Son irreales las acusaciones de las productoras de avestruz, señala Popoca

Fue por irregularidades que el Comité Técnico de la Alianza les canceló el recurso, dice el secretario de Desarrollo Rural

 Teresa de la Cruz Chilpancingo  

El secretario de Desarrollo Rural (Seder), Héctor Manuel Popoca Boone, calificó de “irreales” las acusaciones que en una demanda penal hicieron, ante la Procuraduría General de la República (PGR), las productoras de la Sociedad Cooperativa de Producción y Consumo Estructícola de Guerrero, y aclaró que fue el Comité Técnico de la Alianza para el Campo el que por “irregularidades” les canceló el recurso para su proyecto.

El 10 de septiembre, las productoras de la Sociedad Cooperativa de Producción y Consumo Estructícola de Guerrero –dedicadas a la cría de avestruz– interpusieron una demanda penal ante la PGR contra Popoca Boone, misma que ratificaron el martes, según dijo en conferencia de prensa la presidenta, Alejandra Gómez Salmerón.

La demanda es por 10 delitos, entre ellos es por desvío de recursos, uso indebido de atribuciones, abuso de autoridad, pisoteo de derechos, irregularidad en el servicio público, quebranto del orden establecido, actos de corrupción, violación de normas, políticas y procedimientos, falsedad y dolo en declaraciones           hechas por la autoridad, así como           por ilegalidad, hostilidad, tortura, vejación, mala fe y maltrato.

Pero el miércoles, en conferencia de prensa, en el Palacio de Gobierno, Popoca Boone calificó de “irreales” las acusaciones de las productoras y aseguró desconocer el fondo de la demanda.

Popoca Boone citó además que tras asumir el cargo de secretario de Desarrollo Rural gestionó el recurso para el proyecto de la productora de avestruces, “cuando yo entré se autorizó el recurso”, pero mencionó que debían reunir una serie de requisitos como la compra de un terreno, recibir asistencia técnica y aportar el 30 por ciento de la inversión.

Dijo que tras lograr que el Comité Técnico de la Alianza para el Campo, que integran funcionarios federales y estatales, autorizara el proyecto, este órgano “aprobó una inversión de 500 mil pesos”, considerando que las productoras aportarían el 30 por ciento, que equivale a 150 mil pesos.

De los 500 mil pesos, indicó Popoca Boone que les entregó 96 mil pesos a las 25 productoras, y que “al no poder dar la aportación de 30 por ciento a través de otro programa les otorgué un crédito puente de 50 mil pesos”, que sumaban un total de casi 150 mil pesos.

Una vez ejecutada la inversión, expuso que “nos dimos cuenta de las irregularidades en que habían incurrido las productoras, de ahí que el Comité Técnico de la Alianza para el Campo decidió cancelar la entrega de 404 mil pesos, mismo que destinó a otros proyectos”

Entre los argumentos que según Popoca Boone dio el Comité Técnico para tal medida fue que “ellas no acreditaban” que el terreno donde se desarrollaría la producción y cría de la avestruz estuviera a nombre de la agrupación, y contrariamente en el Registro Agrario Nacional (RAN) “aparece que el dueño es una persona física, de ahí que la presidenta –Alejandra Gómez Salmerón–incurrió en un delito de fraude”.

Señaló que otro fue en la aportación del 30 por ciento de la inversión, “hasta la fecha no han querido aportar un solo peso al proyecto a pesar de que las normas de la Alianza para el Campo lo impone como requisito indispensable”.

Refirió que las integrantes de la cooperativa se negaron también a recibir “asistencia técnica especializada, aun cuando ellas no tenían antecedentes de practicar el cultivo o la cría de avestruces”.

Afirmó que las “anomalías” en que habían incurrido las productoras fueron consideradas por el Comité Técnico para cancelar la inversión, “no fue Popoca Boone”, como tampoco –expresó– fue porque no aceptaron que colocara a sus amigos como coordinadores de la cooperativa, “eso es una mentira”.

Indicó que el caso de la cooperativa es “un cuento muy trillado, yo mandé un oficio a la Contraloría del Estado el 18 de junio del 2002, en donde doy cuenta de todas las anomalías que tuvo ese proyecto, pero ahora la señora –Alejandra Gómez– trata de sacar a relucir un caso que se cerró desde el 2002”

Pero –dijo– esperará a que la PGR dictamine sobre la procedencia o improcedencia de la demanda “para presentar las pruebas”, aunque lamentó que en esta situación hayan involucrado a la ex secretaria particular del gobernador, hoy directora del DIF,           Paula Sánchez Reyna, así como a la actual secretaria particular del gobernador, Dina Villanueva.