Desde marzo declaró en la PGR el testigo que acusa a Abarca de matar a Hernández Cardona

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Hace medio año, Nicolás Mendoza Villa, el testigo que señaló al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como el asesino del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, declaró formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el funcionario municipal que hoy está prófugo por el ataque a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, reveló la secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino.
Con ella, la regidora de Iguala, Sofía Mendoza Martínez, añadió que los primeros días de agosto acudió a la PGR y ahí se enteró de que el homicidio del dirigente y dos activistas de UP había sido atraído por el gobierno federal, y desde entonces las autoridades estaban en condiciones de detener al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por el homicidio del dirigente y dos activistas de UP, pero el alcalde tenía que ser removido antes del cargo por el Congreso local; sin embargo, no aprehendieron al encargado ni promovieron el juicio de desafuero.
En una entrevista en la redacción de El Sur con el sobreviviente de El Charco, Efrén Cortés Chávez, y el dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez, coincidieron en que si las autoridades estatales y federales no fueran omisas en la desaparición forzada y los asesinatos de UP, se habrían evitado los ataques de policías municipales y sicarios contra los normalistas el 26 de septiembre, cuyo saldo a la fecha es de tres alumnos y tres civiles asesinados, y 43 estudiantes desaparecidos.
Distinto a lo que mencionó el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, de que apenas habían solicitado medidas cautelares para familiares y sobrevivientes de luchadores de UP asesinados, López Paulino aclaró que hicieron la petición en junio del año pasado, y quedó registrada en el expediente 185/2013.
Desde entonces, aclaró que han estado trabajando con sigilo, coadyuvando con la investigación, haciendo mínimas declaraciones públicas para no entorpecerla, “porque el fondo era que se detuviera al culpable intelectual y material de los crímenes contra los luchadores sociales”.
Añadió que desde octubre del año pasado, cuando Mendoza Villa –uno de los sobrevivientes– llevó su declaración ante notario público para que diera fe de su testimonio, en el sentido de que el alcalde disparó en dos ocasiones contra Hernández Cardona, está sin protección.
Incluso, indicó que el notario tuvo miedo de tomar su declaración, y sólo dio fe del testimonio escrito que llevaba hasta faltas de ortografía, porque lo escribió Mendoza Villa, con su redacción.
En marzo de 2014, a petición de las autoridades, rindió su testimonio ante la PGR, que no se dio a conocer con anterioridad para no entorpecer la justicia, subrayó.
La regidora informó que en julio fue citada por la PGR, y luego de confirmar que la fuente era efectivamente del gobierno federal se presentó en la dependencia federal los primeros días de agosto.
Mendoza Martínez detalló que en la PGR le dijeron que tenían elementos para detener al secretario de Seguridad Pública, no así al alcalde porque tiene fuero, y el Congreso local tendría que intervenir.
Después de la cita en la PGR, los activistas tomaron la determinación de ir a Estados Unidos, con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), para demandar medidas de protección del gobierno federal, y se entrevistaron con el secretario técnico de la Comisión Interamericana, para saber por qué no se habían implementado las medidas cautelares.
Ahí les explicaron que la respuesta de México a la petición de medidas cautelares, es que las dos hijas de Hernández Cardona, la regidora y el luchador social, Bertoldo Martínez Cruz, ya tenían seguridad policiaca del gobierno del estado.
López Paulino aclaró que hace tres meses solicitaron las medidas cautelares para Mendoza Villa, y confió en que sean emitidas lo antes posible, porque la regidora se siente vigilada por los policías municipales que tiene asignados para su seguridad, porque el secretario de Seguridad Pública hizo su carrera policial en esa corporación.
Destacó que Human Rights Watch ha estado enviando cartas al Estado mexicano permanentemente para clarificar el caso de los activistas asesinados en Iguala.
Finalmente, Efrén Cortés, señaló que preocupa que toda la clase política del estado tenga responsabilidad en la agresión a los normalistas por omisión, “se opusieron al juicio de desafuero que solicitó Sofía Mendoza el año pasado; por los amarres que tenía el alcalde con el PRD, a sabiendas de que había un señalamiento directo contra el presidente municipal, hubo esa protección y es peligroso que se siga dando por lo que ocurrió, el ataque a los normalistas”.
Añadió que tanto el homicidio contra Hernández Cardona y los normalistas de Ayotzinapa, son crímenes de Estado, por la connotación política que tiene, “es una situación de lastimar porque tienen una posición crítica”.