Desde marzo declaró en la PGR el testigo que acusa a Abarca de matar a Hernández Cardona

No son sus hijos los encontrados en las fosas, afirman padres de los normalistas desaparecidos

Trasladan a Chilpancingo los 28 cuerpos y llegan los forenses de Argentina

Suspende el gobierno estatal el pago para los alimentos a la Normal de Ayotzinapa, denuncian

Desde marzo declaró en la PGR el testigo que acusa a Abarca de matar a Hernández Cardona

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Hace medio año, Nicolás Mendoza Villa, el testigo que señaló al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como el asesino del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, declaró formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el funcionario municipal que hoy está prófugo por el ataque a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, reveló la secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino.
Con ella, la regidora de Iguala, Sofía Mendoza Martínez, añadió que los primeros días de agosto acudió a la PGR y ahí se enteró de que el homicidio del dirigente y dos activistas de UP había sido atraído por el gobierno federal, y desde entonces las autoridades estaban en condiciones de detener al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por el homicidio del dirigente y dos activistas de UP, pero el alcalde tenía que ser removido antes del cargo por el Congreso local; sin embargo, no aprehendieron al encargado ni promovieron el juicio de desafuero.
En una entrevista en la redacción de El Sur con el sobreviviente de El Charco, Efrén Cortés Chávez, y el dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez, coincidieron en que si las autoridades estatales y federales no fueran omisas en la desaparición forzada y los asesinatos de UP, se habrían evitado los ataques de policías municipales y sicarios contra los normalistas el 26 de septiembre, cuyo saldo a la fecha es de tres alumnos y tres civiles asesinados, y 43 estudiantes desaparecidos.
Distinto a lo que mencionó el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, de que apenas habían solicitado medidas cautelares para familiares y sobrevivientes de luchadores de UP asesinados, López Paulino aclaró que hicieron la petición en junio del año pasado, y quedó registrada en el expediente 185/2013.
Desde entonces, aclaró que han estado trabajando con sigilo, coadyuvando con la investigación, haciendo mínimas declaraciones públicas para no entorpecerla, “porque el fondo era que se detuviera al culpable intelectual y material de los crímenes contra los luchadores sociales”.
Añadió que desde octubre del año pasado, cuando Mendoza Villa –uno de los sobrevivientes– llevó su declaración ante notario público para que diera fe de su testimonio, en el sentido de que el alcalde disparó en dos ocasiones contra Hernández Cardona, está sin protección.
Incluso, indicó que el notario tuvo miedo de tomar su declaración, y sólo dio fe del testimonio escrito que llevaba hasta faltas de ortografía, porque lo escribió Mendoza Villa, con su redacción.
En marzo de 2014, a petición de las autoridades, rindió su testimonio ante la PGR, que no se dio a conocer con anterioridad para no entorpecer la justicia, subrayó.
La regidora informó que en julio fue citada por la PGR, y luego de confirmar que la fuente era efectivamente del gobierno federal se presentó en la dependencia federal los primeros días de agosto.
Mendoza Martínez detalló que en la PGR le dijeron que tenían elementos para detener al secretario de Seguridad Pública, no así al alcalde porque tiene fuero, y el Congreso local tendría que intervenir.
Después de la cita en la PGR, los activistas tomaron la determinación de ir a Estados Unidos, con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), para demandar medidas de protección del gobierno federal, y se entrevistaron con el secretario técnico de la Comisión Interamericana, para saber por qué no se habían implementado las medidas cautelares.
Ahí les explicaron que la respuesta de México a la petición de medidas cautelares, es que las dos hijas de Hernández Cardona, la regidora y el luchador social, Bertoldo Martínez Cruz, ya tenían seguridad policiaca del gobierno del estado.
López Paulino aclaró que hace tres meses solicitaron las medidas cautelares para Mendoza Villa, y confió en que sean emitidas lo antes posible, porque la regidora se siente vigilada por los policías municipales que tiene asignados para su seguridad, porque el secretario de Seguridad Pública hizo su carrera policial en esa corporación.
Destacó que Human Rights Watch ha estado enviando cartas al Estado mexicano permanentemente para clarificar el caso de los activistas asesinados en Iguala.
Finalmente, Efrén Cortés, señaló que preocupa que toda la clase política del estado tenga responsabilidad en la agresión a los normalistas por omisión, “se opusieron al juicio de desafuero que solicitó Sofía Mendoza el año pasado; por los amarres que tenía el alcalde con el PRD, a sabiendas de que había un señalamiento directo contra el presidente municipal, hubo esa protección y es peligroso que se siga dando por lo que ocurrió, el ataque a los normalistas”.
Añadió que tanto el homicidio contra Hernández Cardona y los normalistas de Ayotzinapa, son crímenes de Estado, por la connotación política que tiene, “es una situación de lastimar porque tienen una posición crítica”.

