Tomás Tenorio Galindo

La población indígena

Están marginados del trabajo, la educación y la salud, y no conocen el drenaje ni la electricidad. Carecen de ingresos y escasamente se las arreglan con una alimentación de sobrevivencia. En las zonas urbanas deambulan como en un mundo ajeno, presas del alcoholismo y de la discriminación.

Esa es la oprobiosa realidad de los indígenas en Guerrero. En el cuadro nacional constituyen el diez por ciento de la población, y un porcentaje similar en el estado.

Los datos oficiales indican que los indígenas no sólo viven en comunidades aisladas, lo que los mantiene en perpetuo estado de marginación, sino que sus ingresos son escalofriantemente magros.

En Guerrero, el 33 por ciento de los indígenas ocupados no tiene ingresos económicos, y otro 32 por ciento obtiene menos de un salario mínimo. Es decir, el 65 por ciento de los indígenas que trabajan ganan un salario mínimo o nada. Estas cifras arrojarían un ingreso familiar promedio de aproximadamente 10 mil pesos anuales entre los indígenas guerrerenses.

El gobierno del estado debe explicar por qué en Guerrero la escolaridad de los indígenas es de apenas 2.2 años, cuando el promedio del estado es de 6 años y el del país de 7.8 años. Y de pasada, el gobierno debe explicar también por qué el gasto en educación es tan reducido que representa menos de la mitad del que destinan otras entidades como Baja California, Nuevo León o Jalisco, que se sitúa por encima del 30 por ciento de su presupuesto.

Esta realidad es de sobra conocida, pero nadie se hace cargo de ella. En temporada electoral, los indígenas son materia de discurso, pero en el ejercicio de gobierno son relegados a un olvido derogatorio.

A juzgar por los datos, las políticas para la población indígena aplicadas hasta ahora por el gobierno del estado han fracasado estrepitosamente. El hecho es que en la práctica los indígenas no forman parte de las preocupaciones de la clase política en el poder.

La posibilidad de que en los comicios de febrero próximo se forme un gobierno de alternancia, poniendo fin a la hegemonía del PRI, ofrece la coyuntura para que en esta materia también se produzca una transformación. Los indígenas deben ser considerados como lo que son: parte constitutiva del estado, como lo es cualquier otro sector.

Ningún proyecto de gobierno, pero sobre todo el que presente la oposición, estará completo si no incluye propuestas para incorporar a los indígenas al desarrollo del estado. El mejoramiento de las condiciones de vida de la población indígena es un objetivo inexcusable en la coyuntura de la posible alternancia política.

Mientras no se observe la situación de la población indígena con otros ojos, se seguirá cercenando a una parte minoritaria pero sumamente importante del estado.

Quizás sea ésta la deuda más dolorosa de todo gobierno. Sin embargo, pese al conocimiento de esta durísima realidad, la duda persiste: ¿estarán los indígenas presentes en los programas de los partidos que se disputan la gubernatura? ¿Lo estarán más allá del discurso y del cálculo electoral? Ya lo sabremos.

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