Fue un acto planificado el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, acusa la Afadem

*Las autoridades “sabían perfectamente de la movilización de los jóvenes estudiantes, a quienes les siguen y vigilan constantemente y esta vez, extrañamente, les dejaron solos y a merced de los agresores”, dice en un boletín

Francisco Magaña

Atoyac

El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel, consideró que fue un genocidio el ataque de policías de Iguala y sicarios del grupo delincuencial Guerreros Unidos a los normalistas de Ayotzinapa.
En un boletín la Afadem exige el cumplimiento a las demandas reiteradas de los normalistas de Ayotzinapa y de todas las normales rurales del país.
Pide que se proceda a la declaratoria inmediata como víctimas, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, y a la reparación integral del daño, “que va desde investigar adecuadamente las fosas clandestinas donde se dice que pueden estar parte de los desaparecidos normalistas, con expertos antropólogos forenses, el cuidado de la red de guardia y custodia de acuerdo a protocolos internacionales, el castigo a los responsables materiales e intelectuales, así como la responsabilidad de los servidores públicos, civiles, políticos y militares; la restitución de derechos, bienes y libertades, la rehabilitación física, psicológica o social; la satisfacción, mediante actos en beneficio de las víctimas, las garantías de no repetición de las violaciones, la disculpa pública y la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial”.
Reseña que el   26 de septiembre de 2014, en al menos cuatro eventos violentos relacionados entre sí en las inmediaciones de la ciudad de Iguala perdieron la vida seis personas, entre éstas tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y 25 más resultaron heridas, y hay 43 estudiantes de los que no se conoce su paradero.
Abunda que en dichos actos participaron policías municipales de Iguala en coordinación con personas vestidas de civil, ante la total “ausencia, pasividad y tolerancia”, de las fuerzas federales, la gendarmería y las fuerzas armadas cuya presencia es notoria en el estado de Guerrero, ante la vigencia del operativo Guerrero Seguro.
Menciona que fueron detenidos 22 policías municipales y con base en las declaraciones de algunos involucrados, “se realizó un operativo alrededor del mediodía del 4 de octubre y fueron ubicadas tres fosas clandestinas en las inmediaciones de un cerro de Pueblo Viejo, comunidad cercana al punto donde fueron agredidos a balazos los normalistas, existe una alta responsabilidad que los cadáveres allí encontrados correspondan a los desaparecidos”.
Dice que la Red de Alerta Temprana señala que existen ataques sistemáticos en contra de las Normales Rurales, que a lo largo y ancho del país se trata de destruir este modelo educativo utilizando todos los recursos a su alcance para su desaparición “que van desde: el recorte presupuestal, el cierre de dichos centros educativos, las modificaciones de sus planes de estudio, la imposición de autoridades en los planteles, las campañas de calumnias y descalificación de sus egresados, la pérdida del derecho a las plazas laborales para sus egresados, la criminalización y represión sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desparición forzada, detenciones arbitrarias”.
Manifiesta que las reformas estructurales y concretamente la educativa trata de acabar con este modelo de formación de los normalistas y en este marco se inscribe la masacre de Iguala.
Expone que hubo  un operativo de la envergadura con la que los autores materiales actuaron, es un acto planificado para su ejecución “y debe de investigarse la complicidad tanto de las fuerzas policiacas estatales, federales y de las fuerzas armadas a cargo de la zona, quienes quedaron pasivas dejando en la indefensión a las personas y cuyo desenlace ha sido tan grave”.
Asimismo señalan que los órganos que dicen velar por la seguridad nacional quedaron pasivos ante los hechos, “ellos sabían perfectamente de la movilización de los jóvenes estudiantes, a quienes les siguen y vigilan constantemente y esta vez, extrañamente les dejaron solos y a merced de los agresores”.
En el documento la Afadem dice que existe la una alta responsabilidad de los tres niveles de gobierno y que hay una “negligencia criminal” del presidente de la República Enrique Peña Nieto, el gobernador del Estado Ángel Aguirre Rivero y el presidente municipal de Iguala,  José Luis Abarca Velázquez.
Destacan que según la información dada a conocer por CNN México “el presidente Enrique Peña Nieto dijo en un evento en el municipio de Coacalco, Estado de México, que el gobierno de Guerrero debe asumir su responsabilidad sobre los hechos violentos ocurridos el fin de semana en el municipio de Iguala, donde seis personas murieron y 57 normalistas desaparecieron, y pidió que el Ejecutivo estatal investigue a fondo para deslindar responsabilidades.
“No podemos dejar pasar por alto el efecto corruptor y anestésico de las declaraciones de varias autoridades, magnificadas por los medios de comunicación, que minimizaron los hechos y acallaron a la opinión pública al decir que los estudiantes se habían escondido”, advierte.
Se pronuncia por una investigación integral y exhaustiva a quienes resulten responsables materiales e intelectuales de tales delitos, y toda la cadena de complicidades.
Exige que se investigue la responsabilidad de las fuerzas policiacas municipales, estatales y federales, así como de las fuerzas armadas por omisión, negligencia, tolerancia o aquiescencia en dichos actos.