Xavier Carreto A.

Ciudadanizar la ley

Este miércoles 1 de septiembre empezó por primera vez en la historia del Congreso del estado de Guerrero un tercer periodo ordinario de sesiones, el cual concluirá el próximo 15 de octubre. Nuestros diputados locales habían estado trabajando en dos periodos ordinarios de sesiones, el primero que iniciaba el 15 de noviembre y finalizaba el 15 de febrero. El segundo que principia el 1 de abril y concluye el 30 de junio. Los legisladores guerrerenses, al igual que sus homólogos federales, laboran en dos sesiones plenarias semanales de cuatro horas cada una –las cuales usualmente se prolongan cuando los asuntos a tratar en el orden del día así lo exigen–, los días martes y jueves de cada semana.

Con la integración de este nuevo periodo ordinario de actividades en nuestro Congreso local, se subsana una crítica en contra de los miembros del Poder Legislativo que era el poco tiempo que los diputados dedicaban a su desempeño en las sesiones plenarias y a las tareas legislativas, ya que el tiempo de receso era igual al de labores. Aunque existe la Comisión Permanente, integrada por 12 diputados, para atender los asuntos en los recesos, lo cierto es que las actividades en el recinto parlamentario no se notan, los diputados se justifican diciendo, como lo señala la ley, que estarán recorriendo sus distritos y haciendo gestoría a favor de sus representados, lo que no ocurre en la mayoría de los casos

La escasa actividad de los representantes populares no es el principal señalamiento en su contra que les hacen los ciudadanos, sino el sometimiento al Poder Ejecutivo y la orientación partidista que ha tenido el Congreso al estar al servicio del Partido Revolucionario Institucional y no de las siete organizaciones políticas que ahí tienen representación. Tal vez esta sea una de las explicaciones a la iniciativa que el diputado independiente Carlos Sánchez Barrios ha propuesto a sus compañeros miembros del PRD, PAN, PT, PRS y Convergencia de formar una sola fracción parlamentaria que les permita superar estas deficiencias que les han impedido defender, como es su responsabilidad, los intereses de los ciudadanos guerrerenses que mal han representado hasta ahora.

Ejemplos recientes del uso partidista del Congreso a favor del PRI es la amenaza del dirigente estatal de esta organización en contra de los alcaldes simpatizantes de la Alianza por Guerrero de mover a su grupo parlamentario para que la Auditoría General del Estado (AGE) les revise sus cuentas públicas como no lo hace con la del gobierno estatal y los ayuntamientos emanados de su partido. Asimismo, el titular de este organismo técnico del Congreso ha dado a conocer que el virtual candidato del PRD al gobierno estatal, Zeferino Torreblanca, no ha solventado recursos del erario que tuvo a su disposición durante su desempeño como alcalde del municipio de Acapulco, cuando Torreblanca cuenta con los comprobantes correspondientes. Al asumir esta actitud persecutoria en contra de los adversarios del PRI, Ignacio Rendón Romero sólo demuestra, una vez más, que no es un funcionario serio y confiable para los ciudadanos, que desempeña su trabajo con parcialidad y de manera responsable. No se podía esperar otra cosa de alguien que fue empleado de una empresa constructora que realiza obra pública y de la cual el Ejecutivo es uno de sus propietarios.

A la iniciativa de Sánchez Barrios valdría la pena, en este propósito de rectificar el camino del quehacer de nuestros legisladores, que el esfuerzo legislativo que se realiza en las reuniones de las 26 comisiones de trabajo que existen en el Congreso –las cuales están conformadas por cinco legisladores, salvo la de Gobierno y otras, como la relacionada con el seguimiento al proyecto de La Parota, en las cuales están representados los siete partidos políticos–, sean invitados académicos de las instituciones de educación superior públicas y privadas; así como los colegios de profesionistas; los empresarios y otros ciudadanos interesados en los temas que en esas reuniones se traten, pues los legisladores, aunque tienen a sus asesores, no lo saben todo. Esta sería una excelente manera de ciudadanizar la ley y estar cerca de los diputados para que sientan el respaldo y el reconocimiento a la labor que hacen.

En estos días en que la Comisión de Justicia analiza las iniciativas que ha enviado el Ejecutivo para mejorar la procuración y administración de la justicia; así como el de superar el renglón de la seguridad pública, los abogados y otros ciudadanos tienen mucho que opinar, antes de que se emitan los dictámenes correspondientes y pasen para su discusión y aprobación en el pleno.