Da trámite el Congreso a la solicitud de desafuero de José Luis Abarca

*Fue turnada ayer a la Comisión Instructora que preside el priista Omar Flores Majul. Aprueban los diputados un pronunciamiento de indignación y solidaridad con las víctimas de la matanza y desaparición de normalistas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Congreso local dio trámite a la solicitud para iniciar el procedimiento para la declaración de procedencia de desafuero del presidente municipal con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, que envió el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La solicitud enviada por el gobernador a través del vicefiscal de Control Regional y Procedimientos Penales, Víctor Jorge León Maldonado, fue turnada ayer a la Comisión Instructora que preside el priista Omar Flores Majul.
El funcionario de la fiscalía estatal acudió ayer al Congreso para reunirse con los diputados que dictaminarán el asunto, a quienes les solicitó celeridad en el caso, porque se le acusa al ex alcalde de omisiones graves.
El Congreso aprobó un pronunciamiento en torno a los hechos ocurridos en Iguala en el que manifiesta su indignación y solidaridad con las víctimas.
También se pronunció por el esclarecimiento de los hechos, “la exigencia de justicia y el castigo de los responsables materiales e intelectuales”.
El único que votó en contra fue el diputado por el PRD Antonio Gaspar, porque consideró que más que un pronunciamiento debería ser un planteamiento concreto a las autoridades investigadoras para que den resultados, “porque todos hacen planteamientos”.
Diputados del PRI, PRD y de Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero se separe de su cargo tras los hechos violentos ocurridos en Iguala, en los que fueron asesinadas seis personas, tres de ellos estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y desparecidos 43 de ellos.
A pesar de que la mayoría de los diputados coincidieron en que podría generarse inestabilidad si hay una separación de Aguirre Rivero del poder, el coordinador de los diputados de MC, Mario Ramos del Carmen, fue más allá y dijo en tribuna que ya pasaron los tiempos en los que “por capricho” o  diferencias políticas partidarias “se desplazaban a los gobernadores”.
Dijo que ahora se vive una “realidad política distinta en la que se privilegian los derechos de los ciudadanos” y que sería un “lamentable y vergonzoso precedente” la remoción del gobernador o aceptar una licencia que por presiones políticas pudiera presentar.
Lo dijo después de leer los articulados de la Constitución que apuntan que son los ciudadanos los que confieren a sus gobernantes la autoridad y que ésta “emana de la voluntad popular”.
El priista Héctor Astudillo Flores insistió en no partidizar el tema, y entonces rememoró que perteneció a la 46 legislatura local, cuando era gobernador Rubén Figueroa Alcocer, que a mitad de su periodo se vio obligado a pedir licencia por la presión social generada a partir de que se que dio a conocer un video en el que se observa la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas a manos de policías estatales.
Y les dijo a los perredistas: “recuerdo perfectamente cuál fue la actitud de quienes en ese entonces no eran mayoría frente a acontecimientos en donde hubo circunstancias en donde fallecieron algunas personas”, dijo en referencia a la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas.
Y les pidió que se preguntaran “¿cuál es el papel del Congreso?”, y les recordó entonces que en la Constitución del estado se establecen las responsabilidades de los servidores públicos, las cuales convocó a leer, que son de carácter político, la penal, administrativa y la civil.
El priista afirmó que en casos de crisis como el que se vive en el estado  y en Iguala, “cuando empezamos a plantear que uno se vaya para que otro se quede”, dijo que las instituciones se debilitan, atrasa y el estado queda sin rumbo y sin orientación, defendió Astudillo Flores.
Dijo que a pesar de que las manifestaciones de los afectados y los grupos y sectores que los respaldan son justificadas, “entorpece la vida política del estado”.
Por eso llamó a construir “un acuerdo, pensando en las elecciones de 2015”, porque dijo que se deben crear las condiciones para que se puedan realizar las elecciones del próximo año, “imaginémonos transitar a la elección en las condiciones en las que estamos hoy” y se evite “una contaminación de los temas de los que hoy se habla”.
La preocupación del diputado local y aspirante priista a la gubernatura es para “crear un gran acuerdo”, y que en el proceso electoral próximo “evitemos a toda costa que los recursos públicos no se vayan a desviar para las elecciones”.
Dijo que no es una idea descabellada, aunque provocó que varios de los asistentes a la sesión, entre ellos algunos diputados, se rieran por el llamado.
Y reclamó a uno de los diputados perredistas, de quien no quiso decir su nombre pero la mirada se dirigió al lugar donde la fracción tiene sus espacios, y molesto regañó: “no porque no esté hablando un compañero que no es de mi partido, nos estemos riendo, eso me parece muy grave, porque entonces vemos el asunto como algo que nos importa un cacahuate, yo creo que el tamaño del problema no amerita que nadie se esté riendo en esta sesión”, aunque en ese caso ya no hablaba de los hechos violentos ocurridos en Iguala sino de no desviar recursos públicos, tema del que en campaña la mayoría de los partidos se acusan.
Pidió a los diputados asistentes a la sesión que se colocaran “unos segundos y utilicemos nuestra sensibilidad y nuestra imaginación” para reflexionar el “dolor y consternación” de los familiares de las víctimas que fueron asesinadas a tiros por policías municipales de Iguala vinculados con grupos criminales.
Aunque reconoció que no podrían imaginar lo que las víctimas “si a alguno de nuestros cercanos se le hubiera dado el tratamiento que se le dieron a los jóvenes y a las personas que fallecieron recientemente”, dijo que si así fuera no podrían encontrar una justificación de lo que se dio.
En ese caso les dijo que había dos rutas, la más cómoda que les planteó sería el quedarse callados o reiterar su “indignación”.
Y dijo que la que actualmente tiene el Congreso es la que dicen las leyes y los invitó a “hacer exhortos cuantas veces sea necesario para atender a las víctimas”, y dijo que tienen una responsabilidad moral como “representantes populares”.

