No son sus hijos los encontrados en fosas de Iguala, afirman padres de los normalistas desaparecidos

*Durante la búsqueda del  28 de septiembre en Iguala, la participación del Ejército, la Marina, las policías federal y estatal sólo fue de acompañamiento, se quejan

Jacob Morales Antonio

Tixtla

Familiares de los 43 jóvenes desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala rechazaron la información de que 17 de sus hijos fueron ejecutados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, como dijo el fiscal general del Estado, Iñaky Blanco Cabrera, y recordaron que fueron policías municipales quienes se los llevaron y ellos deben de decir en dónde encontrarlos.
Por otra parte, informaron que no han obtenido respuesta a la petición que hicieron a la Secretaría de Gobernación el viernes, de que se conforme un equipo especializado para la búsqueda de los estudiantes.
Antes del mensaje del presidente Enrique Peña Nieto indicaron que debería de informar que aparecieron los jóvenes porque es una obligación del gobierno, y no un favor que les hace.
En rueda de prensa los padres de familia que a partir de ayer omitieron dar sus nombres para cuidar su integridad física, “porque en el país quien pide justicia es asesinado”, rechazaron que sus hijos estén entre los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en la colonia Las Parotas, en Iguala.
En la explanada de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, negaron que sus hijos tengan nexos o relaciones con grupos criminales, porque se dedican a estudiar.
Además informaron que siguen en la búsqueda de sus hijos, aunque por separado uno de los padres informó que ya no han salido las caravanas de búsqueda, porque en Iguala la gente les dijo que no regresaran porque las cosas estaban “calientes” y los criminales que ahí operan podrían matarlos.
Anunciaron que para el miércoles paralizarán el país y el estado con el inicio de las movilizaciones a las que se han sumado y respaldado organizaciones sociales, el magisterio guerrerense y del país, además de estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinas Socialistas de México (FECSM).
De las acciones se negaron a hablar y afirmaron que será el miércoles cuando se den a conocer.
Los familiares lamentaron que a 11 días de desaparecidos los jóvenes, a quienes quieren vivos tal como se los llevaron las autoridades, se quejaron de que no haya resultados de la búsqueda, y llamaron a la federación a agilizar las investigaciones.
Reiteraron que sus hijos fueron detenidos por policías municipales y deben de ser ellos quienes digan donde están sus vástagos.
Afirmaron que  no van a creer en las versiones de que los jóvenes fueron encontrados muertos en las fosas porque no confían en las autoridades del estado y la federación, por tanto solicitaron la intervención de médicos forenses argentinos para saber si son o no sus familiares los encontrados en las fosas, pero los resultados podrían tardar hasta dos meses.
En la conferencia, padres de familia de dos estudiantes heridos que se encuentran graves tras los ataques de la noche del 26 de septiembre, afirmaron que tienen miedo que sus hijos se queden sin atención médica y responsabilizaron al gobierno de sus vidas, porque necesitan atención especializada.
Se quejaron de que los estudiantes no han sido trasladados a hospitales especializados porque siguen delicados luego de haber sido balaceados en la cara y el cráneo.
Demandaron mayor vigilancia en los hospitales donde están sus hijos porque la que hay no es suficiente y no garantiza su seguridad.
Los padres de los desaparecidos con voz quebrada y lágrimas en los ojos reiteraron su exigencia del regreso con vida de sus hijos. Repudiaron el ataque de los policías a los normalistas, “como si fueran delincuentes”, y recriminaron que el gobierno de Ángel Aguirre masacre a estudiantes, porque no es la primera ocasión que lo hace.
Los padres también denunciaron que durante la búsqueda del  28 de septiembre en Iguala, la participación del Ejército, la Marina, las policías federal y estatal, sólo fue de acompañamiento pero no de búsqueda.
Mencionaron que fueron ellos quienes consiguieron información sobre los puntos donde podrían encontrar a sus hijos luego de recabar información de ciudadanos de Iguala.
Por otra parte, el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y miembro del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados Desaparecidos y asesinados en Guerrero, Javier Monroy declaró que el gobierno tiene que responder a tres interrogantes y se quejó de que las autoridades no estén tomando en cuenta a los padres y normalistas en las investigaciones.
Lamentó que el gobierno se precipite a presentar resultados “irresponsables” sin seguir los protocolos sobre desapariciones forzadas y ejecuciones establecidos en los convenios que el gobierno ha firmado a nivel internacional.
Reclamó que las autoridades del estado no estén tomando en cuenta a los padres y estudiantes en las investigaciones, “nos parece perverso (…) que el procurador (fiscal) esté induciendo que parte de los restos encontrados en Iguala sean de los estudiantes”.
Dijo que el gobierno del estado tiene tres tareas: explicar qué ha sucedido y dónde están los 43 estudiantes, quienes son y por qué se encontraron restos humanos en las fosas de Iguala, y explicar por qué se está apresurando a tratar de inducir a la opinión pública a aceptar que los cuerpos son de los estudiantes.
Afirmó que el gobernador es parte de quien tomó la decisión de perpetrar el atentado contra los normalistas y “su complicidad con los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero (…) hace evidente que estamos gobernados prácticamente por una sociedad de narcotraficantes”.
El domingo en conferencia de prensa el fiscal Iñaky Blanco dijo que los normalistas fueron detenidos el 26 de septiembre por instrucciones del director de seguridad de Iguala Francisco Salgado Valladares y que la orden de llevárselos y matarlos fue del líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos apodado El Chucky.