Aguirre se lanza contra el gobierno federal y Peña le responde

*Declara el Congreso que procede el desafuero de Abarca, quien consigue un amparo provisional

*Lo acusa la Fiscalía por homicidio, lesiones y desaparición forzada

*Los gobiernos estatal y federal dejaron a “un criminal en la alcaldía”, acusa el obispo Raúl Vera

*Detiene la PGR a cuatro involucrados; captura la Marina a El Molón, líder de Guerreros Unidos y cuñado del alcalde

*El  gobierno del estado pone obstáculos a los forenses argentinos, dice Tlachinollan

*Toma la CETEG oficinas en la capital; insiste en la salida de Aguirre

El gobierno federal sabía del narco en el gobierno de Iguala, contrataca Aguirre

*También lo acusa del asesinato de los dos normalistas en diciembre de 2012 y reivindica la versión de López Rosas. Propone una consulta para que los guerrerenses decidan si se va o se queda. Si después del alcalde cae el gobernador, “¿quién sigue?” del gobierno federal, pregunta. Arenga a asistentes a un acto de entrega de recursos para proyectos productivos donde le gritan “no estás solo”

Daniel Velázquez

El gobernador Ángel Aguire Rivero rompió lanzas con el gobierno federal al que acusó de conocer de la presencia del crimen organizado en el gobierno de Iguala, lo responsabilizó de la muerte de dos normalistas en le represión del 12 de diciembre de 2011, y ante las voces que exigen su renuncia preguntó: ¿quién sigue después de que caigan el alcalde y el gobernador?
En este contexto propuso que se someta a consulta popular su permanencia en el cargo y que el Instituto Nacional Electoral (INE) lleve a cabo ese ejercicio, el cual dijo será un “parteaguas” en la vida política del país.
En un discurso, el gobernador reconoció que el ambiente en Guerrero está “muy crispado” y dijo que él se suma a las “expresiones de mucha rabia, de mucho coraje y de mucha tristeza no sólo en el ámbito de Guerrero sino a nivel nacional”, que han ocasionado los “condenables” ataques de la policía municipal de Iguala contra los normalistas el pasado 26 y 27 de septiembre.
Señaló que la  Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Ejército saben de los alcaldes vinculados con el narcotráfico porque están dentro del Grupo Coordinación Guerrero, donde un “sinnúmero de veces” él habló de ese problema.
Reiteró que la Fiscalía General del Estado lo primero que hizo fue la detención de los 300 policías municipales de Iguala, a los que desarmó y tomó su declaración, “y reflejo de ello es que más de 30 de éstos se encuentran debidamente consignados”.
“El gobierno actuó en el momento en que se requería su presencia”, destacó.
Reiteró que el esquema policial de Mando Único no se aplicó en Iguala porque el alcalde con licencia, José Luis Abarca Velázquez, “hoy en fuga”, no tuvo la voluntad de concretarlo.
“Hoy podemos entenderlo cada vez mas porque efectivamente la policía se encontraba totalmente infiltrada por la delincuencia organizada, esa fue la principal razón por la que no se pudo seguir dando los pasos necesarios para poder consolidar el Mando Único en la ciudad de Iguala”, dijo.
Aguirre también justifico que las autoridades estatales no pudieron detener a Abarca Velázquez porque la ley establece que primero debe ser desaforado.
Nuevamente en un acto público el gobernador empleó su discurso para defenderse de quienes piden que salga del gobierno, y dijo que su campaña no fue financiada por el narco, que no conoce al que se señala como su primo y jefe de plaza del narcotráfico en Acapulco, Víctor Aguirre, y que no va a permitir que los columnistas del Distrito Federal traten de dañar a su familia, a una persona o a un proyecto de gobierno.
Dijo que está a favor de que en la investigación “se vaya al fondo del asunto y se castigue con todo el peso de la ley a quien tenga alguna responsabilidad”.
“Lo que nunca voy a admitir es que se me quiera llamar asesino o represor, no lo voy a permitir porque es una imagen que se ha venido construyendo desde que se dieron los lamentables hechos donde perdieron la vida dos estudiantes de Ayotzinapa (Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús), un trabajador de una gasolinera, hoy en esta coyuntura exijo nuevamente que organismos internacionales de derechos humanos hagan la reapertura de este caso y que se conozca también quiénes cometieron este atroz crimen tanto del trabajador de la gasolinera como de los dos jóvenes de la escuela normal rural de Ayotzinapa”, expresó.
Criticó que se hacen señalamientos sin haber concluido las investigaciones, las que demuestran “que la policía del estado no tuvo participación alguna”.
Ayer, los reporteros fueron convocados a una conferencia de prensa de autoridades estatales en el Centro de Convenciones Mundo Imperial de Acapulco, pero allí estaba programada una entrega de recursos para proyectos productivos de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría del Trabajo.
Como ocurrió el pasado lunes, los asistentes gritaron vivas y porras para el gobernador, y esta vez fueron taxistas de la Organizaciones Unidas de Autos de Alquiler (OUAA) los que manifestaron su apoyo con hojas tamaño carta en las que se leía “gobernador, no estás solo, estamos contigo”.

