Se estudia la legalidad de los puestos de control, dice el delegado estatal de la PGR

Teresa de la Cruz

Chilpancingo

En coincidencia con la carta del secretario de Protección y Vialidad de Acapulco, Antonio Valenzuela, publicada en la edición de ayer de El Sur, el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), José Alberto Rodríguez Calderón, justificó la no instalación de los puestos de control anunciados en que se está revisando la “legalidad” de los mismos para “no vulnerar los derechos humanos de los acapulqueños”.

El funcionario federal negó en el mismo sentido que haya descoordinación entre los jefes policiacos de la federación, el estado y el municipio, sino que sólo se están “definiendo” las condiciones para asegurar el número de agentes que participarán.

Recordó también que en Guerrero los delitos federales de mayor incidencia son la violación de la Ley de Armas de Fuegos y Explosivos en su modalidad de portación, y la distribución de drogas en su modalidad de posesión.

En entrevista luego de dar a conocer el informe sobre detenciones y decomisos correspondiente a agosto, Rodríguez Calderón, expuso que durante la reunión del pasado martes con el alcalde de Acapulo, Alberto López Rosas, los tres ámbitos de gobierno acordaron instalar puestos de revisión de automóviles y cateos para “inhibir a la gente en su intención de delinquir”.

Al preguntarle si el retraso obedecía a una falta de coordinación entre los jefes policíacos, como informaron funcionarios de la Secretaría de Protección y Vialidad, Rodríguez Calderón rechazó que esa sea la causa del retraso, “más bien se trata de cuestiones técnicas, y de ajustes para asegurar la legalidad de la revisión, con la intención de no vulnerar los derechos humanos de todos los acapulqueños”.

Además –agregó el delegado estatal– que la ejecución de las revisiones de vehículos sospechos “tiene que prepararse muy bien para que no se preste a malas interpretaciones” y para “que en poco tiempo se den resultados, pero es cuestión de un poquito de tiempo”.

Refirió que la tarea de los policías de las tres instancias de gobierno “es instalar puntos de revisión móviles y cateos a tienditas, pero antes se debe establecer las condiciones propias para que esto se haga con estricto apego a la legalidad, y no se vulneren los derechos humanos”.

Agregó que los mandos de las coorporaciones policíacas “estamos puliendo los puntos estratégicos para saber cuántos elementos van a participan, aunque, obviamente habrá más agentes de la Policía Preventiva municipal de Acapulco, le seguirán en número tanto Policías Ministeriales como estatales, y en menor grado menor presencia estarán elementos de la AFI y PFP”.

Reiteró que con la instalación de los puestos de revisión “no pretendemos perjudicar, vulnerar o dañar los derechos humanos de los acapulqueños, por el contrario se pretende disminuir el ánimo de las personas para cometer delitos”.