Carlos García Jiménez

Bajo el ala del sombrero

*Ayotzinapa, entre la impotencia y la impunidad

¿Por qué los gobiernos estatales en turno han combatido con tanto desprecio las protestas de los alumnos de la legendaria Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa? ¿Por qué los alumnos de esta marginada escuela año con año se ven obligados a salir a la calle a conseguir recursos económicos, a defender su matrícula educativa y a exigir plazas para sus egresados? ¿Por qué los personeros del gobierno, ciertos medios de prensa y algunos pobladores desinformados propalan la versión de que los ayotzinapos son vándalos que deben ser sometidos al orden? ¿Por qué los pasados 26 y 27 de septiembre la protesta de estos jóvenes desembocó en una alevosa, inhumana y sangrienta provocación?
Estas son preguntas que, al responderse premeditadamente ayudan a entender el trasfondo de los hechos de Iguala que han traído a los guerrerenses y a los mexicanos un profundo dolor por los fallecidos, heridos y desaparecidos.
Sin disminuir la agresión a los futbolistas de Chilpancingo, su chofer y la mujer que transitaba en un taxi, la saña contra los estudiantes de Ayotzinapa es evidente. Esta violencia institucionalizada sólo es comparable al “mátenlos en caliente” de la época porfirista, la guerra sucia de los años 60 y 70, y las matanzas de Aguas Blancas (1995) y El Charco (1998), que creíamos olvidadas.
Como en otras situaciones de emergencia, los gobiernos del estado y federal reaccionaron de manera tardía e ineficaz. De hecho, frente a más de una docena de violaciones a los derechos humanos y actos criminales, provocados desde el gobierno de Iguala –y que en su momento fueron denunciados públicamente–, el silencio cómplice y la impunidad gubernamental fueron las características dominantes; ahora ya afloran evidencias de inactividad y omisión gubernamental durante los hechos en cuestión y las horas posteriores; si la actuación gubernamental y de sus cuerpos policiacos hubiera sido responsable y apegada a la ley, quizá se hubiera evitado o disminuido la cruda carnicería, y detenido oportunamente a los principales infractores. Sólo cuando la noticia se extendió a todo el país y la ciudadanía tomó las calles, la arrogancia gubernamental empezó a ceder un poco.
¿Cómo caracterizar a un gobierno que sólo reacciona cuando ya sucedieron los hechos, o cuando se desborda la protesta social, o cuando lo exhiben organismos internacionales? ¿Cómo calificar a un gobierno que no escucha a sus gobernados y sólo con la movilización ciudadana simula atender sus demandas?
Después de los hechos sangrientos, para el gobierno el problema se reduce a consolar a los deudos, sanar a los heridos, buscar a los desaparecidos, y “castigar con todo el rigor de la ley a los responsables”, promesas de siempre. Mientras, Ayotzinapa se debate entre la impotencia de ya no recuperar a sus hijos y la impunidad institucionalizada que dificultará que se aplique la justicia. Por su parte, las causas estructurales de la inconformidad de los normalistas siguen en el olvido.

La rebeldía de los normalistas

“A toda acción corresponde una reacción siempre en igual magnitud y en sentido contrario” es una máxima de la física newtoniana que puede ayudar a entender la rebeldía y los métodos extremos que han usado los normalistas de Ayotzinapa para hacerse escuchar y para presionar al gobierno a que atienda sus demandas.
Precisamente “la acción” gubernamental que con desplantes autoritarios e impositivos ha pretendido eliminar el modelo de educación de la normal rural, es lo que ha provocado una “reacción” estudiantil “en magnitud extrema y en sentido contrario”. Estas acciones impositivas –versus “modernización educativa”– están orientadas a limitar el de por sí precario presupuesto asignado a la institución, a disminuir la matrícula de ingreso, a modificar los planes de estudios y reglamentos, y a someter el sistema de autogobierno estudiantil, entre otros. En resumen, se pretende la imposición de un modelo educativo acorde a los parámetros del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), que de tajo eliminaría la identidad histórica de la normal rural, su modelo educativo, su enfoque crítico y su vinculación con los sectores rurales más pobres de la entidad.
El modelo educativo que distingue a las normales rurales del resto de las normales del país se basa en cinco ejes formativos, el académico, el deportivo, el cultural, el productivo y el político. Este último es el que ha causado polémica y por el que el gobierno amenaza con cerrar definitivamente todas las normales rurales.
El normalismo rural surgió en la década de los 1920, cuando los primeros gobiernos posrevolucionarios buscaban la pacificación del país y la alfabetización de la población predominantemente rural.
Según la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM): “El maestro rural debía estar preparado para atender no sólo a niños, también a jóvenes y a personas adultas, es decir, a la comunidad en general. Y debía contar con conocimientos acerca de la producción de animales y del campo. Además, debía contar con un carácter crítico en el que se fincara su estrecha relación con la comunidad y le permitiera coadyuvar en la resolución de sus problemas”.
Estos principios son justamente los que, generación tras generación, defienden y motivan la rebeldía de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Son los mismos principios que formaron el perfil profesional de los maestros Lucio Cabañas Barrientos, Genaro Vázquez Rojas y Othón Salazar, íconos de la lucha social y de la historia guerrerense.
La rebeldía actual de los estudiantes normalistas (traducidas en toma de camiones, casetas de peaje, pintas en edificios públicos, etcétera) se ha estigmatizado como “acciones vandálicas” porque afectan a las instituciones y a la población civil. Sin embargo, debemos considerarlas como “reacciones” extremas a la “acción” avasalladora del gobierno. Si habrá que cuestionar el “vandalismo” de los normalistas, también habrá que cuestionar el autoritarismo e insensibilidad de los gobernantes.

¿Qué sigue?

Dada la magnitud de los sangrientos acontecimientos, que aún no han sido suficientemente clarificados, se precisa que ahora sí se realice una investigación seria, completa y transparente; y que efectivamente se aplique la ley a los responsables directos e indirectos. En contraparte, como un acto básico de justicia es vital que se apliquen medidas cautelares a los estudiantes y maestros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; y que se apoye incondicionalmente a los deudos y familiares de los fallecidos, heridos y desaparecidos.
Debería ser una responsabilidad ética de las instancias de procuración de justicia y de seguridad pública, desmantelar completamente la violencia institucionalizada en el gobierno municipal de Iguala, y esto extenderse a otros municipios, instancias y corporaciones públicas en donde a muchas voces se sabe que existen indicios delincuenciales.
También, debería ser un compromiso obligado del gobierno, establecer ya una mesa de diálogo permanente con los representantes de Ayotzinapa para que sus necesidades y propuestas históricas sean atendidas adecuadamente. Si esto no se atiende oportunamente (y el tiempo sigue pasando inexorablemente), seguro que la ley newtoniana se impondrá más temprano que tarde contra los responsables gubernamentales que deberían estar ya interviniendo. Porque la acción delincuencial que provocó muertos, heridos y desaparecidos, y la desatención histórica a las demandas ordinarias de Ayotzinapa, no son cosas menores.
Ojalá que de esta trágica desgracia, resurja desde Ayotzinapa un nuevo normalismo rural como una opción de educación integral, crítica, intercultural, autogestiva y vinculada estrechamente a las necesidades y saberes populares.

* Bajo el ala del sombrero es un espacio de análisis y propuesta para la transformación del campo desde la visión y acción cotidiana de los campesinos.