“No me voy a ir por los opinotecnócratas”

“Quiero dejar muy en claro hoy la postura a aquellos que desde el centro de la ciudad (sic por del país) principalmente señalan que el gobernador se debe de ir, pero yo no me voy a ir por los opinotecnócratas o por aquellos que desconocen nuestra realidad”, dijo.
En ese momento los asistentes le aplaudieron y gritaron “Aguirre amigo el pueblo está contigo”.
Luego agregó que su cargo de gobernador se lo dieron los guerrerenses “y estoy dispuesto, desde ahora se los digo, a que se someta una consulta nacional (sic por estatal) sobre revocación de mandato organizada por el Ins-tituto Nacional Electoral y que sean los guerrerenses los que determinen si debo quedarme o me debo de ir”.
Los asistentes corearon en tres ocasiones “no estás solo”.
“Hoy soy sujeto de una serie de embestidas para tratar de desprestigiarnos más, hace poco salió el video de una señora donde habla que yo recibí financiamiento en mi campaña por parte de la delincuencia organizada, lo niego categóricamente y exijo a la Pro-curaduría General de la República que se investigue y que se investigue a fondo, ya el procurador general de la República descalificó ese video”, dijo.
“Y mañana dirán también que hay un señor que opera en la plaza de aquí de Acapulco, que todo mundo sabe quién es y que se llama Víctor Aguirre, y que van a decir que es primo del gobernador, al señor, desde ahora lo puedo decir, ni siquiera lo conozco y seré el primero en que se investigue y se castigue a quien se tenga que castigar, yo no voy a proteger a ningún delincuente, como nunca he ordenado matar o asesinar estudiantes o a nadie, esa nunca ha sido mi forma de proceder, soy un hombre que conoce la realidad de Guerrero y que muchas veces este tipo de fenómenos tan dolorosos son producto de la descomposición social que se vive en la sociedad mexicana y en la sociedad guerrerense y que se agudiza evidentemente en una entidad tan pobre, con tantos rezagos como el estado de Guerrero, es una realidad que no la podemos soslayar”, manifestó.
“Daré la cara las veces que sea necesario, no tengo nada que ocultar ni de que esconderme, cuando se sepa la verdad se acallarán aquellas voces que hoy por anticipado nos señalan con índice de fuego”, y nuevamente los asistentes interrumpieron con gritos de “no estás solo” y “viva Ángel Aguirre” y una porra.
“La justicia y la verdad habrá de imponerse y nosotros seguiremos trabajando con la misma intensidad con que lo hicimos desde el primer día, la marcha de Guerrero, más allá de los lamentables acontecimientos, condenables acontecimientos de la ciudad de Iguala, pronto se sabrá la verdad y ahí estaremos para enfrentarla”, dijo el gobernador.
“Cuenta con nuestro apoyo gober”, le gritó una mujer.
“Muchas gracias”, le dijo el gobernador, y continuó su discurso.
“Ahí estaremos para enfrentarla con temple, con entereza, con gallardía y repito, no voy a andarme escondiendo absolutamente de nada, aquí estoy para contestar y responder lo que tenga que responder, pero no voy a permitir que por opiniones fundamentalmente de columnistas del centro del país se trate de dañar y distorsionar completamente a una persona, a una familia y sobre todo a un proyecto de gobierno, no vamos a cejar en ese propósito, lo quisieron hacer cuando se dio el primer acontecimiento de Ayot-zinapa, era muy fácil, échenle la culpa al gobierno del estado, y hemos podido demostrar y esa lucha la ha encabezado el licenciado Alberto López Rosas, para decir que no tuvimos ninguna responsabilidad y ahora en esta búsqueda a ver a quién le cortamos la cabeza”, añadió.
López Rosas, actual secretario del Trabajo y quien fungía como procurador del estado en 2011 cuando fueron asesinados los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ha sostenido que llos mataronfueron policías federales y no policías ministeriales como determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su investigación.

Agradece el gobernador el apoyo de “miles de guerrerenses”

