Levantan trabajadores el paro en la UIEG; será indefinido si no hay respuesta a sus exigencias, dicen

Carmen González Benicio

Tlapa

La asamblea de trabajadores docentes, administrativos y de intendencia, así como el comité estudiantil de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), acordó que se levantara su paro laboral de 48 horas y analizarán si será indefinido, ante la falta de respuesta a su pliego petitorio, entregado a los gobiernos estatal y federal.
A través de un documento, los trabajadores y el comité estudiantil también se solidarizaron son los estudiantes de Ayotzinapa, los civiles y deportistas afectados el pasado viernes 26, en Iguala.
En el documento, los inconformes remarcan que su paro de 48 horas fue porque no han tenido respuesta a la minuta de acuerdos firmada el 12 de junio de 2013, en donde se acordó el 70 por ciento de aumento salarial, basificación de los trabajadores, incorporación inmediata al ISSSTE, aguinaldo para todos los trabajadores, bono de fin de año, becas de posgrados y construcción de viviendas para trabajadores.
Además de apoyo para festejos, seguro de vida para estudiantes y trabajadores, liberación del recurso para la construcción del comedor universitario, programa de becas para estudiantes inscritos en la UIEG,  construcción del dormitorio para varones, pago inmediato de la beca de 200 pesos para todos los estudiantes, asignación de un médico y una enfermera, cinco vehículos para viajes de estudio y firma de convenios para contratación de egresados de la universidad.
Mencionan que espera respuestas o iniciarán un paro indefinido u otras acciones, para que el gobierno del estado y la federación volteen a ver a los indígenas nahuas, na savi, me’phaa y mestizos que estudian en la UIEG, como alternativa para el desarrollo de sus pueblos.
Sobre el caso de los estudiantes, civiles y deportistas asesinados en Iguala, así como los desaparecidos, dijeron que no podían quedarse callados, por lo que alzaban su voz para condenar enérgicamente las acciones cometidas con lujo de prepotencia, evidente intenciones de asesinar a diestra y siniestra, sin que mediara el diálogo.
Por lo que urgen la intervención de los organismos de derechos humanos, para que se encarguen de documentar los crímenes y señalar con nombres y apellidos a los culpables intelectuales y materiales.
Señalan en el texto que esos hechos no pueden quedar impunes, como muchos otros que siguen estando pendientes, en un estado como el nuestro, tan amedrentado por las fuerzas policiacas y castrenses, que se justifican en una lucha contra el narcotráfico sin que hayan puesto “orden”, ni tan poco reestablecido el estado de derecho, violentado por ellos mismos.
Mencionan que esas cosas vulneran a cualquier ciudadano que sale a las calles a trabajar, porque va con el temor de quedar en fuego cruzado o ser víctima de la confusión, como sucedió en Iguala.
Opinan que si los normalistas usaban esos métodos del boteo y tomar autobuses, es porque “son los únicos medios que el mismo gobierno ha dejado, para fortalecer la educación pública y gratuita ante las reformas que pretenden privatizarla, con el respaldo y cobijo de los grupos de poder y los partidos PRI-PRD-PAN y el Pacto por México”.
Comentan que con esas acciones se pretende establecer “un estado de sitio”, para crear la base de lo que será la antesala de la represión contra todos los movimientos que surjan: el asesinato, la desaparición, la persecución y encarcelamiento, para generar un escenario de zozobra, temor e infundir el miedo, para que se acallen los reclamos y las protestas, no sólo en el estado, sino en el país, ante la amenaza a sus intereses.