Atrae la CNDH el caso Iguala; interviene por segunda vez en el gobierno de Aguirre

*Hubo allí ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que configuran “violaciones graves a los derechos humanos”, explica el organismo

Redacción

Acapulco

Por las “violaciones graves a los derechos humanos” cometidas en las ejecuciones extrajudiciales de Iguala, la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, los atentados en contra de la integridad de las personas y las omisiones en el cumplimiento de la seguridad pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó, por segunda ocasión en Guerrero y tercera nacional, utilizar su facultad constitucional de investigación y atrajo el caso.
Reprochó que desde diciembre pasado señaló en un informe especial “el hecho innegable” de que la seguridad en Guerrero enfrentaba “un momento muy sensible y delicado”, por la violencia y la ausencia de estrategias adecuadas para su combate, que han permitido que a diario se vulneren los derechos humanos de los guerrerenses.
Ante el hallazgo de las fosas clandestinas, llamó al gobierno de Ángel Aguirre Rivero a que salvaguarde los derechos de las víctimas, sus familiares y testigos, para que ningún funcionario los intimide para impedirles acceder a la justicia.
“La ejecución extrajudicial y la desaparición forzada son las violaciones más graves a derechos humanos que se pueden cometer en contra de las personas”, señaló, y aseguró que el organismo ha realizado 233 diligencias, girado 10 requerimientos de información a diversas autoridades y han obtenido 24 expedientes clínicos y seis necropsias.
En diciembre de 2010, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones constitucionales, entre las que se encuentran la facultad de investigación en caso de violación grave a los derechos humanos a la CNDH, para que nadie pueda negarle información.
El organismo utilizó por primera vez la facultad tras el desalojo violento del 12 de diciembre de 2011, en el que fueron asesinados los estudiantes de la misma Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. La segunda fue por el enfrentamiento de la Policía Estatal de Puebla con pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, el 9 de julio de este año, donde el niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, cayó herido de muerte por un proyectil lanzado por la policía.
En un comunicado de prensa, la CNDH informó que con base en la Constitución y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, determinó continuar el trámite del expediente que fue iniciado de oficio el 27 de septiembre, sobre “el caso Iguala”, pero ahora como una “investigación de violaciones graves a los derechos humanos”.
Expuso que atrajo el caso “dado que la naturaleza de los acontecimientos implican violaciones graves a los derechos humanos, consistentes en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, atentados en contra de la integridad de las personas y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública”.
Recordó que en la historia de la CNDH es la tercera vez que ejerce esta facultad, por segunda vez en Guerrero y llamó al gobierno del estado a que tome las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de las víctimas, sus familiares y los testigos de los ataques, principalmente para que ningún servidor público del estado realice actos de intimidación que les impidan acceder al sistema de justicia.
Recordó que esto se da en atención a los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre, cuando normalistas y futbolistas fueron agredidos, dando como resultado seis personas heridas, 30 lesionadas y 43 personas que se encuentran en condición de desaparecidas, aunado a que el sábado se localizaron seis fosas clandestinas con un numero indeterminado de cadáveres.
Además, la CNDH reprochó que el 17 de diciembre de 2013 advirtió en su Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el estado de Guerrero, el hecho innegable de que la seguridad pública enfrentaba un momento muy sensible y delicado, no sólo por los delitos y la violencia diarios, sino también por la ausencia de estrategias adecuadas para el combate a la inseguridad, “lo que ha repercutido a que día con día se vulneren los derechos humanos de los guerrerenses”.
Aseguró que desde el sábado 27, el organismo inició la investigación de oficio e integró un grupo de 30 visitadores adjuntos, abogados, médicos, psicólogos y criminalistas, que han realizado 233 diligencias, girado 10 requerimientos de información a diversas autoridades y han obtenido 24 expedientes clínicos y seis necropsias.
Detalló que las 233 diligencia mencionadas consistieron en 76 entrevistas a víctimas, testigos, familiares y servidores públicos; 74 atenciones psicológicas a familiares y víctimas; 41 certificaciones médicas; 32 visitas al lugar de los hechos, domicilios de víctimas, hospitales, el Servicio Médico Forense, las instalaciones de la Escuela Normal Rural y el lugar de las fosas clandestinas.
Concluyó que una vez que se agoten las diligencias de investigación, la CNDH emitirá a las autoridades la determinación que corresponda, conforme a sus atribuciones constitucionales.