Aguirre Rivero continuó: “Al presidente municipal huyendo se le tendrá que detener y se le tendrá que aplicar la ley al secretario de Seguridad Publica municipal (Felipe Flores Velázquez), y ¿quién sigue?, ¿el gobernador?, y luego ¿quién sigue?, repito, este país es un país de leyes y a ellas nos debemos de sujetar, yo agradezco todas las muestras de apoyo, de solidaridad de miles de guerrerenses que me lo han expresado por diversas vías, a ellos les digo estoy en esa disposición, ábrase un proceso de consulta en Guerrero que marcaría un parteaguas en la historia del país y de la nación, hagamos la consulta y que esa consulta, invocando el 35 constitucional y con la participación de un organismo imparcial, sean los guerrerenses los que decidan si Aguirre se va o se queda”.
En su intervención el gobernador insistió en que la PGR, el Cisen y el Ejército están informados sobre los alcaldes vinculados con la delincuencia organizada porque están en el Grupo Coordinación Guerrero donde un “sinnúmero de veces” se habló de ese problema.
Se refirió a las críticas hechas por comentaristas de medios nacionales del porqué el gobierno del estado no denunció antes ante el gobierno federal la presencia del crimen organizado en los gobiernos municipales.
“Le consta lo mismo al delegado de la PGR, al delegado del Cisen y a altos mandos militares que una y mil veces, un sinnúmero de veces dijimos que era necesario que se actuara con determinación no sólo en Iguala sino en varios municipios que sabemos perfectamente bien se encuentran cooptados por parte de la delincuencia organizada”, subrayó.
Dijo que el gobierno del estado con sus “limitaciones” ha enfrentado el problema de la delincuencia organizada “y lo seguiremos haciendo”.
En el salón hubo unas cien personas que con cartulinas, gritos y porras le expresaron su apoyo.
Los beneficiados fueron afectados por las marejadas quienes recibieron algunos bienes como cocinas para sus restaurantes, además de recursos para incentivar proyectos agroindustriales de café, harina de maíz, miel, coco, mango y ajonjolí, con una inversión de 54 millones de pesos.
En una breve participación el empresario igualteco José Romero Miranda pidió que se esclarezca lo sucedido en Iguala a los estudiantes normalistas.

Ya se solicitó el desafuero del alcalde de Iguala por homicidio, lesiones y desaparicón forzada: Iñaky

*Tienen orden de aprehensión el secretario de Seguridad Pública de Iguala, el director, el supervisor de turno y el policía Segundo por los ataques, informa Iñaky Blanco. Todavía no saben por qué la Policía Municipal de Iguala y el grupo delictivo Guerreros Unidos atacaron a los normalistas, agrega

Daniel Velázquez

El fiscal general del estado, Iñaky Blanco Cabrera, informó que se solicitó al Congreso local el juicio de procedencia, más conocido como desafuero, contra el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por su probable responsabilidad en los delitos de “homicidio, lesiones y desaparición forzada” contra estudiantes y futbolistas la noche del 26 de septiembre.
El fiscal hizo el anuncio a pesar de que el procurador de la República, Jesús Murillo Karam informó, este miércoles, que no necesita que el Congreso del estado lo desafore, porque la Procuraduría General de la República (PGR) tiene la facultad de detenerlo “porque su fuero es estatal”.
“Con sus conductas y omisiones (el alcalde perredista José Luis Abarca) vulneró constante y sistemáticamente las garantías individuales de la población”, declaró ayer Iñaky Blanco.
En conferencia de prensa en las oficinas de la Promotora Turística (Protur), acompañado por el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, Blanco Cabrera repitió que Abarca Velázquez “fue omiso en tomar los cuidados o recaudos necesarios para preservar la integridad física de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y de la población en su conjunto, lo cual se tradujo en la comisión de múltiples conductas ilícitas”.
Agregó que de acuerdo con las obligaciones constitucionales de Abarca Velázquez como alcalde y superior jerárquico de la Secretaría de Seguridad Pública, “tuvo la obligación jurídica de actuar para evitar el resultado típico, siendo de destacar lo que declaró en distintos medios de comunicación de que prefirió seguir en una fiesta, posteriormente retirarse a cenar y luego a dormir, por lo tanto la Fiscalía General estima que se encuentra debidamente acreditado que teniendo la calidad de garante, el señor Abarca Velázquez fue omiso en su deber, dejando a merced de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (municipal) a las hoy víctimas, y ello trajo como resultado seis homicidios, 25 lesionados y a 43 estudiantes en calidad de desaparecidos”.
Blanco Cabrera justificó que la Fiscalía no detuviera a Abarca Velázquez porque “por desgracia” tiene fuero “(la Fiscalía) no podía detenerlo ni procesarlo penalmente, el haberlo hecho era tanto como incurrir en alguna responsabilidad de corte penal”.
Reiteró que hay una orden de aprehensión contra el secretario de Seguridad Pública,  Felipe Flores Velázquez, el director de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, el supervisor de turno Alejandro Tenaxcalco Mejía y el policía segundo Luis Francisco Martínez Díaz, “por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en el agravio de seis personas”, los cuatro están prófugos.

No ha concluido la investigación pero hay avances importantes, dice

El fiscal General del Estado, Iñaky Blanco Cabrera dijo que la investigación de los ataques de la Policía Municipal de Iguala contra los estudiantes normalistas que dejó a seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos, no está concluida y que hay avances importantes.
“Seguramente el gobernador se refiere a que la Fiscalía reaccionó de inmediato, al día siguiente nosotros habíamos asegurado a 22 elementos de la Policía Municipal, nosotros hemos estado generando información de manera constante y haciéndola del conocimiento de los distintos medios de comunicación, nosotros también fuimos quienes detuvimos a cuatro integrantes de la organización Guerreros Unidos, quienes nos señalan cuál fue su grado de participación en los hechos y nos señalan hasta qué grado estaba involucrado, infiltrado este grupo de la delincuencia organizada en la Policía Municipal de Iguala, yo entiendo que se refiere a un avance importante en los resultados y que queda claro que quienes agreden, esto también lo puedo decir en razón de las periciales, y también son responsables de la agresión a otras personas como son los integrantes del equipo de futbol Los Avispones, son elementos de Seguridad Pública Municipal e integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos”.
En la conferencia, el fiscal volvió a decir que están detenidos 30 probables responsables del asesinato de seis personas en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. Los detenidos son 22 policías municipales, cuatro agentes de Tránsito y cuatro civiles acusados de pertenecer al grupo delictivo Guerreros Unidos.
Los detenidos, Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Verde, dijo el fiscal aceptaron pertenecer al grupo delictivo Guerreros Unidos y haber participado en secuestros y homicidios. Fueron puestos a disposición de la SEIDO.

