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Autoriza el Cabildo que ambulantes priístas vendan en el Zócalo de la capital

La medida fomenta el desorden y afecta al comercio establecido, critica el presidente de la Canirac, Héctor Salazar

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo  

La síndica del Ayuntamiento capitalino, Yolanda Damián Lasso, informó ayer que el Cabildo en días pasados autorizó un permiso “de facto” para que vendedores ambulantes aglutinados en organizaciones afines al PRI se instalen en la plaza central Primer Congreso de Anáhuac durante fiestas y fechas conmemorativas.

Esta decisión del Ayuntamiento fue calificada por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Chilpancingo, Héctor Salazar Navarro, como una muestra de cómo las autoridades municipales “fomentan el desorden, pues afecta al comercio establecido”.

“Es una decisión aberrante que afecta al sector productivo que paga impuestos oportunamente y cumple con las mínimas normas de salubridad, en cambio los ambulantes no ofrecen ninguna garantía a los consumidores y lo peor, se les exime de impuestos cobrándoles cuotas risibles por concepto de pisaje”, indicó.

La funcionaria municipal informó que el Cabildo convino autorizar la instalación de por lo menos cuatro organizaciones de comerciantes ambulantes que tomaron los nombres de políticos para identificar a su grupo. Por ejemplo el del senador y candidato a gobernador por el PRI, Héctor Astudillo Flores; de la ex regidora priísta, Yuridia Bello y Las Torres.

Damián Lasso afirmó que el permiso “de facto” que el Ayuntamiento otorgó a los vendedores ambulantes que además de alimentos y fritangas expenden productos de origen asiático que ingresan al país de manera irregular para que se instalen sobre la plaza central fue por los días 16 y 17, sin embargo los ambulantes se instalaron dos días antes.

Incluso a la organización llamada Las Torres, también se le autorizó vender sus productos en la nueva sede del Poder Ejecutivo la noche del 16 de septiembre “gracias al senador Héctor Astudillo que habló con el gobernador, René Juárez porque no quería”, informó la líder de vendedores ambulantes María Torres Ramírez.

Aunque Damián Lasso reconoció que el ambulantaje es un problema “grave”, afirmó que se deben buscar medidas para ayudar a que estos sectores generen ingresos para sus familias.

“Son personas que de verdad están necesitadas, no son delincuentes sólo están buscando la forma de cómo salir adelante y lo que hizo el Ayuntamiento es buscar un punto intermedio para que tampoco afecten a los comercios establecidos”, indicó en declaraciones vía telefónica.

A los vendedores ambulantes afines al PRI que se instalaron en el Zócalo capitalino se les exentó de impuestos y sólo se les cobró una cuota que varió de 50 a 200 pesos, “dependiendo el giro del negocio” por concepto de pisaje, afirmó la síndica.

Consultado al respecto, el presidente de la CANIRAC en Chilpancingo afirmó que las leyes en el país están “cruzadas, pues el fisco busca cómo tronarte y las autoridades locales fomentan el crecimiento de la           economía informal”.

Salazar Navarro afirmó que es incongruente que la dirección de Salud municipal haga inspecciones en restaurantes establecidos para vigilar que se cumplan con las medidas de salubridad y no se aplique la misma norma a los vendedores ambulantes.

“Cómo el Ayuntamiento exige a los comerciantes establecidos cumplir con el pago de impuestos, si exenta a los ambulantes. Tal parece que es una política para exterminar el comercio formal y estimular el desorden”, indicó.

El líder empresarial acusó a las autoridades municipales de utilizar un doble discurso, “a nosotros nos han dicho que no hay autorización de permisos y por otro lado se dejan manipular por grupos sólo porque gritan fuerte y toman decisiones que violentan el estado de derecho”.

Luego refirió que el dueño de un restaurante por cada trabajador está pagando aparte de su sueldo, 900 pesos mensuales por concepto de Infonavit y Seguro Social y afirmó que en Chilpancingo la industria restaurantera, sin contar los mercados y pasajes gastronómicos, genera más de 6 mil empleos directos.

Mientras que el registro que existe de lo que genera el comercio informal a nivel nacional oscila entre los 321 mil millones de pesos anuales, aseguró.

“Se trata de que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, sin embargo si para el Ayuntamiento esa es la política que pretende imponer, que nos diga para cerrar mejor nuestros negocios y plantarnos en el Zócalo pues resulta más barato”, expresó el líder empresarial.

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