Insta Amnistía Internacional a candidatos a debatir sobre derechos humanos y la guerra al narcotráfico

Gloria Leticia Díaz / Agencia Proceso

Ciudad de México

El representante en México de Amnistía Internacional (AI), Alberto Herrera Aragón, emplazó a los candidatos a la Presidencia a poner en el centro del debate la defensa de los derechos humanos y el replanteamiento de la lucha contra el narcotráfico.
En la presentación del Informe 2012. El estado de los derechos humanos en el mundo, específicamente el capítulo sobre México, Herrera Aragón manifestó la preocupación de AI por “la ausencia de los derechos humanos en el debate electoral”.
Antes, destacó que la “deuda acumulada” del Estado mexicano en esa materia “tiene proporciones de escándalo”.
Luego de recordar que el año pasado murieron unas 12 mil personas a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, el activista comentó que, a 37 días de la jornada electoral, aún hay tiempo para que los candidatos “incluyan, en sus proyectos de gobierno, reformas y política cruciales que contribuyan a poner fin a la gravísima situación que enfrenta el país”.
A seis meses de que concluya el sexenio, Alberto Herrera criticó que, al declarar la guerra a los cárteles del narcotráfico, Felipe Calderón “no haya tomado precauciones para evitar violaciones a derechos humanos, que eran previsibles desde el momento en que decidió lanzar a las calles a 50 mil militares, y garantizar que si esto llegara a ocurrir, esas agresiones no quedaran en la impunidad”.
Para el defensor “definitivamente tiene que haber un replanteamiento de la estrategia de seguridad, el cual tiene que partir del retiro progresivo de las fuerzas armadas, a mediano y corto plazos, así como llevar a juicio, en el fuero ordinario, a los militares violadores de derechos humanos, pues la impunidad es el campo fértil para que los abusos se propaguen como fuego con pólvora en este país”.
En el capítulo dedicado a México, AI documentó diversas violaciones a derechos humanos cometidos en 2012, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a miembros de las fuerzas armadas.
Asimismo, documentó torturas, ataques a defensores y periodistas y abusos a comunidades indígenas. También declaró como presos de conciencia a dos defensores del agua: José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz.