo que “inquieta” la declaración de Peña Nieto  de que hay una debilidad institucional en el estado, “¡claro que existe!”, dijo, y es una responsabilidad de Guerrero, pero por encima de esto es una responsabilidad del gobierno federal.
“Él (Peña Nieto) debe asumir que en el país son muy pocos los estados que no tienen problemas graves de violencia; su propio estado, el que gobernó, está metido en crisis de violencia, de asesinatos, feminicidios desde que él era gobernador. Hay una debilidad institucional reconocida desde hace muchos años a nivel internacional… Nosotros esperamos que esto no abra la puerta para que llegue un nuevo virrey a Guerrero como llegó a Michoacán, con el argumento de que hay un debilitamiento institucional, y que nos manden un comisionado que asuma de facto los poderes del gobierno”, soltó.
Y pidió que el presidente asuma “con mucha responsabilidad lo que está ocurriendo en todo el país, no sólo en Guerrero”.
A su vez, la diputada Rosario Merlín García demandó la presencia de Peña Nieto en la entidad. “No sólo en las contingencias de fenómenos naturales lo queremos ver allá. Ésta es una situación emergente, de vidas humanas y que es parte de su responsabilidad también”.
Antes de concluir los diputados insistieron al gobierno federal que no envíe “un virrey” como en el caso de Michoacán. Y el diputado Silvano Blanco de Aquino comentó: “Hay elecciones el próximo año en Guerrero y nosotros esperamos que el presidente de la República y su partido no tengan ninguna tentación para recuperar al estado, políticamente hablando, mandando un comisionado”.
Luego, el diputado Carlos de Jesús Alejandro comentó, “yo sospecharía que están generando las condiciones para darse esta situación, y lo vamos a evitar a toda costa. No necesitamos un virrey en Guerrero para resolver los problemas. Ha habido una desatención por parte de la federación. Es cierto que la seguridad compete también al municipio y al estado, pero estamos ante temas de seguridad nacional: homicidios, secuestros, narcotráfico, que son responsabilidades del gobierno federal”.
Toca a la federación resolver este tema, por eso los diputados estamos en total disposición de buscar, junto con el gobernador, una salida, finalizó.

Cuando llegó Aguirre no había tanta inseguridad, señala Figueroa Smutny

*Guerrero está peor que nunca”, dice el diputado local del PRI. “Es claro y evidente” que tiene que renunciar el gabinete de seguridad, afirma

Daniel Velázquez

El diputado local priista Rubén Figueroa Smutny preguntó al gobernador Ángel Aguirre “¿qué ha hecho?” para revertir el problema de las policías municipales infiltradas por la delincuencia en los tres años y medio que lleva en el cargo, demandó el cese de su gabinete de seguridad pública e insistió en que es necesario que venga un comisionado federal como en Michoacán.
El hijo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, y nieto del también ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa, acusó en conferencia de prensa que cuando llegó Aguirre en abril de 2011 “no estaban las cosas así, hoy Guerrero está peor que nunca en la inseguridad, en la delincuencia, y no se vale que hablen como si fueran terceros perjudicados o unos espectadores cuando ellos son los responsables de darle seguridad a la gente en Acapulco, en Iguala, en Chilpan-cingo, ya basta de quererse escudar en que el gobierno federal les venga a resolver los problemas”.
Descartó que el presidente de la República Enrique Peña Nieto se haya deslindado del gobernador al pedirle que asuma su responsabilidad en el problema de la inseguridad en el estado, sino que fue claro en su expresión de que pidan apoyo a la federación si lo necesitan.
Dijo que en Guerrero y en sus principales ciudades como Acapulco e Iguala no hay una mano que tenga el control de la seguridad, “está todo suelto y por eso los huecos de poder los está llenando la delincuencia, porque las autoridades no cumplen con su obligación constitucional”.
Indicó que las autoridades municipales se excusan en el Mando Único, pero no hay claridad en quién tiene esa responsabilidad y sólo genera complicaciones para realizar operaciones de seguridad.
Adelantó que como presidente de la Comisión de Seguridad Pú-blica del Congreso hará un exhorto a Peña Nieto para que nombre un comisionado de seguridad pública, “porque lo primero que tenemos que hacer para recuperar el Estado de derecho en Guerrero es romper la complicidad que hay entre autoridades y delincuentes”, y eso difícilmente lo van a hacer las autoridades locales, por eso tiene que venir “un comisionado que tenga el respaldo de la federación y no tenga compromisos con nadie en Guerrero”.
En conferencia de prensa en el salón Taxco del hotel Casa Inn, Figueroa Smutny pidió el cese inmediato del secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, el de Seguridad Pública Leonardo Vázquez Pérez y el fiscal general del estado, Iñaky Blanco Cabrera, “porque es claro y evidente que no están dando resultados”.
Agregó que Guerrero ocupa el primer lugar en ejecuciones violentas en el país y Acapulco tiene el primer lugar en secuestros, “esto no es una casualidad, es una consecuencia de que el gabinete de seguridad no está haciendo su trabajo, lo que están haciendo no sirve y no funciona”.
Dijo que si Aguirre Rivero atendiera el llamado del presidente de la República de asumir su responsabilidad por los hechos de violencia ocurridos en Iguala, “tendrá que cesar prácticamente de manera inmediata a todas estas personas”.
El lunes, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, señaló a “los Figueroa, a Pedro Pablo Urióstegui y otros notables priistas que muy interesados están en calentar y sobrecalentar el ambiente con miras al 2015” para desestabilizar el estado.
Figueroa respondió que Zam-brano “tiene mucha imaginación” y criticó que el diputado federal, dirigente de la corriente Nueva Iz-quierda, a la que pertenece el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Veláz-quez, haya salido en su defesa “sin saber la gravedad del problema”.

