Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Los desaparecidos sin defensa

El lunes 30 de agosto se celebró el Día Internacional del Desaparecido. Se conmemoraron los 40 años del comienzo de las desapariciones en América Latina, sobre lo cual desde luego México no es la excepción.

Internacionalmente existe un día del desaparecido justamente por la huella que esta grave violación ha dejado en la historia. El factor común que ayer y hoy hemos vivido las sociedades latinoamericanas ha sido la impunidad en la gran mayoría de las desapariciones, por eso hoy en día aún nos preguntamos ¿dónde están los desaparecidos?

La desaparición forzada ha dejado huella en la historia por su carácter pluriofensivo. Desaparecer a una persona es un acto aberrante, con características infrahumanas. Consiste en secuestrar a alguien que generalmente se considera peligroso para las instituciones establecidas, llevarlo a un sitio de reclusión clandestino, negar la detención y mantenerlo total y absolutamente separado del mundo exterior, disponer de él o de ella al arbitrio de los captores infiriéndole cualquier tipo de tortura (física o psicológica) con el propósito de arrancarle información, una confesión o simplemente para atemorizar a la sociedad. Todo ello sin sujetarse a las normas vigentes en el país y en el ámbito internacional.

Ha sido un método utilizado por funcionarios públicos con el poder del Estado y desde el Estado con múltiples finalidades, principalmente, combatir movimientos de oposición, investigar y perseguir delitos. Por ello el acceso a la justicia en este tipo de casos es aún más difícil, porque la causa que atormenta a la víctima y a sus familiares es producida por autoridades que paradójicamente están obligadas a proteger y velar por los derechos humanos de la ciudadanía.

México, y en particular Guerrero, no ha sido ajeno a esta realidad, es un problema del pasado y de la actualidad. Guerrero reporta el mayor número de casos de detenidos-desaparecidos de la denominada guerra sucia, los propios estudios oficiales así lo determinan, basta recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe sobre los desaparecidos de las décadas de los 60, 70 y 80, maneja la cifra de 332 casos.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de personas de la Organización de Naciones Unidas reporta que en el año de 1997 México ocupó el tercer lugar sobre desapariciones forzadas e incluso que entre los años de 1996 a 1998 se recibió información sobre 115 casos.

En Guerrero por desgracia es un problema actual, en los últimos años se han documentado por lo menos 17 casos de desaparición forzada de personas, los cuales han arrojado la responsabilidad de una veintena de agentes de la Policía Judicial del Estado, dentro de los que destacan dos directores de la Policía Judicial.

Pese a esta realidad y al clamor de los familiares de desaparecidos en términos de obtener justicia, el Poder Legislativo no ha respondido en Guerrero. Ha sido la sociedad civil organizada la que ha abanderado las propuestas sustantivas en torno al castigo y erradicación de la desaparición forzada de personas. En diciembre del 2003 varias organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales dimos inicio a la Campaña Estatal para la tipificación de la desaparición forzada como delito para Guerrero, sin embargo ha sido la ausencia de voluntad política y la falta de compromiso con los derechos humanos de las fracciones parlamentarias la que ha impedido que la propuesta ciudadana de Ley Especial sobre desaparición forzada sea dictaminada y aprobada.

A pesar de que organizaciones como Amnistía Internacional y el mismo Representante de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos han expresado su beneplácito por la propuesta ciudadana de Ley Especial y sobre todo la urgencia en que se establezcan medidas para erradicar esta grave violación en Guerrero, parece ser que el Congreso del Estado sigue legislando desde los intereses del Ejecutivo y no como poder autónomo, pues resulta evidente por una parte que el grupo parlamentario priísta ha sido el que más se ha opuesto a la Ley Especial y por otra que las fracciones parlamentarias de oposición tampoco han asumido un papel comprometido que impulse el tema de la desaparición forzada en la agenda legislativa.

Sorprende y desconcierta que el paquete de reformas enviadas por el Ejecutivo del Estado sobre el tema de seguridad pública prácticamente ya esté dictaminado y dispuesto a votación del Congreso en pleno, dejando de lado una vez más el tema de la desaparición forzada de personas.

El primero de septiembre inicia el siguiente periodo ordinario de sesiones. El compromiso público de los diputados que integran la comisión legislativa de justicia fue que dictaminarían la Ley Especial propuesta por la sociedad civil desde el anterior periodo de sesiones, es decir, claramente su palabra ha sido incumplida, por lo tanto una vez más se demanda que el tema de la desaparición forzada entre en agenda legislativa, de lo contrario Guerrero seguirá sin contar con un mecanismo jurídico que otorgue defensas a la sociedad para luchar en contra de la desaparición forzada de personas, enfatizando que el primer paso de combate a las violaciones a los derechos humanos es contar con un marco jurídico que lo permita.