Los gobiernos de Guerrero y federal dejaron a “un criminal en la alcaldía”, acusa el obispo Vera

*La tragedia pudo haberse evitado, dice el presidente de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad. Al día siguiente de la matanza un comando entró a la casa del sobreviviente que señaló a Abarca, denuncia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Nicolás Mendoza Villa, sobreviviente del secuestro de ocho activistas de Unidad Popular (UP) en Iguala, tres de ellos asesinados, ha cambiado de domicilio seis veces, la última la madrugada del 27 de septiembre –luego de la matanza de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y civiles en Iguala–, cuando hombres armados irrumpieron en la casa que ocupaba, denunció la Red Solidaria Década Contra la Impunidad que encabeza el obispo de Saltillo Raúl Vera López.
Mediante un comunicado, la organización detalló que un comando entró la madrugada del sábado 27 en la última residencia donde buscó refugio desde que denunció que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó el secuestro de los luchadores sociales, ejecutó personalmente al dirigente Arturo Hernández y su intención era asesinarlos a todos, en junio de 2013.
En noviembre de ese año, recordó que se dio a conocer un documento notariado donde el testigo señaló al ex alcalde como asesino de Hernández Cardona.
Se informó que Mendoza Villa pudo escapar, pero sigue sin protección oficial, a pesar de que  su vida está en mayor riesgo por su testimonio contra el alcalde que ahora está prófugo por los ataques a balazos contra estudiantes y civiles, con un saldo de seis muertos, 25 heridos y la desaparición de 43 normalistas fue fueron detenidos por los policías municipales de Iguala.
En este tenor, precisó que en marzo de este año, Mendoza Villa rindió su declaración ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), como lo solicitaron las autoridades locales, y no ante la Procuraduría General de la República (PGR), como se publicó en El Sur el 7 de octubre.
Añadió que en junio la PGR atrajo el caso, “pero el testigo Nicolás Mendoza Villa no ha declarado ante la PGR todavía”.
En declaraciones telefónicas, el obispo Vera subrayó que se pudieron evitar los hechos violentos de la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre, “es una pena, da pena, tristeza e indignación que estas cosas las tengan que padecer las familias, los jóvenes; esta angustia de las familias que no saben dónde están sus hijos y los que tienen jóvenes asesinados. Es penoso porque eso se podría evitar”.
Responsabilizó de estos ataques al gobierno de Guerrero, “que permitió que ese truhán siguiera al mando de la alcaldía”, así como al gobierno federal “porque nosotros le pedimos que atrajera el caso, y diera protección a las familias, y no lo hizo”.
Añadió que cuando el criminal está en el mismo estado, es responsabilidad de la federación hacer justicia, “porque tenían que haber actuado y no dejar a un criminal (en el gobierno municipal)… no se puede tener a un asesino en un puesto público”.
Indicó que seguirá pidiendo garantías para el único testigo que se atrevió a declarar en el secuestro y homicidio de tres activistas de UP.
En el comunicado que firma con la secretaría técnica de la RSDCIAC, Magdalena López Paulino, lamentan la omisión con la que el Estado mexicano ha enfrentado el caso de los activistas sociales de la UP, “pues ha dejado en total impunidad este crimen, a pesar de que hubo un señalamiento directo hacia el alcalde de Iguala, y se aportaron otras pruebas para esclarecer el delito, capturar y juzgar a los culpables”.
Demandando justicia en el crimen contra los luchadores sociales, por los asesinatos de los jóvenes normalistas y de las personas que transitaban por las calles de Iguala, así como la aparición con vida de los 43 estudiantes, “no más impunidad en casos como estos que para lo único que sirve es para alentar la violencia criminal de los luchadores sociales”.
Recordaron que los activistas secuestrados fueron Arturo Her-nández Cardona, Félix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez, Héctor Arroyo Del-gado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Men-doza Villa y Jimmy Castrejón.
Los tres primeros fueron asesinados, y sus cuerpos encontrados el día 3 de junio de  2013, en la carretera federal Chilpan-cingo-Iguala. Los cinco restantes lograron escapar cuando los llevaban para ejecutarlos, y uno de ellos se comunicó con un defensor de derechos humanos de Guerrero.
Ante la ausencia de apoyo en la entidad, señalaron que la regidora Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda de Hernández Cardona, solicitó el apoyo legal de la RSDCIAC, cuyas acciones han tenido el respaldo de organismos internacionales como CEJIL, HRW y WOLA.
Finalmente “lamentaron de-claraciones de diferentes actores, que lo único que están haciendo es aumentar el riesgo en que se encontraba ya el testigo Nicolás Mendoza Villa y su familia”.

