Se debe proceder legalmente contra los directivos de la OCVA, dicen diputados

Según las revisiones de la Auditoría General del Estado, Jesús Radilla sí presentó las facturas apócrifas, dice el perresista Heriberto Noriega Cantú

El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, el diputado Max Tejeda Martínez, y el representante del PRS, Heriberto Noriega Cantú, informaron este viernes que hay elementos suficientes para proceder legalmente y emprender procesos penales en contra de ex directivos de las Oficinas de Convenciones y Visitantes de Acapulco (OCVA), y en el caso del actual gerente, Jesús Radilla Calderón, de ser responsable de utilizar facturas apócrifas, por lo que se le debe despedir y procesarlo legalmente “de inmediato”.

El diputado Heriberto Noriega, quien comenzó el proceso legislativo en el Congreso local, señaló que en la Auditoría General del Estado (AGE) se conoce que “efectivamente la irregularidad de la OCVA es la utilización y presentación de facturas apócrifas”.

Por eso el próximo martes se presentará, ante la Comisión de Evaluación y Vigilancia de la Auditoría General del Estado, un informe sobre el estado financiero, jurídico y administrativo.

Confió que antes de septiembre se establezcan las sanciones a los directivos y ex directivos de la OCVA, y consideró que las responsabilidades que se finquen deben ir desde la amonestación pública hasta la inhabilitación, el resarcimiento del daño y la denuncia penal.

Añadió que tienen información de más irregularidades contenidas en dos informes que enviaron a las autoridades de la OCVA involucrados, las que argumentaban no se les había notificado como responsables.

Explicó que el pliego de observaciones a la OCVA que trabajarán los diputados contiene información sobre utilización de facturas apócrifas, programas de promoción turística que nunca se realizaron, e incluso dolo al ventilar en los tribunales de Estados Unidos, porque se hicieron transferencias electrónicas hasta en cuatro o cinco pagos y no aparece en los estados financieros.

Además el uso en algunas de las asociaciones hoteleras de recursos provenientes del Fondo del Impuesto al hospedaje para cubrir pagos de celulares, equipo automotriz, la adquisición de dos lanchas facturadas como nuevas que eran usadas y entregadas a una empresa en Puerto Marqués.

Dio a conocer que en un primer pliego de observaciones 14 millones 200 mil pesos no han sido solventados, y en el segundo pliego aparece que ya solventaron una parte, pero le sigue un monto mayor sin comprobar.

Por ello advirtió que en el Congreso local “no habrá solapamiento alguno en el caso de la OCVA y en el Fideicomiso del Impuesto al Hospedaje y del CIA, porque se están rebasando todos los obstáculos y reticencias que se pudieron haber encontrado”.

Por las irregularidades –dijo– la OCVA como asociación social no puede manejar el Impuesto Sobre la Renta, no puede manejar recursos públicos, por eso debemos pensar en una Oficina de Convenciones y Visitantes con otra naturaleza jurídica, en la que participe el sector público enmarcado en el Consejo de Promoción Turística que maneja la nueva ley de turismo.

Mientras que el panista Max Tejeda Martínez dijo desconocer sobre la utilización de facturas apócrifas de parte de nuevo gerente de la OCVA, Jesús Radilla Calderón.

Pero también informó que el próximo martes se reunirá la Comisión de Evaluación y Vigilancia de la AGE para citar a los directivos anteriores y que expliquen   sobre las irregularidades, “porque ellos le echan la bolita a los otros directivos, así que se debe decidir quiénes son los culpables”.

Consideró que si el gerente de la OCVA, Jesús Radilla, utilizó facturas apócrifas “se le debe despedir y procesarlo de                 inmediatamente de ser legalmente posible”.

En su caso, opinó que las OCVA, desde un principio se dijo en el Congreso del Estado que debido a que siguen los actos de corrupción debe pasar a manos del gobierno y de la Secretaría de Turismo.

Dio a conocer que la AGE ya les envió un proyecto jurídico “en el que establece que procede la acción penal en contra de los directivos de la OCVA, pero no quiso revelar los nombres para no ponerlos en alerta”.