Desde mayo de 2013, las advertencias de Aguirre contra los narcoalcaldes

*Desde entonces sólo hubo una detención, la del presidente municipal perredista de Cuetzala, Feliciano Álvarez Mecino, que ocurrió casi un año después, el 8 de abril pasado

Hace 17 meses el gobernador Ángel Aguirre Rivero señaló que había alcaldes de la región Norte vinculados con la delincuencia organizada y los llamó a deslindarse, porque junto con el gobierno federal actuaría contra las autoridades involucradas, y hace poco más de un mes su vocero, José Villanueva Manzanares, aseguró que de los 81 alcaldes, funcionarios y legisladores de Guerrero, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ya sabía quiénes tenían nexos.
El 27 de mayo del 2013 el gobernador Aguirre Rivero dijo en una gira de trabajo por la región de la Costa Grande que los alcaldes de la zona Norte del estado tendrían que deslindarse de la delincuencia organizada, porque tenía informes de que había presidentes municipales ligados al narcotráfico.
Afirmó que junto con el gobierno federal actuaría contra cualquier autoridad involucrada con la delincuencia organizada, y adelantó que al siguiente día se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto porque ese problema era de carácter federal.
En entrevista sobre las declaraciones que había hecho días antes el alcalde perredista de Cuetzala, Feliciano Álvarez Mecino, en las que aseguraba que estaba considerando separarse del cargo porque el 10 de abril había sido amenazado por un grupo delincuencial y el gobernador no le prestaba atención, Aguirre Rivero aseguró que le daría su apoyo.
“Pero también en algunos casos, ciertos alcaldes deben de deslindarse sobre su actuación, porque hay ahí información que estamos recibiendo, que tendremos que procesarla, profundizarla, investigarla, yo quiero ser muy enfático: cualquier autoridad, de cualquier ámbito, que se vea involucrada también en actos en donde participa la delincuencia organizada, con la federación habremos de actuar sin ningún temor y de manera resuelta”, dijo.
El jueves 7 de noviembre del año pasado, Álvarez Mecino se quejó porque el gobernador no lo recibía para hablar de la violencia que le impedía despachar en el municipio, pero tres días después, El Sur informó que en un comunicado el gobierno estatal recriminó las declaraciones del alcalde, y le advirtió que estaba incumpliendo lo que le mandataba la ley por despachar fuera de Cuetzala, porque sí había seguridad.
El 22 de febrero en estas páginas se informó que Villanueva Manzanares sostuvo que el gobierno federal ya había iniciado las investigaciones en torno a los 81 alcaldes, aunque no dio más detalles.
“Hay una investigación abierta pero para todos los alcaldes de los ayuntamientos de Guerrero, para saber si están involucrados con el crimen organizado, esa investigación es permanente. A los presidentes municipales de los 81 municipios se les investiga”, puntualizó el vocero en una entrevista.
El 8 de abril, el alcalde de Cuetzala fue detenido por sus nexos con La Familia Michoacana y el 12 de abril, sobre la detención, Aguirre Rivero dijo que cada quien debía asumir su responsabilidad si comete actos delictivos, y de la investigación de otros 15 alcaldes por parte de la federación que reveló días antes la revista Proceso, el gobernador respondió que “está en su derecho”.
“Yo no voy a defender a nadie, quienes tengan alguna situación en que se vean implicados en delitos de diverso orden, pues tendrán que responder y tendrán que asumirlo”, respondió sobre la detención y agregó: “trátese de quien se trate, aun si se tratara de funcionarios de mi gobierno o se tratara de otro tipo de funcionarios, todos estamos rasados con la misma ley”, afirmó.
Después, el 2 de mayo, se informó que el vocero estatal dijo que la investigación también incluía a todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno y legisladores, que se realizarían detenciones de alcaldes y funcionarios públicos, “si hay las pruebas suficientes”, y que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y los órganos de inteligencia estatal y federal tenían la obligación de investigarlos.
“No solamente para presidentes, y eso señálelo muy bien, porque luego dicen que nomás ando atrás de los presidentes yo declarando, es para todos los funcionarios públicos federales, estatales y municipales, incluso legisladores, todos, todos están sujetos a investigación y son investigados en su función pero también en su relación con cualquier grupo criminal”, respondió molesto a reporteros de Chilpancingo que le preguntaban sobre el avance en las investigaciones.
Hace poco más de un mes, el 1 de septiembre, El Sur publicó que Villanueva Manzanares declaró que la SEIDO, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), ya conocía quiénes eran los alcaldes involucrados con el crimen organizado.
Aseguró que el gobierno de Guerrero insistió en que la federación actuara, detuviera y aplicara la ley a los alcaldes, funcionarios y aspirantes a candidatos antes de que inicie el proceso electoral, para que no se considere que se trata de acciones con “sesgo político”.
En esa entrevista, el vocero dijo que los datos de las investigaciones mostraban que “sí hay algunas autoridades municipales involucradas”, y al insistirle en cómo van las pesquisas, respondió que las hacían las autoridades federales, que no podía dar más información ni decir el número de alcaldes que ya se confirmó que están involucrados, pero que ya había avances. (Redacción / Acapulco).