Detiene la PGR a cuatro por los ataques de Iguala; hallan otras cuatro fosas con restos quemados

*Se instalaron mesas de trabajo de dependencias del gobierno federal como la Gendarmería, el Ejército y la Secretaría de Marina, que se mantendrán de manera permanente en esa ciudad, informa el jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Evita el procurador Murillo Karam precisar cuántos cuerpos se han encontrado pero revela que las excavaciones están “relativamente” cerca de las primeras. Aún están en la etapa de identificación de los líderes de Guerreros Unidos, indica

Redacción

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que ayer fueron detenidas otras cuatro personas involucradas en la matanza de Iguala y la desaparición de 43 normalistas, quienes revelaron la ubicación de otras cuatro fosas clandestinas con restos humanos quemados.
Dijo que capturaron a cuatro sospechosos relacionados con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes señalaron la ubicación de las nuevas fosas pero aseguró que aún no pueden afirmar que se trate de los estudiantes desaparecidos, como declararon los detenidos.
“No podemos confirmar si es cierto que se trate de los restos de los estudiantes”, expuso.
Agregó que la investigación por el asesinato de los integrantes de Unidad Popular fue atraído también por la federación y será investigado.
Por su parte, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio afirmó que entre los principales objetivos están la localización del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y el ex secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez, y que hasta ayer sumaban 34 detenidos.
En una conferencia de prensa minutos antes de las 4 de la tarde de ayer, el procurador dijo que la Porcuraduría General de la República (PGR) intervino hasta el momento en el que la Fiscalía del estado puso a su disposición los hechos del asesinato de integrantes de Unidad Popular (UP), entre ellos el perredista Arturo Hernández Cardona, porque tenía conocimiento de un homicidio previo que sigue en calidad de averiguación previa en el estado y “una buena parte de la investigación es sobre esta averiguación que se relaciona con los hechos”.
Dijo que en octubre le fue planteado a la PGR, que parecía un homicidio simple por lo que era competencia del fuero común, pero “a partir de hoy forma parte del caso federal y también formará parte de nuestra propia investigación”, y que la instrucción plena es terminar lo más pronto posible la investigación, determinar las responsabilidades y hacer valer la ley penal en todos los casos.
En su intervención, Zerón de Lucio dijo que por instrucción del procurador se instalaron mesas de trabajo de dependencias del gobierno federal como la Gendarmería, el Ejército y la Secretaría de Marina, que se mantendrán de manera permanente en Iguala, una estrategia de alto nivel, otra de gabinete en la que se analiza la información y otra de investigación y operación, además de la información que aporta la Fiscalía estatal.
“Parte de los objetivos que tenemos es la identificación, la ubicación y detención del presidente municipal, de su esposa y del secretario de seguridad, así como un número ya también determinado de objetivos”, sostuvo.
En la sesión de preguntas de reporteros, Murillo Karam precisó que los cuatro detenidos intervinieron en los hechos delictivos, no son policías municipales y se debe precisar su filiación, y que las primeras fosas eran cinco y no seis, por lo que hasta ayer sumaban nueve.
De los cuatro detenidos dijo que no precisaron a cuántos estudiantes normalistas asesinaron porque defienden que su participación fue “relativa”, pero subrayó que “nos llevaron al lugar donde hay unas fosas, eso ya le da a usted un índice de lo que puede haber sucedido”.
Murillo Karam tampoco quiso precisar cuántos cuerpos se han hallado porque en las cinco primeras fosas había restos y en las cuatro nuevas se utilizó “exactamente el mismo procedimiento”, en referencia a los cuerpos quemados. Dijo que estaban ubicadas “cerca de Iguala” y están “relativamente” cerca de las primeras fosas.
Sobre si saben si el ex alcalde aún está en Guerrero o en el país, dijo que “la preocupación mayor que tenemos” es la detención de todos los posibles responsables y que están relacionando la averiguación por homicidio que tenía la Fiscalía estatal para integrarla en la investigación federal.
Después precisó que a los tres los están buscando para que declaren, que no se trata de un mandamiento ministerial porque aún no hay una orden de aprehensión, pero hay muchos hechos concretos que los obligan a buscar su declaración como “el simple hecho de que no aparezcan”.
Dijo que se debe esperar a que declaren y la PGR tenga las bases para determinar los delitos por los que podrían ser acusados, que no habían terminado de trabajar en las primeras fosas y las nuevas no necesariamente descartan las anteriores, y que aún estaban en etapa de identificación de los líderes de Guerreros Unidos.
Descartó que ya haya un solo móvil por la matanza y desaparición de normalistas, pues hay varias líneas de investigación, y tampoco se puede precisar el tiempo en que se harán las identificaciones de ADN porque fueron calcinados y eso dificulta la precisión, pero ofreció que lo harán a la mayor brevedad posible.
Aseguró que ya estaban recabando el material genético de los familiares para hacer la comparación con los cuerpos hallados.
A pregunta expresa negó que no se esté dejando participar a especialistas forenses argentinos, porque tiene mucha confianza en ellos, y de la comisión civil independiente que se propone para la investigación, el procurador dijo que estaría “encantado” porque todas las aportaciones son bienvenidas.

