Culpa Bejarano al gobierno federal de no haber actuado contra Abarca

El dirigente de Izquierda Democrática Nacional (IDN) y nuevo secretario de Acción Política Estratégica del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, René Bejarano Martínez, manifestó que la omisión del gobierno federal para actuar en contra del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por el asesinato de tres líderes sociales en junio del 2013, entre ellos el perredista Arturo Hernández Cardona, fue por intereses políticos.
También negó que su corriente le haya negado apoyo a la regidora de ese municipio, Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda del dirigente de la Unidad Popular (UP), como ella lo denunció en su momento, situación que, además, la obligó a ya no asumirse como militante del PRD.
–La regidora dice que ella renunció a su corriente luego de que usted le diera la espalda a pesar de que le denunció que había problemas con el alcalde –dijo un reportero en la breve entrevista que concedió el líder perredista.
–Nosotros siempre hemos apoyado a Sofía, la apoyaremos, sé que tiene diferencias con otra parte de su familia, la respeto, la queremos mucho y siempre hemos buscado ayudarla permanentemente a ella, a sus hijas y a otras personas.
Bejarano Martínez fue abordado ayer por reporteros al concluir la sesión del CEN del PRD en la ciudad de Iguala, tras la conferencia de prensa en la que el dirigente nacional del partido, Carlos Navarrete Ruiz, dio lectura a una declaración política en la que condenó los hechos violentos en ese municipio.
Cuestionado sobre la situación que prevalece en la ciudad, donde la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre fueron ejecutadas seis personas, 25 resultaron lesionadas y 43 normalistas fueron desaparecidos, responsabilizó al gobierno federal de no haber actuado antes, cuando ya había señalamientos en contra del alcalde, a quien se le vincula con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
Recordó que cuando Hernández Cardona (miembro de IDN) fue ejecutado junto a dos compañeros más de la UP, él llevó el tema con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para solicitarles que la federación atrajera las investigaciones iniciadas por el gobierno del estado.
El líder de IDN mencionó que cuando informó a los funcionarios federales sobre este caso, responsabilizó directamente a José Luis Abarca y al secretario de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez, y pese a esto su solicitud no prosperó y el alcalde de Iguala continuó en funciones. Actualmente ambos funcionarios están prófugos de la justicia.
Incluso dijo que el pleno del Senado solicitó por unanimidad a la PGR que atrajera esas investigaciones, “yo se lo pedí personalmente al procurador, le dije lo que había sucedido, que había un alcalde que físicamente estaba siendo señalado, una imputación directa de haber asesinado a una persona, se lo dije al secretario de Gobernación y uno vía notarial también lo denunció y nada hicieron”.
Hizo referencia también a la intervención de la Red Solidaria Década contra la Impunidad que encabeza el obispo Raúl Vera López, organización que asesoró a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes del atentado tras los nulos avances en las investigaciones del gobierno del estado; “veo omisión, había pruebas, acusaciones. Es muy grave”, insistió.
El primer señalamiento concreto en contra del alcalde de Iguala por la ejecución de Hernández Cardona surgió en octubre del año pasado, cuando la Red Solidaria dio a conocer en el DF la denuncia notariada de Nicolás Villa Mendoza, quien presenció cuando el edil disparó personalmente un arma de fuego en contra del líder social, luego de haber levantado a ocho integrantes de la UP.
Aseguró que el asesinato de Hernández Cardona y sus compañeros de la UP fue producto de una venganza, “porque estaban luchando por derechos sociales, pedía fertilizante para los campesinos”.
–¿Por qué cree que el gobierno federal no actuó?
–Por razones políticas.
Respecto a la exigencia de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que exigen la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero por su presunta responsabilidad en la ejecución de tres estudiantes y la desaparición de 43 más en Iguala, no quiso emitir una opinión y se limitó a responder que será una determinación personal del mandatario. (Redacción / Iguala).