Tomás Tenorio Galindo

Inseguridad pública

Guerrero está señalado como uno de los estados con mayores problemas de inseguridad pública, según el indicador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad. No es una situación exclusiva del estado, debe reconocerse. Pero cuando se sabe que en Guerrero los delitos no denunciados formalmente ascienden a 72 por ciento, y que por esa causa nuestro estado está clasificado entre las cinco entidades con las más preocupantes cifras “negras”, lo mejor es tomarse el tema con seriedad.

La marcha efectuada ayer en Acapulco, por una diversidad de sectores sociales, es una señal de que el problema se arraiga cada vez con más fuerza en la conciencia de los guerrerenses. De hecho, en las encuestas de tipo electoral que se elaboran en cualquier parte del país, los temas del empleo y la inseguridad pública rivalizan como los problemas más importantes a resolver.

Todos coincidiremos en que la inseguridad pública en México constituye un permanente agravio contra el bienestar social de las personas y la fortaleza del país; pero, paralelamente, tiene un fuerte impacto económico, estimado por estudios de variado origen en cerca de 1 por ciento del Producto Interno Bruto, algo equivalente a unos 50 mil millones de pesos.

Quizá tan grave como los delitos mismos –robos en las calles, asaltos a vehículos, asaltos a comercios y empresas, secuestros, etcétera– es la imposibilidad de contar con datos veraces y comprobables sobre la magnitud del problema. Hace dos meses, el propio presidente del INEGI, Gilberto Calvillo, advirtió sobre la inexistencia en el país de estadísticas confiables en materia de inseguridad pública. Por esa razón planteó la conveniencia de coordinación operativa y financiera entre los gobiernos federal y estatales para obtener datos mediante el levantamiento de encuestas de validez nacional y local (El Universal, 29 de junio de 2004).

Es decir, para empezar no se sabe bien a bien cuáles son las cifras de la inseguridad pública. En esta materia es probable que los gobernantes no tengan mucho interés en hacer públicos los datos, pues lo primero que van a revelar esos datos es su fracaso en el combate al crimen. Sin embargo, las investigaciones no gubernamentales han trazado ya un mapa del problema. Mapa desde el cual puede estimarse la situación en Guerrero.

La inseguridad ha aumentado notablemente en nuestro país. Si en 1990 una persona de cada 568 estaba sometida a la probabilidad de ser víctima de la delincuencia, en el año 2000 era una de cada 529. Pero esa es una estimación optimista de los estudiosos, basada en una relación de probabilidad respecto a la población.

Otra estimación, digamos la realista, es aquella que se basa en las estadísticas de denuncias captadas por las agencias del ministerio público. De acuerdo con este enfoque, sostenido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, una de cada 69 personas está condenada a sufrir una clase de agresión al año. Aunque la estimación del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad dice que es una persona de cada 22.

Para ponderar la gravedad de la inseguridad pública en Guerrero, quizá baste con recordar que las entidades donde menos se denuncian los delitos son el Distrito Federal (76 por ciento), el estado de México (73 por ciento), Guerrero (72 por ciento), Morelos (72 por ciento) y Campeche (69 por ciento). Y que solamente tres estados tuvieron una proporción de no-denuncia menor o igual al 50 por ciento: Baja California Sur (43 por ciento), Sonora (45 por ciento) y Baja California (50 por ciento).

En consecuencia, de todo aquello que no sabemos –y de los casos que saltan a las páginas de los diarios y a los noticieros radiofónicos o televisivos– podemos deducir la magnitud del problema que padece el estado.

Aunque hay cosas que sí sabemos con toda certeza. Por ejemplo, el índice promedio de capturas                             a partir de las denuncias formuladas en el Ministerio Público. Es una cifra asombrosa: de cada cien averiguaciones previas sólo 1.8 (o dos) delincuentes son consignados ante un juez. Dos de cada cien. Si Guerrero escapa a estos datos, bien podríamos organizar un premio para las autoridades policiales del estado.

Ese indicador explicaría por sí solo la tremenda desconfianza que prevalece entre la ciudadanía frente al trabajo de las autoridades encargadas de perseguir el delito. Si se sabe por experiencia que si alguien denuncia un delito las autoridades no van a hacer nada, ¿para qué denunciarlo? Y es también el tamaño de la impunidad que beneficia a los delincuentes.

Contra eso se manifestaron numerosos guerrerenses ayer en Acapulco. Contra el crimen que daña la tranquilidad social y frena el desarrollo económico. Lo que no sabemos aún es si alguien está escuchando esa protesta. Por lo menos no lo hace el gobernador de Guerrero, quien días atrás se permitió preguntar: “¿cuál violencia?”, cuando le fue solicitada su opinión sobre la creciente inconformidad que existe en Guerrero por la inseguridad pública (Reforma, 26 de septiembre de 2004). A menos que eso sea tomar con seriedad las cosas.

[email protected]