Peritos y policías científicos y tácticos operan en Iguala, informan

Zerón de Lucio aseguró que estas mesas buscarán determinar el número de estudiantes no localizados, y las personas que ya aparecieron para que hagan las declaraciones necesarias para seguir la investigación.
Dijo que han definido “objetivos” para la ubicación y detención de personas, como fue ayer con cuatro presuntos delincuentes, y ya hay 34 detenidos relacionados con los hechos, y que la instrucción es agotar todas las líneas de investigación. Detalló que están en la zona 35 peritos y ayer se agregaron 10 para investigar en las nuevas fosas.
Afirmó que también hay una célula de inteligencia de campo y la Comisión Nacional de Seguridad ha desplegado a 400 policías federales tácticos, de investigación y de la Policía Científica, así como a 35 de la zona militar del Ejército.

Captura la Marina a El Molón, líder de Guerreros Unidos y cuñado del alcalde de Iguala

Salomón Pineda Villa, El Molón, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos y cuñado del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue detenido este jueves en Cuernavaca, Morelos.
Elementos de la Secretaría de Marina capturaron al hermano de María de los Ángeles Pineda Villa y a tres personas más, en una operación que supuestamente duró apenas 10 minutos.
Se trata de cuatro detenidos que participaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasado, según dio a conocer esta misma tarde la Procuraduría General de la República (PGR).
En rueda de prensa, el titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, señaló que con los testimonios de los indiciados se logró obtener información de otras cuatro fosas con restos humanos calcinados, igual que las descubiertas la semana pasada, donde se encontraron 28 cuerpos.
No obstante, dijo que es prematuro afirmar que se trate de los normalistas, a pesar de que las personas capturadas así lo aseguraron.
“No podemos confirmar si es cierto que se trate de los restos de los estudiantes”, dijo Murillo Karam, y comentó que la PGR emitió una orden de presentación y localización contra el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y el jefe de la Policía Municipal, para que declaren ante el Ministerio Público Federal. (Agencia Proceso / Ciudad de México).

Crean una Comisión Civil para buscar a desaparecidos de Ayotzinapa; mantendrá diálogo con los gobiernos

*El  gobierno del estado pone obstáculos a los forenses argentinos para reconocer a los 28 cuerpos encontrados en fosas  clandestinas de Iguala, denuncia Tlachinollan. El ataque a los normalistas es un problema de Estado que se tiene que asumir como tal, dice un estudiante y recrimina la tardanza del gobierno federal para intervenir en el caso

Jacob Morales Antonio

Ciudad de México

El comité de estudiantes y de familiares de los 43 detenidos-desaparecidos en Iguala, de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, presentaron ayer en la Ciudad de México la Comisión Civil para la búsqueda de los desaparecidos, integrada por académicos y representantes de organizaciones de derechos humanos que desde ayer mantendrán el diálogo con los gobiernos Federal y Estatal.
El representante del Centro de Defensa de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra denunció que el  gobierno del estado pone obstáculos a los forenses argentinos para reconocer a los 28 cuerpos encontrados en fosas  clandestinas de Iguala, porque no les permiten su registro en la Fiscalía General del Estado.
Ayer Tlachinollan, los estudiantes y padres de Ayotzinapa ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones de la organización de defensa de derechos humanos Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), luego de que el subsecretario de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda Nava no acudió al encuentro programado para el medio día de ayer, a donde tampoco asistieron autoridades estatales para dar a conocer los avances de las investigaciones.
Según el comité de alumnos, el funcionario federal confirmó su asistencia y se desconoce por qué no llegó.
A la reunión tampoco llegaron los  padres de familia porque el miércoles durante la marcha en la Ciudad de México se sintieron acosados por los reporteros que se abalanzaron sobre ellos para saber de sus hijos desaparecidos la noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, informó una fuente.
El estudiante Omar García Velázquez lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto en un mensaje al respecto, mostró su indignación y dijo que intervendría de inmediato en el caso, pero la inasistencia de Miranda Nava demuestra el desinterés del gobierno federal en la búsqueda de los normalistas detenidos-desaparecidos y el castigo a los responsables de la matanza donde perdieron la vida seis personas, entre ellos tres normalistas.
Abundó que las autoridades federales y estatales no han informado de los avances de las investigaciones.
Expresó que el ataque a los normalistas es un problema de Estado que se tiene que asumir como tal. Recriminó la tardanza del gobierno federal para intervenir en el caso, porque diez días después fue cuando atrajo las investigaciones “y debió de haber intervenido en el momento”.
El estudiante dijo que el comité de estudiantes seguirá en movilizaciones para demandar justicia a sus compañeros  y la presentación con vida de los  detenidos-desaparecidos, a la par del trabajo que realice la comisión civil para la búsqueda de los desaparecidos.
En su participación, Vidulfo Rosales denunció que el gobierno del estado obstaculiza los trabajos de los médicos forenses argentinos encargados de identificar los 28 cadáveres hallados quemados en fosas en Iguala, porque el Ministerio Público del estado no les otorga la acreditación oficial como peritos.
“Los ministerios públicos carecen de una perspectiva de derechos humanos, no están a la altura para investigar la desaparición”, afirmó, y lamentó la falta de información de las autoridades del estado y la federación para los estudiantes y padres de los desaparecidos.
Expresó que no aceptarán un peritaje si no está avalado por el equipo de forenses argentinos.
De por qué los policías dispararon contra los estudiantes cuando regresaban de Iguala tras detener tres autobuses, afirmó que aún desconocen los motivos, pero la orden fue  de los mandos policiacos, según las declaraciones de los 22  policías detenidos.
El abogado dijo que no hay respuesta a la solicitud entregada a la Segob, donde demandaron la integración de un equipo profesional para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
En breves declaraciones, el abogado confirmó amenazas y ofrecimientos del gobierno del estado a los familiares de los estudiantes desaparecidos para que dejen de protestar, tras la denuncia de familiares de ocho estudiantes de Tecoanapa.
Del llamado que han hecho organismos internacionales sobre la masacre de Iguala dijo que los ataques a normalistas y futbolistas en esa ciudad dan una magnitud de la violación de los derechos humanos que hay en México, y demuestran que hay gran preocupación internacional de lo que ocurre en el país.
En su participación, el coordinador de la comisión de búsqueda Miguel Concha Malo expresó que los estudiantes “fueron asesinados de manera extrajudicial”, y  es un crimen “del que es responsable el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno”.
“Se exige una rendición de cuenta (…) de todo México que no puede aceptar que se sigan cometiendo delitos que han sido calificados de lesa humanidad” y exigió al gobierno federal que entable una inmediata comunicación con ellos.