No son sus hijos los encontrados en fosas de Iguala, afirman padres de los normalistas desaparecidos

*Durante la búsqueda del  28 de septiembre en Iguala, la participación del Ejército, la Marina, las policías federal y estatal sólo fue de acompañamiento, se quejan

Jacob Morales Antonio

Tixtla

Familiares de los 43 jóvenes desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala rechazaron la información de que 17 de sus hijos fueron ejecutados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, como dijo el fiscal general del Estado, Iñaky Blanco Cabrera, y recordaron que fueron policías municipales quienes se los llevaron y ellos deben de decir en dónde encontrarlos.
Por otra parte, informaron que no han obtenido respuesta a la petición que hicieron a la Secretaría de Gobernación el viernes, de que se conforme un equipo especializado para la búsqueda de los estudiantes.
Antes del mensaje del presidente Enrique Peña Nieto indicaron que debería de informar que aparecieron los jóvenes porque es una obligación del gobierno, y no un favor que les hace.
En rueda de prensa los padres de familia que a partir de ayer omitieron dar sus nombres para cuidar su integridad física, “porque en el país quien pide justicia es asesinado”, rechazaron que sus hijos estén entre los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en la colonia Las Parotas, en Iguala.
En la explanada de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, negaron que sus hijos tengan nexos o relaciones con grupos criminales, porque se dedican a estudiar.
Además informaron que siguen en la búsqueda de sus hijos, aunque por separado uno de los padres informó que ya no han salido las caravanas de búsqueda, porque en Iguala la gente les dijo que no regresaran porque las cosas estaban “calientes” y los criminales que ahí operan podrían matarlos.
Anunciaron que para el miércoles paralizarán el país y el estado con el inicio de las movilizaciones a las que se han sumado y respaldado organizaciones sociales, el magisterio guerrerense y del país, además de estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinas Socialistas de México (FECSM).
De las acciones se negaron a hablar y afirmaron que será el miércoles cuando se den a conocer.
Los familiares lamentaron que a 11 días de desaparecidos los jóvenes, a quienes quieren vivos tal como se los llevaron las autoridades, se quejaron de que no haya resultados de la búsqueda, y llamaron a la federación a agilizar las investigaciones.
Reiteraron que sus hijos fueron detenidos por policías municipales y deben de ser ellos quienes digan donde están sus vástagos.
Afirmaron que  no van a creer en las versiones de que los jóvenes fueron encontrados muertos en las fosas porque no confían en las autoridades del estado y la federación, por tanto solicitaron la intervención de médicos forenses argentinos para saber si son o no sus familiares los encontrados en las fosas, pero los resultados podrían tardar hasta dos meses.
En la conferencia, padres de familia de dos estudiantes heridos que se encuentran graves tras los ataques de la noche del 26 de septiembre, afirmaron que tienen miedo que sus hijos se queden sin atención médica y responsabilizaron al gobierno de sus vidas, porque necesitan atención especializada.
Se quejaron de que los estudiantes no han sido trasladados a hospitales especializados porque siguen delicados luego de haber sido balaceados en la cara y el cráneo.
Demandaron mayor vigilancia en los hospitales donde están sus hijos porque la que hay no es suficiente y no garantiza su seguridad.
Los padres de los desaparecidos con voz quebrada y lágrimas en los ojos reiteraron su exigencia del regreso con vida de sus hijos. Repudiaron el ataque de los policías a los normalistas, “como si fueran delincuentes”, y recriminaron que el gobierno de Ángel Aguirre masacre a estudiantes, porque no es la primera ocasión que lo hace.
Los padres también denunciaron que durante la búsqueda del  28 de septiembre en Iguala, la participación del Ejército, la Marina, las policías federal y estatal, sólo fue de acompañamiento pero no de búsqueda.
Mencionaron que fueron ellos quienes consiguieron información sobre los puntos donde podrían encontrar a sus hijos luego de recabar información de ciudadanos de Iguala.
Por otra parte, el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y miembro del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados Desaparecidos y asesinados en Guerrero, Javier Monroy declaró que el gobierno tiene que responder a tres interrogantes y se quejó de que las autoridades no estén tomando en cuenta a los padres y normalistas en las investigaciones.
Lamentó que el gobierno se precipite a presentar resultados “irresponsables” sin seguir los protocolos sobre desapariciones forzadas y ejecuciones establecidos en los convenios que el gobierno ha firmado a nivel internacional.
Reclamó que las autoridades del estado no estén tomando en cuenta a los padres y estudiantes en las investigaciones, “nos parece perverso (…) que el procurador (fiscal) esté induciendo que parte de los restos encontrados en Iguala sean de los estudiantes”.
Dijo que el gobierno del estado tiene tres tareas: explicar qué ha sucedido y dónde están los 43 estudiantes, quienes son y por qué se encontraron restos humanos en las fosas de Iguala, y explicar por qué se está apresurando a tratar de inducir a la opinión pública a aceptar que los cuerpos son de los estudiantes.
Afirmó que el gobernador es parte de quien tomó la decisión de perpetrar el atentado contra los normalistas y “su complicidad con los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero (…) hace evidente que estamos gobernados prácticamente por una sociedad de narcotraficantes”.
El domingo en conferencia de prensa el fiscal Iñaky Blanco dijo que los normalistas fueron detenidos el 26 de septiembre por instrucciones del director de seguridad de Iguala Francisco Salgado Valladares y que la orden de llevárselos y matarlos fue del líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos apodado El Chucky.

