Jesús Mendoza Zaragoza

La violencia, entre la política y las mafias

Todo mundo lo dice y hay muchas historias contadas al respecto. No se trata de una corazonada popular sino de una constatación cotidiana sobre el cruce entre las mafias y la política. Muchas historias se cuentan entre la gente sobre casos que relacionan a narcotraficantes, secuestradores, con políticos, muchos de ellos ejerciendo cargos públicos. El hilo que distingue a la política del crimen es tan delgado que ya se rompe. Vamos, ¿quién detenta el poder ahora? La respuesta a esta pregunta se ha vuelto tan controvertida y tan oscura.
La tragedia de Iguala es una muestra de lo que está pasando en los oscuros pasillos del poder público. Poco a poco se está poniendo en evidencia la hipótesis de que el factor decisivo del crimen organizado está precisamente en el ámbito de la política, allá donde se toman las decisiones más importantes para el país y para la suerte de los pueblos. Si fuera así, la democracia, el escaso nivel de democracia que tenemos estaría en un serio peligro de quedar estrangulada porque el poder del narcotráfico se ha encaramado en los espacios políticos formales y nos deja indefensos. Lo que va poniéndose al descubierto es el hecho de que el crimen organizado se ha convertido en un actor político de mayor relevancia, un actor no convencional pero sí muy poderoso.
Estamos en tiempos preelectorales. La propagada política de un amplio grupo de aspirantes ya invade los espacios públicos. La amañada fórmula de las portadas de revistas y pasquines ha sido la forma en que los adelantados se saltan la ley. Esto no presagia nada bueno, pues los actores políticos son expertos en hacer leyes con vacíos dispuestos para saltarlos y salirse con la suya. Quienes llegan al poder mediante mañas no pueden ejercerlo sin las mismas mañas, revisadas y aumentadas. Hay una cultura de la ilegalidad en todas partes, pero es mayúscula en la administración pública y en las instituciones de los gobiernos. Ésta es precisamente la puerta que las mafias aprovechan para entrar a los círculos del poder.
Los muertos y desaparecidos de Iguala ponen en evidencia la simbiosis que se ha desarrollando entre las mafias y la política, donde policías y sicarios tienen una coordinación bien organizada. Y seguramente a esta coordinación corresponda otra, la que hay entre capos y políticos. Esta alianza es la que ha permitido que la violencia vaya arrastrando hacia la muerte a miles de guerrerenses y a la desaparición de pueblos enteros.
Esta relación perversa entre la política y las mafias no ha merecido la atención seria y responsable de las autoridades, ni se ha previsto una estrategia consistente para afrontarla. Esta relación se ha convertido ya en un modus vivendi que cuenta con amplio consenso político, en parte de la normalidad que se desprende del pragmatismo político que prevalece hoy.
El resultado está a la vista. Instituciones públicas con talante mafioso que se han vuelto contra el mismo pueblo y contra la ley. Alcaldes, legisladores y demás sirviendo a los intereses de la delincuencia organizada y abriéndoles las puertas para abonarles poder público. Por consiguiente, ya no sorprende que las corporaciones policiacas sirvan a los intereses de las mafias y colaboren con ellas en asesinatos, y aun en la ofensiva contra los movimientos sociales. La política y la administración pública ha quedado convertida en instrumento de violencia y de ilegalidad.
Es doloroso este panorama que todos miramos en nuestro entorno. Se necesita que las autoridades correspondientes, en honor a la verdad, reconozcan este cáncer que se ha enquistado en el poder público y en sus instituciones, con el fin de sanarlas. Ellas saben que las cosas son así pero no han tenido el coraje para reconocerlo y menos para afrontarlo. En mi opinión, se necesita una cirugía mayor para que esto suceda y para que podamos recuperar la política como herramienta al servicio de la justicia y de la paz.
El próximo proceso electoral podemos convertirlo en una oportunidad para los ciudadanos y para la sociedad. Hay que poner en la agenda de dicho proceso el tema de la vinculación latente o patente entre mafias y poder público. Tiene que ser un tema obligado para ciudadanos, partidos políticos y candidatos. Y los ciudadanos debiéramos pasar de los lamentos a las acciones para que sean saneadas las instituciones puestas para velar por el bien público.