Los integrantes de la comisión de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos

El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier  Sicilia, el  director de Amnistía Internacional (AI) en México, Perseo Quiroz y Chasel Colorado, el director del Centro de los Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, Ximena Antillón y Jaqueline Sáenz, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) Santiago Aguirre y Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales y Abel Barrera, además de la activista Cristina Jardaga son parte de la comisión de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.
Además, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Fernando Ríos y Michael Chamberlain; de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), Blanca Martínez, y el académico Carlos Fazio.
El antropólogo Gilberto López y Rivas, el historiador Adolfo Gilly, del grupo Paz con Democracia Magdalena Gómez, del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortez, y  de Servicios y Asesoría para La Paz, Miguel Álvarez, Dolores González y Alberto Solís.

Heridos, desaparecidos y asesinados

En la rueda de prensa de ayer se nombró a los 43 desaparecidos, 42 de ellos de la academia de primero y uno de la academia de segundo de la Normal Rural de Ayotzinapa.
También dieron a conocer la lista de los estudiantes que se encuentran hospitalizados de gravedad: Aldo Gutierrez Solano, quien tiene muerte cerebral y Edgar Andrés Vargas, quien recibió un balazo en rostro.
Además de los normalistas heridos Fernando Marín Benítez, y Jonatan Maldonado Hernández, quienes recibieron disparos en los brazos y manos.
El comité de estudiantes recordó a los estudiantes asesinados, Daniel Solís Gallardo, Julio César Nava y Julio César Mondragón Fuentes.

Toma la CETEG oficinas del Registro Civil y Finanzas en la capital; no participarán en la consulta de Aguirre, dicen

*Los maestros consideran que se trata de “un juego del gobierno”. Reiteran la exigencia para la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos

