Héctor Manuel Popoca Boone

¡Ya páguenles!

Han pasado cinco años desde que el gobierno federal les expropió sus tierras a ejidatarios de Feliciano, municipio de La Unión, con motivo de la construcción de la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas y todavía no les han acabado de pagar el total de la indemnización que les corresponde. Esta vez, por unanimidad del jurado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ganó el trofeo anual: La mazorca kafkiana.

Los pagos parciales anteriores se han hecho a los campesinos mediante presión ejercida, a través del procedimiento nada recomendable de bloquear intermitentemente la autopista mencionada. Solamente así les hacen caso, lamentablemente. El costo es que sus dirigentes cuentan ahora con órdenes de aprehensión de índole federal y uno de ellos, Fernando Reyes, tuvo que ser sacado de la cárcel bajo fianza económica.

A los campesinos y a sus dirigentes les aplican sanciones por las acciones indebidas con que reclaman sus derechos. Nadie aplica responsabilidades a los actos incorrectos de negligencia y lentitud con que realizan algunos servidores públicos federales sus deberes, cobijados bajo el manto de tortuosos procesos burocráticos. He ahí un hecho injusto.

Este grupo de campesinos de la zona de Petacalco, tiene mi aprecio personal porque fue el único que prestó oídos a mi consejo de no gastar fútilmente sino invertir productivamente el dinero que recibían de indemnizaciones. Parte lo destinaron a saldar deudas y gastos familiares; y parte lo destinaron a la creación de unidades productivas en vez de destinarlo a las cantinas y congales. Enhorabuena.

De alrededor de 135 millones de pesos recibidos de indemnizaciones, 60 millones los destinaron al establecimiento de un fideicomiso productivo con el que han financiado diversos proyectos como son: 1) Establecimiento de potreros e infraestructura para el desarrollo ganadero. 2) Construcción de estanques para el desarrollo de la acuacultura. 3) Adquisición de maquinaria pesada, camiones y tractores con fines agropecuarios y forestales. 4) Asociación con un inversionista privado para la fabricación de tableros y madera aserrada. 5) Modernización de huertas de mango y establecimiento de un empaque hidro-térmico para la exportación de esta fruta. 6) Siembra de maíz de alto rendimiento en 300 hectáreas.

Este esfuerzo es significativo en una región en donde desde hace una década, los productores y sus líderes mayoritariamente han destinado los apoyos gubernamentales recibidos a gastos superfluos e intrascendentes.

Les urge recibir el pago que les deben de cerca de 14 millones, porque diez los van a destinar a la creación de un fondo de garantías líquidas;                           para que, con 20 millones de pesos más, ya autorizados por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), la banca les otorgue un crédito de 70 millones de pesos para el capital de trabajo que requieren los proyectos anteriormente señalados; dejando como garantías complementarias las inversiones en activos fijos ya realizadas.

Desde el año pasado, a la SCT se le requirió el pago y se solicitó a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN) reconsiderara las estimaciones económicas de los bienes asociados a la tierra afectados, que había emitido con anterioridad; por considerar que estaban subestimadas, debajo de los precios reales de mercado de la región. A partir de los dictámenes de la Sagarpa y de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado, CABIN dio los nuevos avalúos hace mas de tres meses, pero es la fecha que la SCT no les paga.

Los campesinos en su desesperación pensaban bloquear de nueva cuenta la autopista, en este puente vacacional de fiestas patrias; aun sabiendo las consecuencias legales que se pueden derivar de este acto ilícito. A cambio de no hacerlo y evitar así que se trastoque el flujo turístico del Bajío y Morelia a Ixtapa-Zihuatanejo, me he comprometido, para principios de octubre, a acompañarlos a Morelia y hacer antesala permanente en las oficinas del jefe del Centro SCT-Michoacán (oficina que le corresponde pagar), hasta que reciban la indemnización a que tienen derecho y que por mucho tiempo les ha sido postergada.

PD1. El único acuerdo es que no hay acuerdos, en el contexto nacional.

PD2. De los posibles consensos iniciales, pasamos a los pretendidos acuerdos frustrados, para por último solicitar treguas terminales. Es la historia de un sexenio como no hay otro igual.

PD3. Así son las cosas, zanca: en tiempos político-electorales el que no tranza, no avanza y corre el peligro de quedarse fuera de la danza.