Contra el fiscal Iñaky Blanco

El diputado enfocó sus críticas al fiscal Iñaky Blanco, de quien dijo que no atendió la denuncia pública que hizo el 20 de marzo en la tribuna del Congreso, cuando contestó “que no hacía investigaciones por encargo”.
El 20 de marzo en el Congreso el diputado priista dijo que a un año y medio del gobierno perredista de Abarca Velázquez, Iguala es la novena ciudad “más peligrosa del país”, y también habló del modo en que operan los grupos criminales en ese municipio.
Dijo que “si algún ciudadano pone en venta algunas propiedades, le hablan luego luego, le dicen te vamos a dar el millón de pesos, van, lo pagan, hacen la gestión con los notarios y al tercer día van, los paran, los secuestran y les quitan 900 o 950 mil pesos de la propiedad y pierden su patrimonio”.
Afirmó que esa es una práctica común en Iguala y reprochó al gobierno del estado que no necesita tener “muchos elementos ni labores de inteligencia muy sofisticados para ver lo que todo el mundo sabe”, y recriminó que “lamentablemente no puede o no quiere o le da miedo. Si no puede, es malo, si no quiere, es peor… y si le da miedo entonces hay una tercera opción que es buscar el apoyo federal”.
Y subrayó que en Iguala y Tierra Caliente, “las autoridades actúan con una omisión sospechosa”.
Figueroa Smutny dijo que “las omisiones de no haber actuado a tiempo, de no haber investigado estos temas a tiempo, trajeron como consecuencia la matanza de Iguala y la desaparición hasta el día de hoy de más de 40 jóvenes, eso se pudo haber evitado si el procurador hubiera actuado, hubiera hecho su trabajo y no se hubiera desentendido”.
“Primera, si no quiere hacer su trabajo que le deje el trabajo a quien sí quiera, segunda, si no puede hacer su trabajo que se lo deje a alguien que sí pueda, o tercero, le da miedo hacer su trabajo o está en complicidad con algún grupo delictivo de la región, si es ese el caso que pida ayuda a la federación”, expresó.
Señaló que hubo dos horas entre el primer ataque a los normalistas y el ataque a los integrantes del equipo de futbol Los Avispones, donde hubo vacío de autoridad en Iguala, porque si hubiesen acudido las autoridades posiblemente se hubiera inhibido el ataque a los futbolistas, pero dijo que el fiscal sólo se la pasa en el aire acondicionado, “quiso manejar las cosas por teléfono con las funestas consecuencias que hubo, que explique por qué nadie se movió, ningún mando, estatal o municipal se movió a donde estaba el enfrentamiento, a donde estaban los problemas que empezaron a las 8 de la noche y terminaron a las 11 de la noche”.
Sobre lo dicho por el procurador de que no se debe politizar el problema de la inseguridad, Figueroa Smutny dijo que “no se politizaría si hiciera su trabajo, si no hubiera habido el asesinato del líder del PAN, los senadores no hubieran venido”.

