Los gobiernos de Guerrero y federal dejaron a “un criminal en la alcaldía”, acusa el obispo Vera

*La tragedia pudo haberse evitado, dice el presidente de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad. Al día siguiente de la matanza un comando entró a la casa del sobreviviente que señaló a Abarca, denuncia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Nicolás Mendoza Villa, sobreviviente del secuestro de ocho activistas de Unidad Popular (UP) en Iguala, tres de ellos asesinados, ha cambiado de domicilio seis veces, la última la madrugada del 27 de septiembre –luego de la matanza de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y civiles en Iguala–, cuando hombres armados irrumpieron en la casa que ocupaba, denunció la Red Solidaria Década Contra la Impunidad que encabeza el obispo de Saltillo Raúl Vera López.
Mediante un comunicado, la organización detalló que un comando entró la madrugada del sábado 27 en la última residencia donde buscó refugio desde que denunció que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó el secuestro de los luchadores sociales, ejecutó personalmente al dirigente Arturo Hernández y su intención era asesinarlos a todos, en junio de 2013.
En noviembre de ese año, recordó que se dio a conocer un documento notariado donde el testigo señaló al ex alcalde como asesino de Hernández Cardona.
Se informó que Mendoza Villa pudo escapar, pero sigue sin protección oficial, a pesar de que su vida está en mayor riesgo por su testimonio contra el alcalde que ahora está prófugo por los ataques a balazos contra estudiantes y civiles, con un saldo de seis muertos, 25 heridos y la desaparición de 43 normalistas fue fueron detenidos por los policías municipales de Iguala.
En este tenor, precisó que en marzo de este año, Mendoza Villa rindió su declaración ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), como lo solicitaron las autoridades locales, y no ante la Procuraduría General de la República (PGR), como se publicó en El Sur el 7 de octubre.
Añadió que en junio la PGR atrajo el caso, “pero el testigo Nicolás Mendoza Villa no ha declarado ante la PGR todavía”.
En declaraciones telefónicas, el obispo Vera subrayó que se pudieron evitar los hechos violentos de la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre, “es una pena, da pena, tristeza e indignación que estas cosas las tengan que padecer las familias, los jóvenes; esta angustia de las familias que no saben dónde están sus hijos y los que tienen jóvenes asesinados. Es penoso porque eso se podría evitar”.
Responsabilizó de estos ataques al gobierno de Guerrero, “que permitió que ese truhán siguiera al mando de la alcaldía”, así como al gobierno federal “porque nosotros le pedimos que atrajera el caso, y diera protección a las familias, y no lo hizo”.
Añadió que cuando el criminal está en el mismo estado, es responsabilidad de la federación hacer justicia, “porque tenían que haber actuado y no dejar a un criminal (en el gobierno municipal)… no se puede tener a un asesino en un puesto público”.
Indicó que seguirá pidiendo garantías para el único testigo que se atrevió a declarar en el secuestro y homicidio de tres activistas de UP.
En el comunicado que firma con la secretaría técnica de la RSDCIAC, Magdalena López Paulino, lamentan la omisión con la que el Estado mexicano ha enfrentado el caso de los activistas sociales de la UP, “pues ha dejado en total impunidad este crimen, a pesar de que hubo un señalamiento directo hacia el alcalde de Iguala, y se aportaron otras pruebas para esclarecer el delito, capturar y juzgar a los culpables”.
Demandando justicia en el crimen contra los luchadores sociales, por los asesinatos de los jóvenes normalistas y de las personas que transitaban por las calles de Iguala, así como la aparición con vida de los 43 estudiantes, “no más impunidad en casos como estos que para lo único que sirve es para alentar la violencia criminal de los luchadores sociales”.
Recordaron que los activistas secuestrados fueron Arturo Her-nández Cardona, Félix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez, Héctor Arroyo Del-gado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Men-doza Villa y Jimmy Castrejón.
Los tres primeros fueron asesinados, y sus cuerpos encontrados el día 3 de junio de 2013, en la carretera federal Chilpan-cingo-Iguala. Los cinco restantes lograron escapar cuando los llevaban para ejecutarlos, y uno de ellos se comunicó con un defensor de derechos humanos de Guerrero.
Ante la ausencia de apoyo en la entidad, señalaron que la regidora Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda de Hernández Cardona, solicitó el apoyo legal de la RSDCIAC, cuyas acciones han tenido el respaldo de organismos internacionales como CEJIL, HRW y WOLA.
Finalmente “lamentaron de-claraciones de diferentes actores, que lo único que están haciendo es aumentar el riesgo en que se encontraba ya el testigo Nicolás Mendoza Villa y su familia”.