Declara el Congreso procedente el desafuero de Abarca Velázquez para ser aprehendido

Hugo Pacheco León

Iguala

Ayer en dos sesiones, sin discusión y por unanimidad, los 38 diputados del Congreso del estado aprobaron el dictamen de la Comisión Instructora en función de Examen Previo, por el cual se admitió y declaró procedente la solicitud de juicio de responsabilidad penal, presentada por la Fiscalía General del Estado en contra del alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, para desaforarlo por encontrar pruebas de que es el autor intelectual de los homicidios de tres normalistas, un joven deportista, un chofer y una mujer y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En consecuencia se declaró “ha lugar a la incoación del procedimiento”, que admite la denuncia de responsabilidad penal para el retiro de la inmunidad constitucional, es decir, el también llamado fuero constitucional al servidor público denunciado y así permitir con ello, la pronta administración de la justicia.
Luego de aprobarse por unanimidad el dictamen, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Arizmendi de MC, lo turnó a la Comisión Instructora, que se hará cargo del proceso de desafuero que dura dos meses.
Pero el gobernador se dio cuenta que en dos meses la presión social y política podría definir su permanencia en el gobierno y por ello urgió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a apresurar el desafuero del alcalde.
La FGE envió el pasado miércoles al Congreso local al vicefiscal Víctor Jorge León Maldonado a solicitar la revocación de mandato contra el alcalde José Luis Abarca, que es un procedimiento que dura apenas cinco días.
Así, esperan en la FGE que el jueves de la semana próxima, en sesión aprueben el desafuero del alcalde igualteco, que es la primera ruta que seguirá la Comisión Instructora, aunque la segunda ruta marcada por el juicio de responsabilidad penal la seguirán pero sin mayor presión hasta diciembre próximo.
La solicitud de revocación de mandato cuyo procedimiento está previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, ya no pasó al pleno, porque esa Comisión realiza un procedimiento “sumario” y la Oficialía Mayor le giró directamente la petición de la FGE, explicó un asesor de la Comisión Instructora.
Por ello, este viernes el Congreso local notificará al alcalde –por todos los medios– del inicio del procedimiento de revocación de mandato, que empieza con un plazo de cinco días –del sábado 11 al miércoles 15– para la presentación de pruebas y alegatos, y el jueves 16 se presentaría al pleno el dictamen aprobatorio.
En la primera sesión también se aprobó crear la Comisión Especial para dar seguimiento “a las investigaciones acerca de los hechos violentos ocurridos en la ciudad de Iguala”, que integrarán los diputados Emiliano Díaz del Panal, Arturo Alvarez Angli del PVEM, Evencio Romero del MC, Jorge Camacho del PAN y Tomás Hernández Palma del PRD, y se les tomó protesta.
El dictamen elaborado por la Comisión Instructora en función de Examen Previo, que fue aprobado, indica que fue solicitado por la FGE el pasado 6 de octubre al Congreso local, a través del vicefiscal Víctor Jorge León Maldonado.
Por lo anterior, se resuelve desaforar al alcalde “para ejercer acción penal en contra del alcalde y el juez del fuero común en turno, esté en condiciones de analizar el pliego de consignación que en su oportunidad se elaborará para que en su caso, se libre la orden de aprehensión correspondiente”.
Se define que la probable responsabilidad penal del alcalde de Iguala es por “la comisión por omisión de los delitos de homicidio calificado”, que “ha quedado debidamente acreditada en autos, con todos y cada uno de los elementos de prueba que obran en la indagatoria de mérito, con las cuales se demostró el cuerpo de los delitos analizados…”.
Y establecen que: “…de los medios probatorios, se deduce la intervención de José Luis Abarca Velázquez, como autor intelectual en virtud de que se encontraba en posibilidades de suspender o continuar el curso de su acción”.
Luego señalan los diputados en el dictamen: “Se trata de un hecho de trascendencia que afecta a la sociedad, es decir, se trata de un hecho criminoso que se le imputa a un servidor público que puede trastornar la vida social de los guerrerenses, por la Comisión por Omisión comprobada por la solicitud emitida por el denunciante y solventada por la averiguación previa número HID/SC/02/0993/2014 y de las múltiples probanzas presentadas”.
En el dictamen los diputados no transcribieron los elementos aportados por la FGE, con el argumento de que ya estaban señaladas en la averiguación previa, “donde se acreditan los delitos imputados”.