La mañana de este jueves 150 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron el edificio Juan N. Álvarez, en el centro capitalino, que alberga las oficinas del Registro Civil y la delegación regional de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Exigen la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que permanecen en calidad de desaparecidos, y declararon que no participarán en la consulta ciudadana que el gobernador Ángel Aguirre Rivero pretende implementar, para decidir si debe o no dejar su cargo como mandatario estatal, pues consideran que se trata de “un juego del gobierno”.
A las 11 de la mañana, 150 integrantes de la CETEG, que mantienen un plantón indefinido en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, caminó hasta el edificio Juan N. Álvarez y tomó las instalaciones.
La mayoría de los trabajadores que se encontraban en de las oficinas del Registro Civil y Finanzas abandonaron su puesto y se retiraron.
Unos cuantos trabajadores permanecieron dentro del edificio, hasta que una comisión de la CETEG entró a solicitarles que se retiraran, a lo cual accedieron.
Los maestros y trabajadores administrativos que aglutina la CETEG, cerraron con candado el acceso al edificio y colocaron dos lonas al frente del mismo, en las cuales expresaron su apoyo a los normalistas y escribieron con pinturas de aerosol en las puertas y paredes del edificio “Aguirre asesino”, “Ayotzi vive” y “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Un par de maestras colocaron una guía de hojas pegadas, que decían: “¡Hasta que aparezcan! Actúa o mañana podrían ser tus hijos”, mientras que los hombres improvisaron en una cartulina un dibujo de México en color rojo, que señalaba “narco país”.
Luego de que todos los trabajadores dentro de las oficinas del edificio se retiraron, los cetegistas se dispersaron alrededor del mismo, y en la calle 16 de Septiembre, bloqueando el paso de vehículos por un momento, e Ignacio Zaragoza, la cual se encuentra inhábil debido a que se encuentra en reparación.
Pusieron un equipo de sonido y anunciaron que quien quisiera hacer uso de la palabra, podía acercarse a emitir su mensaje de manera libre.
El profesor jubilado y abogado activo, Paulino de Jesús Ponciano, se acercó al micrófono y declaró que los responsables de las acciones en contra de los normalistas, el 26 y 27 de septiembre, son el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y el gobernador Ángel Aguirre.
Al mediodía, los miembros de la comisión política de la CETEG, Manuel Salvador Rosas Zúñiga y Saturnino García Cordero, dieron una conferencia de prensa, y el resto de los cetegistas gritaban consignas en contra del gobernador, como “Aguirre Rivero, ya vete de Guerrero”.
García Cordero informó que la demanda central de la CETEG es la presentación con vida de los 43 normalistas que desaparecieron en Iguala el 26 y 27 de septiembre, además de “justicia contundente” para los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que fueron asesinados por policías municipales y los tres civiles que cayeron durante la noche violenta.
“Esto no lo podemos seguir permitiendo (los asesinados impunes), esa es la razón de nuestra protesta. Pedimos justicia y castigo a los autores intelectuales y materiales de este crimen. No vamos a bajar la guardia de nuestras acciones, hasta ver encarcelados a los responsables”, puntualizó.
Informó que la asamblea estatal de la CETEG acordó, durante una reunión la noche del 8 de octubre, emplazar a un paro desde el día de ayer hasta el próximo lunes, para que otorguen una respuesta contundente en cuanto a la investigación que se lleva a cabo de los hechos y presenten con vida a los 43 normalistas desaparecidos; de lo contrario, responsabilizan al gobierno del estado de las acciones que puedan emprender.
Indicó que el día 15 de octubre, la CETEG convocará a organizaciones sociales y civiles a una reunión, que se llevará a cabo en la Normal Rural de Ayotzinapa, para determinar qué tipo de acciones realizarán en caso de que continúen sin obtener resultados concretos sobre el paradero de los desaparecidos, así como la identidad de los actores intelectuales y materiales de la masacre que aconteció en Iguala.
Rosas Zúñiga añadió que otro de los acuerdos de la asamblea estatal de la CETEG, es exigir la destitución inmediata del gobernador Ángel Aguirre. Además que se consensuará una demanda para la desaparición de poderes en el estado.
“Ahorita exigimos juicio político a Ángel Aguirre y al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y sobre todo, la destitución inmediata, inmediata, en esos términos. Porque también estamos hablando de más de 15 luchadores sociales que han perdido la vida dentro de estos asesinatos, explicó.
Dijo que desde el 8 de octubre, la CETEG se declaró en plantón indefinido en el Zócalo de la capital, y que han estado convocando a todo el magisterio y simpatizantes de su organización a sumarse. Al respecto, están en proceso los oficios, para concientizar a los padres de familia y que el paro de labores, así como el plantón, crezcan.
Aclaró que no están en protesta por cuestiones educativas, sino por la presentación con vida de los nordesaparecidos y la destitución del gobernador, “lo demás tendrá que determinarlo la asamblea”, dijo.
En las siete regiones hay escuelas en paro laboral, pero los cetegistas informaron que aún no tienen confirmación sobre cuáles escuelas son, sin embargo, declararon que en el transcurso de la semana esperan contar con una lista oficial de las escuelas sin actividades.
Rosas Zúñiga manifestó que desde las delegaciones regionales se han emitido amenazas a los miembros de la organización, para intimidar al resto de sus compañeros y que éstos no se unan al plantón, ni al paro laboral. Respecto a la represión, únicamente especificó que “recibieron amenazas”.
Durante la toma de las instalaciones, el delegado municipal constitucional de la comunidad Tierra Colorada, municipio de Tlacoapa, Teófilo Martínez Huerta, pidió la solidaridad de la CETEG con los habitantes de su pueblo, debido a que enfrentan una situación tensa.
Los integrantes de la CETEG le concedieron el uso de la palabra y le proporcionaron un micrófono para que expusiera la situación. Teófilo Martínez explicó que el presidente municipal, Efrén Merino Sierra, pretende hacer mal uso del terreno donde está la delegación municipal  y en el cual se construirá una primaria, preescolar y una iglesia.
Los maestros tomaron el edificio cinco horas, de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Algunas personas, que llegaron para realizar trámites en las diversas dependencias que se encuentran dentro del edificio Juan N. Álvarez, fueron informadas por parte de los cetegistas que las oficinas serían habilitadas hasta el día de hoy, los civiles comprendieron el motivo de la toma y se retiraron sin llegar a confrontaciones. (Redacción / Chilpancingo).