Denuncia el MIA que un líder priísta en Ometepec golpeó a una mujer indígena

*Sigue el conflicto en un predio de 10 hectáreas que ocupan 300 familias indígenas desde hace tres años, informa el dirigente Lauro García Vázquez. “Si las autoridades no atienden, vamos a hacer justicia por propia mano”, advierte

Familias indígenas que ocupan la colonia Nuevo Amanecer en la ciudad de Ometepec sufren presiones, amenazas y agresiones de grupos vinculados al gobierno municipal y al hermano del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el ganadero Mateo Aguirre Rivero, que buscan apropiarse del terreno de 10 hectáreas y desalojar a los colonos, informó el dirigente del Movimiento Indígena por la Autonomía (MIA), Lauro García Vázquez.

Dijo que una de esas agresiones se dio el martes a las 9 y media de la noche, cuando el líder del PRI Rubén Sandoval Montealbán entró a la colonia acompañado por efectivos de la Policía del Estado y golpeó la señora Margarita Martínez Vázquez, de 76 años.

El dirigente informó por vía telefónica que por esta agresión, la agraviada y los representantes de la colonia presentarán una denuncia en la agencia del Ministerio Público de Ometepec.

Advirtió: “Si las autoridades no atienden, vamos a hacer justicia por propia mano”.

“No queremos amenazas, queremos justicia”, agregó el dirigente mixteco, y afirmó que el líder priísta Rubén Sandoval Montealbán actúa por órdenes del presidente municipal de Ometepec, Francisco Espinoza Hilario.

La colonia Nuevo Amaneccer se formó a finales de 2001, con familias mixtecas, tlapanecas y amuzgas originarias de los municipios de Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Igualapa y comunidades de Ometepec, principalmente, que necesitan vivir en la ciudad de Ometepec para buscar la sobrevivencia y por eso formaron un grupo de solicitantes de vivienda y ocuparon ese predio.

Afirmó que el terreno pertenece al ejido de Ometepec, pero desde la ocupación, en el año 2001, los indígenas tuvieron problemas porque lo reclamaba como propio el ganadero Mateo Aguirre Rivero, quien intentó desalojarlos.

Como resultado de la ocupación del predio dos dirigentes fueron encarcelados y otros están sometidos a procesos penales.

Actualmente el predio está ocupado por 300 familias indígenas, que por medio del MIA reclaman a las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria la regularización de la tenencia de la tierra, y a la Procuraduría de Justicia del Estado que cese la persecución a los dirigentes y la anulación de los procesos penales, y el derecho a la vivienda, a la educación y a los servicios. (De la Redacción).