Indemnizar a todas las familias de las víctimas de la guerra sucia, plantea la Comverdad

*Dar garantías de no repetición y que el Ejército deje de realizar labores de seguridad pública, propone al Congreso

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Dar garantías de no repetición y que el Ejército deje de realizar labores de seguridad pública, plantea la Comisión de la Verdad en la propuesta que presentó al Congreso local para la reparación del daño a los sobrevivientes y familiares de victimas de la guerra sucia.
El miércoles la comisión acudió al Congreso a entregar la propuesta, que será parte del informe final que presentará el 17 de este mes, documento al cual se tuvo acceso.
La comisión creada para investigar asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por el Estado en los años setenta expresa que se trata de “violencia sistemática y generalizada” donde hubo desaparición forzada, ejecuciones y detenciones arbitrarias, tortura, prisión y exilio de personas.
En el informe menciona que a partir de su investigación, reafirma que la responsabilidad de las violaciones a los derechos de las víctimas, los delitos y los delitos de lesa humanidad cometidos en agravio de cientos de guerrerenses y ciudadanos de todo el país es responsabilidad del Estado mexicano.
Reitera que se causó “un gran daño” en primer lugar a las víctimas y familiares, y en segundo lugar a la sociedad en general “que vivió un estado de sitio y una situación de terror”.
En la propuesta, que será presentada a nivel federal y estatal, la Comisión de la Verdad propone que se indemnice a las familias de todas las víctimas de la etapa investigada y apunta que espera que “el Estado mexicano tenga la voluntad política para cumplir con esta deuda al pueblo de Guerrero”.
Señala que el gobierno del estado y algunos municipales como el de Acapulco tuvieron responsabilidad en la desaparición forzada, y precisa que tiene testimonios que señalan a “personajes muy conocidos que fueron y siguen siendo muy señalados por haber participado en la detención y desaparición de personas”.
Los ejes de acción de la reparación del daño que plantea la Comverdad es el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades por parte del gobierno de Guerrero, el reconocimiento, dignificación y construcción de la memoria histórica, y garantías de no repetición y desarrollo social.
Una de las principales acciones que plantea es que el gobernador Ángel Aguirre Rivero haga un reconocimiento público del daño causado a las víctimas y que pida perdón por los hechos ocurridos y haya compromiso de que no volverán a ocurrir.
También la adquisición de un terreno adjunto al ex cuartel militar de Atoyac para construir allí el Museo de la Memoria Histórica.
También propone la construcción de un albergue para las víctimas de la guerra sucia “que bajan de las distintas comunidades de la sierra por múltiples problemas”, e instituir el día de las víctimas de desaparición forzada por el Estado y que se incluya en el calendario cívico.
Entre las medidas que plantea para que se garantice la no repetición está el cumplimiento al artículo 129 constitucional para que el Ejército no realice labores de seguridad pública, se capacite en materia de derechos humanos e instrumentos internacionales a policías, militares, ministerios pú-blicos y jueces, y que los uniformados respeten a los ciudadanos, “principalmente aquellos que vi-ven en las regiones donde ocurrieron los hechos represivos”, porque su presencia en las comunidades genera miedo en la sociedad.
Plantea la construcción de obras y rehabilitación de caminos, y proporcionar luz eléctrica y agua potable a comunidades.
Plantea además la creación de micro proyectos de impacto familiar para resarcir la marginación en la que viven las familias de las víctimas, pues “están en una situación precaria”.
Igualmente impulsar micro proyectos productivos como tiendas de abarrotes, cocinas económicas, venta de frutas o ropa, para los que plantean que se dé asesoría técnica a las familias.
La Comisión de la Verdad plantea también la realización de un diagnóstico para el desarrollo regional de las comunidades y municipios afectados, que deberá estar a cargo de  un equipo técnico o un despacho que deberá entregar el proyecto de desarrollo en un plazo de seis meses.