Exigen periodistas del país y el extranjero esclarecer el caso de Leodegario Aguilera

Envían 300 comunicadores una carta al presidente Vicente Fox y al gobernador René Juárez

 Zacarías Cervantes Chilpancingo  

Unos 300 periodistas de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua, Perú y México exigieron, en una carta enviada al presidente Vicente Fox y al gobernador René Juárez Cisneros, el esclarecimiento del asesinato del periodista Leodegario Aguilera Lucas y castigo a los responsables.

Los trabajadores de los medios de información de 25 estados mexicanos y de ocho países denuncian, asimismo, en el documento denominado Ni uno más, que con el asesinato del director de la revista Mundo Político ya son cuatro los comunicadores que han sido asesinados en México en lo que va del año, por lo que exigen al presidente Vicente Fox que cumpla con garantizar la libertad de expresión, “seriamente atacada en varios estados”.

“Expresamos nuestra indignación por el brutal asesinato del periodista Leodegario Aguilera, cuyo cuerpo fue encontrado en Acapulco, el miércoles 8 de septiembre de 2004”, señala el escrito firmado, entre otros periodistas mexicanos, por Joaquín López Doriga, Pablo Latapí y Carlos Loret de Mola.

En el texto, que habría sido enviado ayer mediante correo electrónico a las autoridades estatales, con copia para organizaciones de periodistas del estado, los comunicadores condenan el asesinato de Leodegario Aguilera Lucas y exigen justicia.

“Que se emprenda una investigación seria y a profundidad, y que los culpables sean llevados a juicio para que no sea la impunidad la que aliente nuevos ataques”, señala el documento.

Agrega que “en tanto las agresiones en contra de periodistas continúen, la libertad de expresión en México está en entredicho”.

En el documento, los comunicadores hacen un exhorto al Congreso de la Unión para que apruebe cuanto antes la iniciativa sobre violaciones graves a los derechos humanos, que permitiría que los asesinatos de periodistas fuesen atraídos por las autoridades federales.

Y es que –señalan– las autoridades locales que han sido denunciadas por los asesinatos de periodistas, y en otros casos por agresiones, “no pueden ser las mismas que investiguen esos ataques”.