Detienen a un policía comunitario de Atlamajalcingo y 26 tienen orden de aprehensión

La asamblea de San Isidro Labrador pide a la Procuraduría que no envíe a la PIM porque ese pueblo se rige por la CRAC

Sergio Ferrer

Indígenas de San Isidro Labrador, comunidad de Atlamajalcingo del Monte solicitaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero su intervención de manera urgente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) para cerrar los procesos legales en contra 26 personas por una acusación de despojo, así también pidieron la liberación de un detenido.
El comisario municipal Irineo Beltrán Ruiz informó que el sábado fue capturado el policía comunitario y comandante municipal Valente Sánchez, en la carretera Tlapa-Marquelia cerca de Xalpatláhuac, quien es uno de los indígenas acusados por Máximo Ruiz Basurto de despojarlos de un terreno.
Beltrán Ruiz precisó que luego de una asamblea del pueblo, se determinó exigir a la PGJE que no envíe agentes de la Policía Ministerial al territorio comunitario donde ejerce procuración e impartición de justicia la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con la Policía Comunitaria.
De las 26 órdenes de aprehensión giradas contra principales (los más viejos y sabios del pueblo) y policías comunitarios del pueblo, que quitaron una malla colocada por el presunto agraviado y realizaron los trabajos de pavimentación de una calle que conduce de la iglesia a la comisaría, con la detención de Sánchez se estaría ejecutando la primera aprehensión.
El comisario suplente de la localidad aseguró que la vía existe desde 1931 pero fue hasta hace pocos años que se decidió pavimentar. Precisó que buscan la liberación del detenido así como el retiro de las demandas por despojo.
En otro punto, acusó a Ruiz Basurto de no cooperar con el pueblo por lo cual le solicitarán retire la demanda o deje las tierras del núcleo comunal. Se conoció que la parte acusadora fue remitida a la Casa de Justicia de Espino Blanco en espera de que se llegue a alguna solución.
En 2009, la asamblea comunitaria acordó la pavimentación de la calle que une  la comisaría al panteón municipal, pero, el propietario de un terreno colindante se negó a la obra y cercó la calle, por lo que las autoridades comunitarias acordaron retirar la cerca.
Esta acción derivó en la acusación de Ruiz Basurto ante la  PGJE que  integró varias órdenes de aprehensión por el delito de despojo, aunque autoridades del pueblo han asegurado  que no hay tal despojo pues la calle es pública, además de haberse realizado bajo los acuerdos y procedimientos de la CRAC.
De las 26 órdenes de aprehensión, 13 de ellas son contra gente de la Policía Comunitaria y las otras 13 contra ciudadanos de San Isidro Labrador.