María Luisa Garfias Marín

  La muerte silenciosa

Este 28 de septiembre fue el Día latinoamericano por la despenalización del aborto, una fecha importante para reflexionar sobre este problema de salud pública que ha causado la muerte a miles de mujeres que han tenido que practicárselo en condiciones de riesgo por negarles el Estado el derecho a decidir sobre su maternidad.

México se caracteriza por el alto grado de marginación de las mujeres, que ha traído altos índices de analfabetismo, desempleo, explotación sexual, desnutrición y grandes problemas de salud que nos llevan a la muerte. Entre estas causas tenemos el aborto, que ocupa el tercero en las muertes maternas, ya que anualmente se practican cerca de 2 millones en condiciones de riesgos; tomemos en cuenta que es clandestino. El Comité por una Maternidad sin Riesgos en México, integrada por representantes de  organizaciones no gubernamentales y de gobierno, informa que cada año cerca de un millón 700 mujeres se practican el aborto y en contraposición el Consejo Nacional de Población (Conapo) afirma que éstos son sólo 200 mil.

El aborto es un problema real y se lo practican mujeres de diferentes niveles sociales, unas en clínicas con médicos especialistas en situación de seguridad e higiene, otras en condiciones insalubres y de riesgo para su vida. Éstas últimas son las que en gran porcentaje pasan a formar parte de las cifras de mortalidad materna. Los números son escandalosos y fríos, pero hacen referencia a mujeres que tenían una vida, jóvenes la gran mayoría, con una familia, con hijas e hijos. Al Estado esto no le preocupa, tampoco le interesa a pesar de las consecuencias sociales que este problema provoca: desintegración familiar, orfandad, pérdidas en la producción económica y gastos médicos. Tan no le interesa resolver esta situación que las políticas de planificación familiar del gobierno religioso-panista de Vicente Fox Quesada no están contribuyendo a disminuir embarazos no planeados ni a prevenir abortos clandestinos. En cambio, por medio de las y los legisladores representantes del PAN en el Congreso de la Unión aprobaron la desviación de 30 millones de pesos que estaban destinados a la lucha contra el sida para financiar las actividades de la organización favorita de la jerarquía católica Provida, que durante años se ha caracterizado por una campaña radical contra la despenalización del aborto. Esta organización oscurantista contó con el apoyo del actual director de Banobras, Luis Pazos, quien ordeno a la Secretaria de Salud en 2002, la entrega del recurso arriba mencionado, cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados federal. Estos 30 millones supuestamente seerían para la compra de equipo para los Centros de Apoyo a la Mujer que pertenecen a dicha organización, y que fue utilizado en un 75 por ciento en empresas vinculadas a la misma. De acuerdo con su mismo informe de comprobación de gastos, se autocompraron servicios, joyas, tangas y otros, presentándose facturas falsificadas. Es más, en este 2004 Provida ha recibido cerca de más de un millón de pesos, y es una de las asociaciones civiles que más recursos ha recibido por parte de la Secretaría de Salud.

Sin embargo el escándalo de esta situación demostró que los Centros de Apoyo a la Mujer de Provida también recurrían a la practica del aborto, demostrando una doble moral de quienes integran a esta organización, por un lado ataque a quienes estamos contra la penalización del aborto, a punto tal de existir amenazas y violencia contra las organizaciones feministas que han desarrollado una gran campaña contra la despenalización, y por otro lado, utilizar los recursos para otros fines y practicar el aborto en sus propios centros de atención. Hoy Provida debe ser sancionada, las legisladoras del PRD han puesto una demanda penal para que la Procuraduría General de la República intervenga por el delito de peculado por 39 millones de pesos, que es la cantidad total malversada. La autoridad no debe hacerse de la vista gorda y permitir la impunidad.

Lo anterior es una muestra de la corrupción existente en el gobierno que permite que recursos destinados a las organizaciones de lucha contra el sida, que es uno de las epidemias que azota al mundo y ha matado a millones de seres humanos, sea destinado por cuestiones morales a otra que hipócritamente los ha desviado para beneficios particulares, y sobre todo acepte las irregularidades que de no haber sido descubiertas por organizaciones no gubernamentales hubieran sido aprobados por la misma Ssa. Y lo más grave, muestra también la poca importancia que el gobierno federal da a la vida, ya que no hay apoyo real a la lucha contra el sida ni apoyo para disminuir los altos índices de mortalidad materna por abortos clandestinos. Por eso, la demanda de eliminar del Código Penal el aborto como un delito se mantiene en pie, porque a pesar de ello su práctica se mantiene y es causa de muerte de miles de mujeres. En Guerrero también ocupa una de las principales causas de mortalidad materna, de mujeres en edad fértil, mujeres de bajos recursos económicos, mujeres que habitan las zonas más pobres, mujeres con futuro. La despenalización del aborto es un asunto urgente y de inmediata intervención de las y los legisladores aquí y allá, en todos los lugares.