Los asistentes y sus demandas

A la marcha contra la delincuencia asistieron familiares de algunas de las víctimas de la delincuencia, empresarios, comerciantes y dirigentes de asociaciones de la iniciativa privada.

En una manta se pidió al procurador de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero, al juez quinto de lo penal, Edmundo Román Pinzón, al fiscal Rubén Figueroa Rojas, que apliquen la “pena máxima” contra los asesinos confesos de la niña Wendolyn Lara Nochebuena, ahorcada en su casa del Infonavit Alta Progreso el 12 de marzo.

Juana Gómez Villa, madre del microempresario asesinado en su negocio de autolavado el viernes 6 de agosto, Enrique Tabarez, junto con su familia también exigió justicia.

Otro caso por el que demandaron justicia fue del asesinato de una señora de nombre Josefina, quien murió en una balacera en Sinfonía del Mar el 18 de marzo.

También el de la menor, de 14 años, Norma Lilia Jiménez Vinalay, encontrada muerta atada de manos dentro de la laguna de Puerto Marqués. Su madre Paulina Vinalay, sus hermanos y vecinos, pidieron justicia y que no se difame a la familia.

La familia Mendoza exigió que se esclarezca el caso del pollero Juan Mendoza Vega, de 66 años de edad, muerto a golpes en la recámara de su casa en la colonia 20 de Noviembre, el 25 de agosto.

También se incorporó a la manifestación en la Vía Rápida, Ernestina Aguilera, hermana del periodista Leodegario Aguilera Lucas, secuestrado el 22 de mayo y cuyos restos, según la policía del estado, fueron encontrados el 7 de septiembre cerca de donde vivía, por el rumbo de Pie de la Cuesta.

El empresario de la educación Víctor Jorrín Lozano, propietario de diversas escuelas privadas del puerto, entre ellas el militarizado Colegio Madrid, donde ocurrió la balacera por un intento de secuestro de un estudiante, en la que murieron el chofer de un taxi en el que huyeron los agresores, y posteriormente en el hospital, un policía judicial que intentó evitar el plagio.

Otro de los asistentes fue el propietario de terrenos Sabino Palma, quien ha denunciado persecución policiaca por reclamar 70.5 hectáreas de donde hoy se ubica el exclusivo desarrollo turístico de Punta Diamante. En sus pancartas llevaba fotos de las agresiones físicas de policías estatales y militares del Estado Mayor Presidencial, que lo desalojaron de un plantón que mantenía durante una visita del presidente Vicente Fox, el pasado mes de abril.

Ninguno de los convocantes faltó. Y de ellos estuvieron los presidentes de la Canaco, Alejandro Martínez Sidney; de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Javier Saldívar Rodríguez; de la Asociación de Comerciantes de la Costera, Laura Caballero; de la Asociación de Joyeros y Plateros de Acapulco, Arturo Flores; y de la Asociación de Comerciantes del Centro, Gustavo Téliz.

Asimismo, participaron el arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco; el presidente del grupo ACA, Celso Sánchez Castillo; la ambientalista Robin Sidney; el promotor de la instalación de casinos en Acapulco, Roberto Castillo Díaz de León; el abogado defensor de ejidatarios, Humberto Sevilla; y el dirigente de El Barzón, Javier Taja Mestre.

Otros que se aparecieron en esta manifestación ciudadana convocada por la iniciativa privada fueron el ex presidente estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero, el regidor por el mismo partido, Guido Rentería Rojas, el regidor del PVEM, Alejandro Carabias, y los regidores de Convergencia, María de la Angeles González Adame y Mario Ramos del Carmen. (Roxana Ibarra y Ricardo Castillo Díaz).