Provienen del propio gobierno las amenazas al abogado de Tlachinollan, aseguran ONG

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y la Red Guerrerense de Derechos Humanos (Redgro) consideraron que las amenazas que recibió el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, vineron de las autoridades.
Ambas organizaciones se manifestaron por que se le brinde mayor seguridad al coordinador del área jurídica de la Organización No Gubernamental (ONG) Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y dieron a conocer su respaldo. A este llamado se sumó el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Juan Alarcón Hernández.
El llamado pudiera ser tardío, pues ayer se publicó que Vidulfo Rosales tiene planeado abandonar el país debido a las amenazas de muerte en su contra, y a que no tiene garantías para realizar su trabajo en Guerrero, lo mismo que sus compañeros de Tlachinollan.
Con esta información, se dio a conocer que llegó un anónimo en que se amenaza al reconocido abogado de ser asesinado y hacerlo “pedacitos”, si mantiene la defensa de las indígenas violadas por militares, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández.
En el mismo documento amenazan con privarlo de la vida si mantiene también la defensa de los pueblos de los bienes comunales de Cacahuatepec, del municipio de Acapulco, en donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intenta construir la presa hidroeléctrica La Parota.
El caso más reciente de defensa de derechos humanos que tomó el abogado amenazado, es el de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en contra del gobierno del estado, pues el pasado 12 de diciembre policías ministeriales asesinaron a los jóvenes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, que participaban en una manifestación y bloqueo a la Autopista del Sol, en Chilpancingo, para demandar diálogo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero sobre demandas de educación no resueltas por el gobierno.
Así, en una hoja impresa se amenaza a Vidulfo de muerte si no deja de “difamar a las autoridades”.
La Red Todos los Derechos para Todos difundió una acción urgente, que es un llamado a organizaciones y personas para que participen en la exigencia a las autoridades del gobierno federal y estatal de garantías para el abogado Vidulfo Rosales Sierra, en la que expone que un día antes de la amenaza recibida, el abogado de Tlachinollan estuvo trabajando sobre le defensa de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
El texto de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos dice: “El 4 de mayo, Vidulfo Rosales Sierra, coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, recibió una amenaza de muerte. La amenaza anónima, mecanografiada, fue entregada en las oficinas de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, a la que pertenece el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
“En ella se hacía referencia al trabajo de defensa de los derechos humanos que Vidulfo Rosales Sierra ha realizado y, en particular, al que ha llevado a cabo para denunciar abusos de la policía y el ejército. El 3 de mayo, Vidulfo Rosales Sierra y sus colegas estuvieron revisando las causas iniciadas contra los presuntos autores del homicidio de dos estudiantes muertos a manos de las fuerzas de seguridad durante una manifestación en enero de 2012. Visitaron las dependencias de las autoridades estatales y el centro educativo al que acudían los estudiantes muertos. Este es uno de los casos que se mencionan en la amenaza. El gobierno mexicano sigue estando obligado a cumplir la orden de protección dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la seguridad de Vidulfo Rosales Sierra y otros defensores de los derechos humanos del estado de Guerrero.
“La amenaza decía: “Vidulfo. Abogadito pendejo defensor de vándalos y guerrilleros deja de estar chingando, callate el hocico o te vamos a mandar a tu tierra en pedazos. No estamos jugando, no sigas diciendo pendejadas o te vas a morir. ¿Crees que eres la gran cosa? Licenciadito de mierda, deja de difamar a las autoridades, ya nos debes varias, en todo te metes la parota, las disque mujeres violadas y ahora con los vándalos ayotzinapos callate o vete juntando tus flores por que lla t stamos [sic] siguiendo, sabemos lo que aces y donde andas. Te va a mori te vas a morir te vas a morir ja ja ja. Att. La Ley”.
Por su parte, el secretario técnico de la Redgro, Manuel Olivares, consideró que “esta amenaza es por el gobierno del estado o de un sector del gobierno federal, por eso ahora, como Vidulfo, tememos por nuestra seguridad”.
Así, como organización, piden al gobernador que se garantice la seguridad de Vidulfo, su familia y los defensores de los derechos humanos en la entidad, a la vez que se le responsabiliza de lo que les pueda suceder.
El documento, reveló, fue dejado en las instalaciones de esta ONG en la capital del estado, que se localiza a unas cinco cuadras del centro de la ciudad, en una de las avenidas más transitadas, por eso lamenta “es una amenaza para todos los de la Red”.
Llamó “a las organizaciones a sumarse a una campaña de apoyo para garantizar la seguridad de Vidulfo y de los defensores de derechos humanos en el estado”.
El dirigente de la APPG, Nicolás Chávez, expresó que “la represión y las amenazas que se dan a los luchadores sociales y defensores de los derechos humanos en Guerrero tienen que ver con el gobierno del estado. Más porque las demandas que ha enarbolado Tlachinollan han sido justificadas”.
“Nosotros exigimos medidas de protección, porque no queremos ver un desenlace que pudiéramos lamentar, como ha sucedido en el estado durante muchos años, donde los dirigentes son asesinados”, agregó.
Recordó que “Tlachinollan es un referente en la defensa de los derechos humanos, tiene repercusión internacional, ha defendido todas las actividades de reivindicación de la dignidad humana. Por eso refrendamos todo el apoyo como APPG y hacemos responsable al gobierno del estado y al gobierno federal si llegara a pasarle algo a Vidulfo Rosales, por las amenazas que están sufriendo”.
El presidente de la Codehum, Juan Alarcón, dijo: “Somos solidarios con los defensores, condenamos estas amenazas de muerte que se le han hecho y pedimos que se investiguen los hechos, que el estado haga la investigación y sí se identifique y sancione conforme a derecho, pedimos las medidas cautelares más adecuadas para que cuente con los elementos necesarios para su seguridad”.