Conadepi: en Guerrero, 168 indígenas presos; muchos por procesos irregulares

En su mayoría, están sentenciados por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, informa el delegado Pedro de Jesús

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

El delegado estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi), Pedro de Jesús Alejandro, dio a conocer ayer que en las cárceles de Guerrero hay 168 indígenas presos quienes fueron sentenciados en su mayoría por delitos contra la salud así como por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, y que en algunos casos los procesos judiciales “están plagados de irregularidades”.

Durante la entrega de recursos para nueve organizaciones no gubernamentales que apoyarán a indígenas incluyendo a quienes están presos por falta de dinero para el pago de fianzas y de asesoría legal, De Jesús Alejandro informó que de acuerdo con el departamento jurídico de la Conadepi, durante este año fueron liberados bajo fianza seis indígenas quienes permanecían presos en su mayoría por delitos contra la salud y portación de armas de fuego.

Asimismo dijo que esa institución realizó 20 peritajes antropológicos con los cuales siete indígenas fueron puestos en libertad a condición de realizar jornadas de trabajo a favor de la comunidad; a dos más se les dictó libertad inmediata; otros cuatro fueron liberados bajo caución, tres se encuentran en proceso y             cuatro en apelación, todos ellos están recluidos por delitos federales.

A pesar de que esa dependencia ha logrado algunas liberaciones o apelaciones, De Jesús Alejandro afirmó que en las cárceles de Guerrero aún permanecen recluidos 168 indígenas debido a que fueron sentenciados, 53 de ellos por el fuero común y 115 por el fuero federal.

Luego, en entrevista, explicó que el área jurídica de la Conadepi “da un seguimiento de forma singular de cada uno de los casos de indígenas presos, se evalúa y si se puede apoyar” con el pago de la fianza “sólo necesitamos una solicitud” que puede hacer el mismo recluso, una organización o la familia aunque “requiere también del aval de la comunidad”.

Dijo que en la mayoría de los casos se obtiene el aval de la comunidad “y se tramita el pago de fianza a través de un convenio”, pero afirmó que existen otros casos en que los indígenas permanecen recluidos “porque no tiene las posibilidades de contar con una asistencia legal o porque sus procesos están plagados de irregularidades”.

De Jesús Alejandro dijo que en algunas ocasiones esa dependencia recopila quejas sobre maltratos “a los que se les ha dado seguimiento, además tenemos comunicación con los directivos de las cáceles para ayudar un poco a que no se sigan dando este tipo de maltratos o torturas”.

Agregó que para el caso de indígenas aprehendidos, la Conadepi sigue realizando “pagos de fiazas, dando atención legal, presentando peritajes antropológicos, los apoya con peritos traductores, gestiona anuencias de traslados y revisa sus casos para lograr una posible liberación”.

Entregó 839 mil 310 pesos a nueve organizaciones

De Jesús Alejandro entregó 839 mil 310 pesos a cuatro de nueve organizaciones no gubernamentales como parte del programa Convenios de Concertación 2004, a cuya convocatoria dijo que respondieron 16 agrupaciones.

El recurso que recibieron las nueve agrupaciones beneficiadas, según De Jesús Alejandro, servirá “para realizar procesos de capacitación sobre temas de derechos humanos aterrizando en los derechos de los pueblos indígenas quienes no reclaman fueros especiales, pero sólo reclaman derechos específicos”.

Precisó en entrevista que en los talleres que llevarán a cabo las nueve ONG, van a recopilar también en las comunidades “los reclamos de las irregularidades que comete el Ejército mexicano, caciques regionales, la Policía Judicial y es ahí donde la organización puede dar asistencia legal y orientaciones”.

Además de la asistencia legal y apoyo a las comunidades indígenas, las ONG abordan temas de derechos de la mujer, de los niños “destacando principalmente temas de derecho que afectan a los pueblos indígenas que habitan en Guerrero”.

Las cuatro organizaciones no gubernamentales que recibieron parte del recurso fueron Tlactolcalpan AC, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Noche Zihuame y el Comité para la Defensa de los Derechos Indígenas Migrantes en Acapulco.

Otras cinco agrupaciones, dijo, recibirán sus recursos por medio de las coordinaciones regionales de la Conadepi.