Carlos Pérez Aguirre

Negligencia y complicidad asesina

 

Con toda mi solidaridad, a los padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo

El 12 de diciembre de 2011, por demandar un diálogo al que están obligados por ley los gobiernos con sus gobernados y que les había sistemáticamente negado el gobernador Ángel Aguirre, al presionar para obtenerlo fueron como respuesta asesinados varios estudiantes normalistas. Tiempo después, fueron abatidos salvajemente en Iguala tres líderes sociales que demandaban a la alcaldía atención a demandas de la población. En ambos casos se señalaron posibles culpables y en ambos casos la complicidad y la negligencia, porque no se actuó, allanaron el paso para que esa manifiesta impunidad asesina escalara a otro nivel.
Es añeja la animadversión que Ángel Aguirre y su equipo cercano tenían contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, habrá que recordar que durante el interinato que le heredó su maestro Rubén Figueroa propinó varias palizas a estudiantes de esa emblemática escuela.
El huevo de la serpiente estaba sembrado porque el 26 de septiembre, desde temprana hora, nerviosos policías de la fuerza estatal se apostaban en diversos puntos en Chilpancingo, algunos “resguardando la central de autobuses” los operativos estaban ya dispuestos para reprimir, porque esta fuerza ostentaba armas de fuego, toletes y escudos.
En un artículo anterior comentábamos: “Cuando los intereses del poder se entrelazan con los intereses económicos y estos son detentados de manera obtusa no por los órganos o poderes del Estado sino por una familia o un grupúsculo, hacen que el ejercicio de gobernar se torne sumamente peligroso para toda la sociedad…”. Los gobiernos federal y estatal tienen gran y grave responsabilidad en la consumación de los salvajes y deleznables hechos acaecidos en Iguala la noche del viernes 26; antes dejaron que pasaran sin ejercer justicia varios sucesos contundentes, con actores señalados y con igual saña asesina, pero como estos actores correspondían a autoridades del más alto nivel estatal, y a grupos de poder a nivel regional y municipal, no obstante la gravedad de las masacres ocurridas, no se impartió ninguna justicia y se permitió una aberrante impunidad; es más, al parecer ni siquiera se investigó.
Por ello, después del día 26 el gobernador se escondió y no dio la cara hasta que el gobierno federal le espetó que cumpliera con sus responsabilidades. Pero ¿acaso no está casi en el centro de Iguala un fortificado cuartel del Ejercito que cuenta con numeroso cuerpo de soldados? ¿no cuenta acaso con sustantivos destacamentos de la Policía Federal y también de la estatal? ¿dónde estaban que en varias horas de locura asesina no aparecieron por ningún lado? Una combinación terrible en contra de la sociedad se configuro la noche del 26 de septiembre, policías municipales sin control, cuerpos policíacos y de seguridad totalmente ausentes, antecedentes de evidente impunidad y sobre todo intereses económicos, políticos y delincuenciales que llevaron al más demencial de los escenarios.
Hoy las prioridades son fundamentalmente dos, una encontrar ante todo a los jóvenes (de entre 18 y 21 años) que están desaparecidos, y dos, exigir justicia para esa secuela de acontecimientos generados desde lo más alto del poder que derivaron en esa barbarie criminal. Habrá que preguntarse ¿sólo corresponde a un presidente municipal, a policías municipales –el presidente que debió ser separado del cargo después de los señalamientos directos que enfrentó– y a un gobernante que también enfrento por acontecimientos similares a los sucedidos el fatídico 26 señalamientos directos?
En entrevista, el gobernante señaló, “yo no estoy casado con el cargo, en esto simplemente es cuestión de determinar responsabilidades, si yo tengo alguna responsabilidad, mañana me voy, eh, sin ningún problema, pero yo creo que eso también lo debe determinar la propia ciudadanía”. Subleva el leer esas declaraciones, claro que tiene responsabilidad, todos lo sabemos, y se agrava por su irresponsable actuar en una actitud muy similar a la que asumió, antes de pedir licencia, el alcalde de Iguala.

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