Amenazan de muerte al abogado de Tlachinollan; se irá del país

El candidato del PRI-PVEM a presidente municipal de Acapulco, Fermín Alvarado Arroyo, hizo ayer un recorrido por la Progreso acompañado de un grupo de seguidores y se encontraron a su paso un promontorio de bolsas de basura sin recoger por los camiones del Ayuntamiento en la calle Baja California, la segunda más importante de esa colonia que no está en la periferia sino en el centro de la ciudad * Foto: Jesús Trigo

Gloria Leticia  Díaz /Apr / Ciudad de México

El abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, es el segundo defensor que en menos de un mes se verá obligado a salir del país ante el recrudecimiento de amenazas y hostigamiento contra su persona, pese a que cuenta con medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (Coidh).
El 16 de mayo el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue Hermanos en el Camino, tuvo que salir del país ante la falta de condiciones para desarrollar su trabajo.
Debido a la amenaza que el abogado recibió el 4 de mayo, decenas de organizaciones nacionales e internacionales exigieron a autoridades federales y del estado de Guerrero una investigación imparcial; y que se brinden medidas de seguridad necesarias para Rosales Sierra, su familia y su equipo de trabajo.
“Mientras ello ocurre, el defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra, saldrá temporalmente del país”, indicaron en el documento, en el que responsabilizan al gobierno de Felipe Calderón y al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, “de cualquier atentado” en contra de los integrante de “Tlachinollan”.
Vidulfo Rosales es beneficiario, junto con 106 defensores de derechos humanos en Guerrero, de medidas provisionales ordenadas por la Coidh al Estado mexicano en 2009.
Rosales Sierra ha sido pieza clave en la defensa de casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos que, incluso, han llegado hasta la Coidh, como los de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
De acuerdo con un comunicado firmado por varias organizaciones civiles nacionales e internacionales, representantes de Tlachinollan sostuvieron una reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, que fue recibida por la encargada de despacho Martha Elba Garzón.
En días pasados, señalaron, Rosales Sierra recibió un anónimo escrito en computadora que hace referencia a su trabajo como defensor de los opositores a la presa La Parota, que inundaría miles de hectáreas de comunidades ejidales cercanas a Acapulco; los casos de Inés y Valentina, así como los asesinatos de los jóvenes estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, tras una manifestación en Chilpancingo, el 12 de diciembre de 2011.
Las organizaciones que firman el comunicado lamentaron que en la reunión de trabajo con funcionarios guerrerenses no hayan asistido representantes del gobierno federal “para refrendar compromisos y asegurar la eficacia de las medidas discutidas”.
Para las organizaciones el contenido del anónimo refleja que las amenazas contra Rosales Sierra “constituyen una represalia directa al trabajo que dicha organización (Tlachinollan) realiza colectivamente en la defensa y promoción de los derechos humanos de la población guerrerenses desde hace más de 18 años”.
Las organizaciones firmantes consideraron que las amenazas contra el abogado de Tlachinollan son reflejo de la situación en que los defensores y las defensoras realizan su labor a lo largo del país.
“Pese al publicado anuncio de nuevos instrumentos como el mecanismo de protección a defensores y la ley recientemente aprobada en la materia, los hostigamientos y las agresiones contra activistas siguen acumulándose, orillando a algunos a dejar el país, sin que los gobiernos estatales y el gobierno federal implementen  medidas efectivas de seguridad”, lamentaron.
Exigieron poner en marcha el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y recordaron el “clima de adversidad” con que trabajan los activistas en Guerrero:
Los asesinatos de los defensores indígenas Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rojas, en 2009; las constantes amenazas contra el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; la desaparición forzada de los ambientalistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, en 2011; y la criminalización del defensor na savi Maximino García Catarino, quien estuvo encarcelado en 2012 acusado de un delito que no cometió. Señalaron que todos esos casos han quedado impunes.
Entre las organizaciones que firman la declaración resaltan Amnistía Internacional, Human Rights Watch; el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy; Oficina de Washington para América Latina; la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México; la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas; la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Fundar, Centro Nacional de Comunicación Social, entre otros, así como la defensora Lucha Castro, y los académicos Sergio Aguayo y Miguel Sarre.
En un boletín de prensa, Tlachinollan informó ayer que la denuncia presentada “se entregó directamente a la procuradora General de Justicia del Estado de Guerrero, en presencia de un representante de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal y de observadores provenientes tanto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como de organizaciones que acompañan cercanamente el trabajo de Tlachinollan como son Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) y Amnistía Internacional”.