Se deslindan síndicos y regidores capitalinos del director de Gobernación y una edil

*Las negociaciones sobre la zona de tolerancia se hicieron sin el aval del Cabildo, dicen. El regidor de Convergencia acusa al alcalde de encubrimiento

Ezequiel Flores Contreras

Chilpancingo

Regidores de oposición y los dos síndicos priístas del Ayuntamiento capitalino se deslindaron de las negociaciones que hicieron “sin el aval del Cabildo” el director de Gobernación municipal, Francisco Ortega Jorge y la regidora priísta, Lourdes Vázquez Acosta, con propietarios de bares y cantinas de esta ciudad, quienes procedieron penalmente en contra de ambos funcionarios municipales acusándolos de fraude.

Además, se analiza la posibilidad de aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero a ambos funcionarios, porque llevaron a cabo actos de manera unilateral, “aunque no dolosos”, consideró la síndica Yolanda Damián Lasso, quien agregó que podría repercutir en una demanda en contra del Ayuntamiento.

También alertaron que hasta el momento no se ha designado a ninguna persona para ocupar el puesto que dejará Ortega Jorge de manera oficial este 30 de septiembre.

Este jueves, propietarios de giros rojos de esta ciudad hicieron una protesta durante una reunión de despedida convocada por el director de Gobernación municipal en el Ayuntamiento, donde le exigieron a él, así como a la regidora priísta, la devolución de 250 mil pesos que dieron como enganche de unos terrenos a Eliseo Vázquez Alarcón el año pasado, cuando los dos funcionarios municipales promovieron la construcción de una zona de tolerancia al sur de la ciudad.

También los dueños de bares y cantinas afirmaron que Francisco Ortega Jorge les pedía una “cooperación” mensual que variaba según el negocio de 200 a 800 pesos, para permitirles funcionar como giros rojos a pesar de que la licencia es para restaurante.

Al respecto, el regidor por Convergencia, Jorge Miranda Huesca, afirmó que Ortega Jorge no se puede ir sin antes explicar esta situación y acusó al alcalde Saúl Alarcón Abarca de encubrimiento, “ya que desde el año pasado él tenía conocimiento de estas denuncias y nunca hizo nada”.

“El alcalde debería escuchar más a su Cabildo, a Francisco Ortega Jorge se le debe investigar y fincar responsabilidad penal en caso de que resulte responsable de los señalamientos que se le imputan”, expresó.

También dijo que la regidora priísta, Lourdes Vázquez Acosta se dedica a la compra y venta de terrenos, actualmente ha fraccionado cinco predios y no descartó que utilice su cargo para obtener beneficios personales.

Por su parte, el regidor del PRD, Julio Aguirre Méndez, reiteró que es necesario que la Contraloría del estado revise los expedientes que deberá entregar Ortega Jorge este 30 de septiembre, para que de verdad se deslinden responsabilidades, porque la dirección de Control Gubernamental y Desarrollo Administrativo –instancia municipal que hará una auditoría a la dirección de Gobernación– no es confiable.

Además exhortó a los dueños de bares, restaurantes y discotecas a presentar de manera formal una denuncia en contra de este funcionario municipal, en caso de que haya incurrido en actos de corrupción, para esclarecer este caso.

“Si el director de Gobernación municipal estuvo pidiendo dinero y no lo reportó a la tesorería del Ayuntamiento se debe investigar a dónde se destinó ese dinero”, indicó.

En este sentido, la síndica Yolanda Damián Lasso reconoció que la denuncia que presentaron los dueños de giros rojos ante en MP en contra de la regidora priísta y el director de Gobernación municipal, preocupa al Ayuntamiento, porque la construcción de la zona de tolerancia en el sur de la ciudad era un proyecto “que nunca” fue avalado por el Cabildo.

“Yo no considero que los funcionarios municipales hayan actuado con dolo, sino que cometieron una grave falla en el procedimiento de un proyecto necesario para la ciudad como es la zona de tolerancia”, expresó Damián Lasso.

El director de Gobernación municipal y la regidora Lourdes Vázquez –aseguró– comenzaron un trámite de compra-venta de terrenos con los dueños de los bares, cuando aún no había sido aprobado el proyecto por los regidores.

Consultado sobre el tema, el síndico priísta, Humberto Calvo Memije, afirmó que nadie es culpable hasta que le demuestran lo contrario y confió en que los funcionarios saldrán bien librados de las acusaciones que se les imputan.