Que Walton “ya se salga”

Figueroa Smutny también insistió en sus críticas al alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, y le dijo que si aspira a ser candidato a gobernador “que ya se salga” del cargo porque “le está causando daño al municipio porque está suelto el tema de la seguridad”.
Señaló que la mitad de los guardias de seguridad que funcionan como la escolta del alcalde no acreditó las pruebas de control de confianza, “y ahí los tiene, el buen juez por su casa empieza, si su misma escolta personal no pasó los exámenes de confianza y ahí los tiene, cómo les puede pedir a los demás miembros del cuerpo de seguridad que si no pasan los exámenes se separen de la corporación, yo creo que hay que predicar con el ejemplo”.

Por qué mandan a matar a nuestros hijos, lloran madres de los desaparecidos en Iguala

*Demandan al gobernador que haga todo lo posible por localizar a los jóvenes, “ellos venían a estudiar”, insisten

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

Metodia Carrillo Lino espera el regreso con vida de su hijo Luis Ángel Abarca Carrillo que cumplirá su mayoría de edad el 12 de octubre, pero desde el viernes pasado no sabe dónde está.
Su hijo es uno de los estudiantes que siguen desaparecidos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, luego del ataque de policías y sicarios en Iguala.
La mamá envió un menaje de reproche a su paisano de la Costa Chica originario de Ometepec, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, “ingrato que votamos por ti, y ahora nos mandas a matar a nuestros hijos, ¿por qué?” se preguntó, al momento que lloraba de impotencia.
Ella y su hijo son de la comunidad de San Antonio, Cuautepec, municipio que colinda con Florencio Villareal, Ayutla, San Luis Acatlán y Copala, en la Costa Chica del estado.
La madre no quiere ni imaginar que podría recibir a su hijo envuelto en un moño negro. Lo recuerda alegre y aguerrido.
Luis Ángel es el penúltimo de los nueve hijos y fue el único que siguió estudiando porque sus hermanos se casaron y sólo terminaron la preparatoria, ahora se dedican a la siembra de granos y trabajos de albañilería. El menor estudia el bachillerato.
La mirada de Metodia antes de comenzar la marcha de ayer en Chilpancingo refleja el cansancio de los días de lágrimas, pero también el brillo y la esperanza de encontrarlo con vida.
Demandó al gobernador que haga todo lo posible por localizar a los jóvenes desaparecidos, “ellos venían a estudiar”, recuerda durante la entrevista.
La señora no recuerda cuándo fue la última vez que vio a su hijo, pero al ver su imagen en el periódico que lleva la leyenda “Ayúdanos a localizarlos” un río de llanto toco su cara, “él es mi hijo” dijo la mujer señalando en el periódico el rostro de su vástago.
Las madres que se encontraban junto a ella antes de marchar se acercaron y también señalaron los rostros de sus hijos, desesperadas y con lágrimas en los ojos.

“En Iguala la gente nos metió miedo nos dijo que nos iban a matar”

La abuela de Everardo Rodríguez Bello, originario de Huajintepec, Ometepec, recriminó a las autoridades que no acudieran al auxilio de los normalistas luego de ser atacados por los policías municipales ni tras el segundo ataque de sicarios en la ciudad de Iguala.
Socorro Rodríguez Martínez rememoró que el domingo fue a buscar a su nieto en los alrededores de la ciudad de Iguala acompañada de casi cien familiares de los estudiantes desaparecidos, pero no encontraron a nadie, “a mi el coraje que me da es cómo me dicen -las autoridades- que no saben, ¿Por qué? los policías fueron consignados a Acapulco, entonces saben bien, ellos fueron quienes los desaparecieron”.
Reveló que en Iguala la gente los asustó, por los comentarios sobre ola de violencia y los sicarios que los podían matar por estar buscando a los estudiantes desaparecidos, “nos metieron miedo, que nos viniéramos porque nos iban a matar”.
–¿Quién les dijo eso?
–Pues la gente, nos dijeron que estaba muy pesado, tenemos miedo de seguir yendo, a qué vamos, si nos pueden matar–, preguntó.
Recordó que su nieto apenas tiene 18 años y una vida que vivir, “yo estoy grande, pero él es un niño, lo quiero vivo. Está en manos de las autoridades”.
Ambas mujeres comparten la misma historia, el mismo dolor y sufrimiento. Sus hijos y nietos pertenecen a familias pobres y eligieron la emblemática Normal Rural de Ayotzinapa, que es también un internado, como su única opción de seguir estudiando y preparase.
El viernes en Iguala fueron asesinadas seis personas en tres ataques de policías municipales y sicarios.
Los normalistas muertos son Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, caídos en el segundo ataque, y Julio César Mondragón que fue dejado un día después desollado, además del chofer de un autobús, un futbolista del club Los Avispones y una civil que viajaba en un taxi.