Moisés Alcaraz Jiménez

  Excelencia académica para ingresar al magisterio

Año con año, al momento de otorgar plazas de maestros a egresados de las normales públicas del estado, la Secretaría de Educación en la entidad (SEG) se ha visto envuelta en una serie de protestas y reclamos debido a que el procedimiento establecido para tal efecto, una especie de escalafón, nunca contó con una clara y rígida normatividad que le diera certeza y credibilidad, sino todo lo contrario, su excesiva flexibilidad permitió toda una serie de irregularidades y corruptelas que generaban situaciones de inestabilidad en el sector no exentas de violencia, como los hechos sucedidos hace unos meses en las oficinas centrales de la SEG en Chilpancingo, donde un grupo de normalistas que exigían plazas fueron reprimidos violentamente por agentes de la policía ministerial.

La asignación de estas plazas respondía, por una parte, a las presiones, amenazas y chantajes de normalistas que recurrían a todo tipo de movilizaciones y tomas de oficinas de esa dependencia; y por la otra, al influyentismo y a la corrupción de autoridades del ramo relacionadas con este asunto, de lo cual no estaban libres los grupos facciosos de las diferentes expresiones sindicales, que también participaban en esa mezcolanza de intereses y obscuras negociaciones que daban como resultado la asignación de fuentes de trabajo en ese sector a quienes poco o ningún merecimiento académico tenían para ello.

Esas plazas eran asignadas a quienes mejores padrinos tenían, a quienes contaban con los recursos suficientes para comprarlas o a líderes que encabezaban los movimientos de protesta. La excelencia académica, que debió haber sido siempre la única vía de ingreso, estuvo siempre cancelada.

La propuesta que ahora hace la SEG de aplicar un examen de oposición para tener acceso a esas plazas, o examen de ingreso como formalmente se le llama, debería ser tomada como la mejor medida para terminar con un proceso injusto, caótico, inoperante y lleno de deshonestidades.                             Principalmente aquellos alumnos que terminan sus estudios con los mejores niveles de aprovechamiento no tendrían por qué rehuir a un examen de ese tipo.

Sin embargo, el nuevo procedimiento ha tenido fuertes resistencias y nuevamente normalistas egresados están en pie de lucha y rechazan completamente esta nueva medida.

La razón es simple: muchos años de corrupción, de manejos turbios y degradación prevaleciente en diversos ramos de la administración pública han hecho perder la confianza ciudadana en muchas de sus autoridades, y este caso no podía ser la excepción.

Lo que debiera ser aceptado como una forma de acabar con el influyentismo y la inmoralidad en la asignación de estas plazas, se rechaza tajantemente. Son muchas las dudas y sospechas sobre la pulcritud de este nuevo procedimiento que los normalistas ni el beneficio de la duda están dispuestos a otorgarle.

Sin embargo, no es posible retornar a las viejas prácticas degradadas y llenas de vicios que solo seguirían provocando inestabilidades y turbulencias en la educación.

Los normalistas deben tomar la palabra a las autoridades del ramo y solicitar una aplicación imparcial y objetiva de ese examen, que debe ser practicado y evaluado por personas de reconocido prestigio externas a la SEG. Una vigilancia estricta de ese proceso debe establecerse, de la cual los propios normalistas deben ser parte.

Al magisterio guerrerense deben ingresar los egresados mejor preparados, los más capacitados, quienes en sus estudios hayan tenido niveles de excelencia, quienes cuenten con un historial académico de calidad y lo refrenden en el examen de oposición.

Esta sería una forma de hacer justicia a los buenos estudiantes y contribuiría a tener maestros más profesionalizados y con clara vocación por la enseñanza. Bien aplicado este examen favorecería los procesos encaminados a lograr una educación de mejor calidad y ayudaría a formar estudiantes mejor preparados.

La condición para que estas premisas se cumplan es realizar un examen de ingreso limpio y transparente, sin corruptelas. Sólo así se tendría credibilidad y confianza en ese procedimiento y los resultados tendrían que ser aceptados por todos con madurez y responsabilidad.