Se presenta grupo de derechos humanos que cuestiona la actuación de las autoridades en Iguala

Mariana Labastida

Integrantes de la asociación civil Comisión Nacional de Derechos Humanos Lázaro Cárdenas del Río, que se presentaron como un grupo que buscará denunciar la violación de los derechos humanos de los ciudadanos, cuestionaron a las autoridades estatales porque dejaron pasar más de una semana para iniciar un juicio de procedencia contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y lo dejaron escapar.
También cuestionaron que si Iguala es un pueblo pequeño, las autoridades militares y federales no se hayan dado cuenta de los ataques a los normalistas.
En conferencia de prensa en el zócalo de Acapulco, los integrantes de la nueva asociación civil que busca defender los derechos humanos, y que entre sus integrantes está el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Enrique González Ruiz, y quien se presentó como fundador del Ejército Sandinista de Liberación Nacional, en Nicaragua, José Ovidio Fuente León.
La Comisión Lázaro Cárdenas del Río es presidida por José Luis González Meza, quien era representante legal de los ejidatarios de Icacos, que reclaman una indemnización por los terrenos utilizados por el Ejército para la construcción de las instalaciones de la Novena Zona Militar.
González Meza cuestionó el porqué la Procuraduría protegió al alcalde de Iguala, José Luis Abarca y permitió que se fuera, después de los hechos en los que se agredieron a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y murieron seis personas, entre ellos estudiantes, un deportista y civiles, además de dejar 20 heridos y 43 desaparecidos.
“Hay complicidad de la Procuraduría en los hechos, porque el alcalde estuvo dos o tres días más paseándose como Juan por su casa, ¿por qué no se le citó, por qué no iniciaron el proceso para quitarle el fuero?, ¿no les parece demasiado protector?”, dijo González Meza.
Agregó que también hay protección por parte del Congreso local, que no actuó por si solo, sino que esperaron a la Procuraduría.
Indicó que se trasladarán a Iguala, para pedir que les permitan ver el expediente de la investigación, que estarán enviando informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en San José de Costa Rica, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, propondrán a las familias de las víctimas, tanto de los que murieron como los que se encuentran desaparecidos, demandar al Estado por daños y perjuicios por 10 millones de pesos por cada caso.
También informó que iniciaran un procedimiento legal y denuncias contra el presidente Enrique Peña Nieto, por los casos de la muerte de la niña Paulette, el despojo a la comunidad indígena de Chimalhuacan, de 80 hectáreas, cuando era gobernador y la “misteriosa” muerte de cuatro de sus guardaespaldas en Veracruz.