Intentan René Juárez y el general Bonilla desprestigiar a defensores de derechos, denuncian

La Red Guerrerense y la Red Nacional Todos los Derechos para Todos responden a las declaraciones del gobernador y del comandante de la Novena Región Militar contra las ONG. Señalan que dichos funcionarios dejan ver una actitud autoritaria, intimidatoria e intolerante. Demandan respeto a sus compañeros

Las organizaciones civiles de derechos humanos que forman la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y la Red Guerrerense de Derechos Humanos demandaron al gobernador, René Juárez Cisneros, y al comandante de la Novena Región Militar, general Felipe Bonilla Espinobarros, respeto y garantías a los defensores de derechos humanos para que hagan su trabajo de manera libre y segura.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) respondieron a las declaraciones de Bonilla Espinobarros en las que acusó a organismos de derechos humanos de apoyar a cambio de prebendas a los comuneros opositores a la presa La Parota. El general hizo estas acusaciones después de que se instaló un retén militar en la entrada a la zona de conflicto por la hidroeléctrica.

Por su parte, Juárez Cisneros dijo que los organismos de derechos humanos quieren hacer todas las recomendaciones del mundo por tres días de estancia en Guerrero y que si en la entidad los problemas de marginación y pobreza se resolvieran con recomendaciones, ya no hubiera problemas. También aseguró que para el gobierno de Guerrero, es necesaria la presencia del Ejército.

Las ONG, en el boletín de prensa, consideran ambas declaraciones como una campaña de desprestigio y descalificación del trabajo de los defensores de derechos humanos locales e internacionales.

También se solidarizaron con todos sus compañeros que trabajan por la causa de los derechos humanos en Guerrero y reivindicaron su papel legítimo y valioso en la construcción de la justicia, la democracia, el Estado de derecho y la búsqueda de la verdad.

Es preocupante, indican, que se señale sin pruebas a los defensores de derechos humanos como personas que responden a intereses económicos, políticos y electorales, con ello se quiere crear una imagen distorsionada de su trabajo legítimo y legal, dejando entrever una actitud autoritaria, intimidatoria, intolerante y de poco respeto de su compromiso con la sociedad.

Manifiestan que es lamentable corroborar que a pesar de los esfuerzos que se han hecho en todo el país para avanzar en la promoción y defensa de los derechos humanos (como es el acuerdo de cooperación técnica entre la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos y el gobierno mexicano, que ha dado como resultado tangible el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, que sienta las bases para la creación de un programa nacional de derechos humanos), las autoridades de Guerrero se desentiendan de estos acuerdos y compromisos internacionales con los derechos humanos y prefieran manejarse a su libre arbitrio.

Aseguran que la respuesta de las autoridades ha sido regresiva y autoritaria porque criminaliza el reclamo y la protesta social, se privilegia la fuerza y se encubre a los que violan los derechos humanos, y a los defensores de estos derechos se les desprestigia y descalifica.

En Guerrero, ejemplifican casos adversos de respeto derechos humanos como la militarización en las regiones indígenas, que ha provocado graves violaciones a los derechos humanos y citan los casos de dos mujeres me’phaa (tlapanecas) del municipio de Ayutla que fueron violadas por soldados del Ejército; el secuestro y asesinato del director de la revista Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas; las órdenes de aprehensión contra ejidatarios opositores al proyecto de la presa La Parota; órdenes de aprehensión giradas contra las autoridades indígenas amuzgas de Xochistlahuaca por                             ejercer el derecho de regirse con sus sistemas normativos.

También, el desalojo violento de los miembros de la Promotora Estatal por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo, que bloqueaban la Autopista del Sol.

Las ONG manifiestan su crítica a la ley antibloqueos, que “allanó el camino a las autoridades estatales para que limiten, repriman y penalicen el legítimo ejercicio del reclamo y protesta social”.

Recuerdan que el 9 de diciembre de 1998 la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre los defensores de derechos humanos, en la que destaca que los estados miembros tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El 18 de agosto de 2000 se designa a la representante especial del secretario general                             de las Naciones Unidas para defensores de derechos humanos con el fin de promover y proteger su trabajo en todo el mundo. A nivel regional se cuenta con la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.