Trasladan a la capital los 28 cuerpos exhumados en las fosas de Iguala bajo vigilancia policiaca

*Llegan con ellos los 10 forenses de Argentina que realizan los trabajos de identificación para determinar si son los desaparecidos de Ayotzinapa

Luis Blancas y Alejandro Guerrero

Chilpancingo e Iguala

Los 28 cuerpos, entre ellos el de una mujer, encontrados el sábado y domingo en fosas clandestinas en Iguala fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.
A las 8:00 de la noche de ayer llegaron dos camionetas del Semefo y una combi de la funeraria San Ángel de Iguala con los cuerpos en bolsas blancas.
Llegaron escoltados por cinco patrullas de la Policía Estatal y tres de agentes federales.
Los policías estatales resguardaron el inmueble e impidieron el paso a los reporteros a observar los cadáveres, sólo se les dio acceso a la entrada principal.
La camioneta del Semefo y la combi de la funeraria San Ángel entraron por un acceso del lado derecho, donde bajaron los 28 cadáveres hallados en Iguala.
Una fuente de la dependencia informó que a los  28  cuerpos  les  realizarán las pruebas de genética y de ADN para determinar si corresponden a los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde el 26 de septiembre, cuando fueron atacados por policías y sicarios en Iguala.
Agregó que los resultados de los estudios estarán en unos 15 días o dos meses debido a que los cuerpos están quemados.
Los cadáveres fueron hallados desmembrados y quemados, y fueron trasladados al Semefo de Chilpancingo junto a los 10 forenses de Argentina que realizan los trabajos de identificación de los cuerpos.
Ayer, cerca de las siete de la tarde los restos fueron sacados en bolsas en al menos cuatro unidades del Semefo y de la funeraria El Ángel, bajo el resguardo de policías estatales, ministeriales y federales fuertemente armados.
Junto a los restos humanos exhumados de las fosas también fueron trasladados al Semefo de Chilpancingo el grupo de médicos forenses de Argentina que se está haciendo cargo de los trabajos de identificación de los cadáveres, con la finalidad de confirmar o descartar si estos restos humanos tienen alguna relación con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos el 26 de septiembre.
Una fuente consultada informó de la posibilidad de que los restos sean trasladados vía aérea a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México este mismo día.
La mañana del sábado en Iguala hubo una fuerte movilización de soldados del Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Ministerial del Estado, Fuerzas Estatales y rescatistas de Protección Civil estatal, acompañados de peritos y forenses en la colonia Las Parotas, ubicada al pie del cerro Gordo al poniente del municipio, donde ?hallaron fosas clandestinas y nueve cuerpos.
En la colonia Jardín Pueblo Viejo, a corta distancia del hallazgo de esas fosas, también fue hallado armamento de alto poder y municiones que estaban enterradas en una casa de seguridad, ahí fue decomisada una camioneta Cherokee.
El domingo por la mañana se reiniciaron los trabajos de búsqueda y exhumación de cuerpos en fosas clandestinas en la colonia Las Parotas de Iguala, donde localizaron  los restos de 19 personas más, entre ellos el de una mujer, lo que dejó en total 28 cadáveres exhumados.
En conferencia de prensa el domingo en el puerto de Acapulco el fiscal guerrerense Iñaky Blanco Cabrera  señaló que entre los detenidos un vendedor de narcóticos y un sicario admitieron haber disparado contra los normalistas la noche del viernes 26 de septiembre, que los bajaron del autobús en el que iban “procediendo a asegurar a 17 de ellos, trasladándolos a la parte alta de un cerro en Pueblo Viejo, donde tienen fosas clandestinas, en el que los ultimaron”.

Suspende el gobierno del estado el pago para los alimentos a la Normal de Ayotzinapa, denuncian

El integrante de la dirigencia del comité de estudiantes Ricardo Flores Magón de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Uriel Alonso Solís denunció que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) suspendió la cuota de la dieta-ración de alimentos para más de 500 estudiantes.
En declaraciones en las instalaciones de la escuela el dirigente afirmó que la medida es una presión del gobierno del estado cada vez que hay una protesta de los estudiantes, pero sobreviven por la solidaridad de la gente que les regala comida.
Dijo que de los 50 pesos diarios que la dependencia otorga a cada estudiante para su alimentación, que suman 25 mil pesos para la compra de alimentos, desde el 1 de octubre no se han depositado.
Lamentó que el gobierno del estado recurra a esas prácticas para presionar a los normalistas a desistir de los movimientos de lucha que realizan.
Afirmó que los pobladores de Tixtla acuden a dejar comida y donaciones para que se alimenten.
Afirmó que la lucha ahora es la presentación con vida de sus 43 estudiantes desaparecidos tras la emboscada que sufrieron en la ciudad de Iguala por policías de Iguala y sicarios de Guerreros Unidos, que dejó a tres de sus compañeros muertos.
Calificó de lamentable la suspensión del pago para sus alimentos, y recordó que ahí estudian hijos de campesinos que no tienen dinero para enviar a sus hijos a otras escuelas, y apenas pueden seguir sus estudios en el internado. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).