La seguridad del municipio le corresponde al Ayuntamiento, dice Nogueda Carvajal

La Procuraduría de Justicia sólo investiga y persigue delitos, afirma en relación con la marcha anunciada por los empresarios. Se pidió ayuda a la PGJDF sobre los colombianos ejecutados, informa el subprocurador

 Jorge Nava

Sobre la marcha anunciada por la Iniciativa Privada contra la inseguridad convocada para este domingo, el Subprocurador de Justicia del Estado, Antonio Nogueda Carvajal, opinó que la seguridad le corresponde al municipio porque ellos sólo investigan y persiguen delitos.

Sustentó su declaración en el sentido de que de acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución, la seguridad le corresponde al municipio.

Dijo que trabajan en lo que les compete, porque la misma Constitución de la República señala en el Artículo 21, que la Policía Investigadora Ministerial le corresponde investigar y perseguir a los delincuentes.

En ese sentido, aseguró que entregan buenas cuentas a la sociedad, pues el procurador Jesús Ramírez Guerrero ha sido puntual al dar respuesta a varios casos, y de los avances que compete a su área de Procuración de Justicia.

Sin embargo, aclaró que cuando el Ayuntamiento solicita la participación de esa dependencia, “hemos estado completamente abiertos y lo seguiremos haciendo”; lo anterior lo informó cuando salió del salón Carey del hotel Acapulco Tortuga, donde acudió en representación de Ramírez Guerrero que fue invitado por la Procuraduría General de la República (PGR), a la cuarta reunión nacional de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad que clausuran hoy viernes.

En el caso de los colombianos Gustavo Adolfo Escobar Escobar y Diego Fernando Rivillas Hoyos que ejecutaron al estilo narco en colonias desoladas de la ciudad el jueves 16 de septiembre, declaró que es un asunto que trabajan y pidieron ya la colaboración de la Procuraduría del Distrito Federal porque de acuerdo con declaraciones de los familiares, una de las víctimas llegó directamente de México a la discoteca Palladium donde ambos se encontraron.

Nogueda Carvajal explicó que una de las víctimas no tenía ni si quiera una reservación, ni un lugar donde hospedarse, por eso pidieron la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para conocer el entorno de los colombianos en esa ciudad.

Reveló que buscan algunas posibilidades de rastrear los vehículos que los asesinados traían.

Nogueda Carvajal detalló que piden, por medio del Ministerio Público, algunas presentaciones de algunos trabajadores de la discoteque Palladium, donde Gustavo Escobar y Diego Rivillas estuvieron y al salir individuos armados se los llevaron en vehículos.

Agregó que también pidieron la coloboración de taxistas que presenciaron ese hecho delictivo, un policía preventivo colabora porque vio algunos vehículos que subieron por el camino de Loma Larga, donde fue encontrado uno de esos colombianos, en el punto conocido como Casa Enterrada.

Negó que el estado se está colombianizando, porque sólo “suceden detalles”, pero en este caso en particular eran personas que no radicaban en la ciudad, e igual los venían siguiendo.

No aseguró que los asesinados pertenezcan a alguna banda de narcotraficantes radicada en Acapulco, aunque no descartó que se pudiera encontrar algo de esto en alguna investigación.

Nogueda Carvajal declaró que la PGR no interviene en este caso, ni las autoridades de Colombia.

El funcionario informó que “un dato curioso, es cómo es posible que para reclamar un cuerpo, vinieran abogaos con poder y no la familia ¿es sospechoso?, claro que sí. Vinieron abogados con poder, le dijimos no les podemos entregar porque se trata de identificar un cadáver, y ustedes cómo lo van identificar”.

Se le insistieron que si los asesinados eran integrantes de un cartel de droga, en Colombia, respondió que “nada más vean los apellidos”. En clara alusión al narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria.

Sobre el caso, el delegado de la PGR en el estado, José Alberto Rodríguez Calderón, señaló que esos casos son del Fuero Común y por el momento no intervinen hasta que la Procuraduría General de Justicia del Estado les haga conocimiento de que existe algún delito de orden federal, entonces intervendrán.