Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Iguala: crisis nacional de derechos humanos

Por desgracia, el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, todo ello a manos de la policía municipal de Iguala, va en camino de convertirse en la más seria crisis de derechos humanos que enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto y la peor en México en lo que va del siglo XXI. Ni el muy sonado caso de Tlatlaya, en el que un batallón del Ejército está acusado de fusilar a 22 presuntos delincuentes y provocó la presión del gobierno de Estados Unidos, presenta el aspecto dramático y terrorífico de la batida que los policías municipales de Iguala emprendieron contra los estudiantes.
En Iguala está comprometido el Estado mexicano, y la magnitud de esta crisis puede medirse por el reclamo inédito del presidente Peña Nieto y por la angustia que la reacción presidencial provocó en el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien sólo después de ese reproche parece haberse despertado y sacudido la indolencia con la que encaró el problema durante los primeros tres días.
Al reclamar que el gobierno de Guerrero asuma su responsabilidad en la matanza de Iguala, Peña Nieto confirmó el retiro de su respaldo al gobernador Aguirre Rivero, que en los hechos ya había quedado anunciado el domingo con la cancelación de la visita que el presidente tenía prevista para el lunes pasado a Ometepec. Es evidente que el deslinde presidencial tiene por objeto desvincular al gobierno federal de la sangrienta jornada del viernes pasado y de la desaparición de los normalistas. Eso sugiere también la gravedad que el gobierno federal asigna a este episodio, quizás porque dispone de información que la sociedad ignora sobre la profundidad del problema que hay detrás de la desaparición de los jóvenes y la infiltración del crimen organizado en la policía municipal de Iguala con la complicidad del ex alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez.
Pasaron ya seis días desde los ataques contra los normalistas, y lo único que ha conseguido hacer el gobierno del estado ha sido la detención de 22 de los policías municipales que participaron en la refriega. Eso era lo mínimo que debían realizar las autoridades, pero los jefes de esos policías, el ex alcalde Abarca y el ex secretario de Seguridad Pública Felipe Flores, increíblemente lograron escapar. ¿Lograron escapar o les fue facilitado el escape? ¿Están escondidos de la justicia o fueron escondidos para que no hablen?
Pero una cosa es que Peña Nieto haya puesto punto final a su relación política de respaldo con Aguirre Rivero –y que con ello busque dejar que se derrumbe el gobierno del PRD en el estado–, y otra muy distinta que a sabiendas de la incapacidad del gobierno perredista para solucionar esta crisis, se mantenga indiferente al problema o intervenga a cuentagotas, pues con ello solamente se agravará el drama y el dolor de las familias que ansían el regreso de sus hijos. No podrá sostener Peña Nieto esa postura por mucho tiempo. Reclamar responsabilidad al gobierno de Aguirre Rivero en el manejo y solución de la crisis de Iguala es pedirle peras al olmo, pues es precisamente la negligencia gubernamental la que originó el problema, primero al dar carta blanca al hostigamiento contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y luego al proteger al ex alcalde Abarca Velázquez en el caso del asesinato de los dirigentes de la Unidad Popular el año pasado, hecho éste en el que el presidente municipal del PRD fue directamente implicado (y ahora ya nadie podría dudar que efectivamente fue quien mató personalmente a Arturo Hernández Cardona).
Es ostensible que Aguirre Rivero no puede con este problema. Los 43 estudiantes no serán hallados mediante los carteles que con desesperación difunde el gobierno por todo el estado, y resulta insólito que teniendo ya en prisión a quienes los hicieron desaparecer, la Procuraduría General de Justicia se muestre incapaz de obtener de ellos información sobre la suerte de los jóvenes.
Es obvio que Peña Nieto impuso a Aguirre Rivero un plazo, y aun cuando éste se desconozca, cada día que pasa sin que los muchachos aparezcan incrementa la inestabilidad del gobierno aguirrista. Desde los centros de poder de la ciudad de México han salido ya mensajes de que el gobierno federal prepara el escenario para la remoción de Aguirre Rivero y el nombramiento de un gobernador interino. Igual que la matanza de Aguas Blancas disolvió el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, la indignación pública por la matanza y las desapariciones de Iguala destruyeron ya la escasa credibilidad que poseía la administración de Aguirre Rivero.
Pero en este drama, las consecuencias políticas y el destino del gobernador y su partido son cosas secundarias e irrelevantes, pues lo importante es que los estudiantes sean encontrados con vida y que las muertes de Iguala sean castigadas. Si Aguirre Rivero lo consigue, nadie deberá regatearle un aplauso. Pero si no puede, debe hacerse a un lado, y pronto. Al gobierno federal lo mueve el interés de no ser expuesto en el exterior como violador de derechos humanos como en el caso de Tlatlaya, y si eso supone un estímulo para que la búsqueda de los estudiantes se intensifique y se profesionalice con su intervención más decidida, pues que así sea. Pero que alguien los encuentre y ofrezca alivio a la tortura que sufren sus familias.

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