Carlos Pérez Aguirre

Negligencia y complicidad asesina II

Con todo mi reconocimiento a Cuauhtémoc Cárdenas, líder inobjetable de la democracia la congruencia y la honestidad en este país, y que fuera objeto de una provocación injusta e inadmisible.

Es necesario que se redoblen los esfuerzos para localizar a los jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, movilizarnos todos y exigir sin tregua y contundencia, como hasta ahora lo hemos hecho los ciudadanos mexicanos y diversos pueblos del mundo. No disminuir la exigencia hasta encontrarlos es la prioridad, lo demandamos todos. Paralelamente, se debe ubicar a los autores materiales e intelectuales de este criminal suceso, y aplicar la ley para castigarlos. La responsabilidad de este monstruoso acontecimiento la tienen aquellos que no actuaron en su momento, la negligencia, la corrupción y la complicidad son los elementos que construyeron los hechos sucedidos el día 26 de septiembre en Iguala. Debemos preguntarnos ¿Cuál fue la razón por la que ninguna autoridad federal o estatal actuó en los dos momentos más evidentes –porque han existido muchos más– de impunidad?
Esos dos momentos fueron la represión y asesinatos del 12 de diciembre de 2011 y la también brutal ejecución de los líderes de Unidad Popular de Iguala; por diversas vías y medios los dos niveles de gobierno tenían información y denuncias de lo que había ocurrido, pero no se procesó a los señalados culpables, no se investigó, y además a los posibles autores de la masacre se les dejó impunes, se burló la aplicación de la justicia. Pero hoy, el gobernador acorralado en su propia telaraña de ineficiencia, negligencia y corrupción ha señalado que los normalistas ejecutados el 12 de diciembre lo fueron por policías federales, haciendo eco de las denuncias que en su momento realizó López Rosas; descalifica así también y hasta ahora las conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de las ejecuciones de Arturo Cardona y los líderes de la Unidad Popular, de acuerdo con lo denunciado por diversos personajes y medios. Los gobiernos federal y estatal tenían todos los elementos para investigar y proceder, pero no lo hicieron. Y en la actual crisis por los asesinatos y desaparición de estudiantes y ciudadanos, de nueva cuenta se actúo con torpeza y lentitud.
Por su parte, el gobernador Aguirre con su actitud demagógica pretende distraer la atención ciudadana que demanda su renuncia, proponiendo una irrealizable consulta popular para opinar sobre su permanencia. Ángel Aguirre lo sabe, no puede sostenerse en la gubernatura, está sumamente cuestionado, no cuenta ya con credibilidad, no es factor de distensión, al contrario, y lo sabe porque promueve que los beneficiarios de los programas gubernamentales lo apoyen, aun con desgano. Los funcionarios que generan marchas de apoyo a su permanencia, sólo apuntalan la necesidad de su renuncia. Ángel Aguirre se ayudaría y ayudaría a Guerrero marchándose del gobierno, pues su presencia confronta y crea vacío. Ángel Aguirre representa ese engendro que por pragmatismo o intereses económicos, o ambos, crearon Los Chuchos, y que destrozó los sueños de democracia en Guerrero al imponer candidatos y representantes a los cuales no les interesaron la ideología y los principios de la democracia, sino la de sus bolsillos, pero que ahora han destrozado además la vida de muchos jóvenes y sus familias. La responsabilidad de los sucesos de Iguala recae en los gobiernos federal y estatal, ni más ni menos.