Diputado del PRD se autocensura por temor

Por su parte, Nicanor Adame Serrano, del PRD, dijo que sería criminal que los hechos violentos que ocurrieron en Iguala se politicen y pidió al pleno “un posicionamiento o un pronunciamiento” como 60 legislatura y no sólo como grupos parlamentarios, como se hizo en la sesión del 30 de septiembre, y pidió a la Comisión de Gobierno que sesione para emitirlo.
Nicanor Adame se autocensuró para hablar del problema de la inseguridad en Iguala, porque “es muy delicado más cuando no traemos escoltas ni protección”, por lo que dijo que debería ser la Comisión de Gobierno la que hablara a nombre del Congreso, incluyendo la indignación y la solidaridad con los jóvenes asesinados, los desaparecidos y heridos, y también pronunciarse por el esclarecimiento de los hechos.
En la postura plantea que se incluya la exigencia de justicia y castigo a los responsables, y que en nombre del Congreso se solicite la observancia de las investigaciones y esclarecimiento de los hechos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Planteó que es necesario para que no haya dudas de los resultados de las investigaciones y los resultados y no sean cuestionados por la sociedad, pero sobre todo por las víctimas y los familiares.
“Pudiera decir más cosas pero nos las vamos a reservar, porque ya lo dije hace un rato, nosotros pasamos por ahí, por Iguala seguido y no traemos escolta, no traemos protección”, dijo.
Aunque recordó que la ley les da “el privilegio de que nuestras opiniones no pueden ser reconvenidas”, priorizó su seguridad personal y se autocensuró por temor a represalias, e insistió en que se deben sanear las instituciones que se encargan de la seguridad pública en el estado y en el país.
Por su parte la perredista Abelina López Rodríguez se dijo una mujer de lucha, pero dijo que la separación del cargo del gobernador Ángel Aguirre no le devolvería la vida a los muertos en Iguala.
El petista Jorge Salazar Marchán dijo que  el Congreso está actuando muy tarde como la reacción y apoyo de la federación, y también responsabilizó al Estado que “criminaliza y denosta a la protesta social y ese ambiente generó una opinión pública que dice que tienen permiso de matar a quienes desde hace años se viene señalando”.
El pleno del Congreso aprobó en su sesión de ayer otorgar a la ex legisladora local y federal, la priista Guadalupe Gómez Maganda, la Presea Eduardo Neri Reynoso, que se entregará el próximo lunes 13 de octubre.