Deslinda Aguirre a su gobierno de las amenazas al abogado de Tlachinollan

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

El gobernador Ángel Aguirre Rivero condenó ayer la amenaza de muerte que a través de un anónimo hicieron el 4 de mayo en contra de Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
El gobernador además se mostró sorprendido con el comunicado de Tlachinollan, publicado este jueves en diferentes medios de comunicación, en el que responsabiliza a su gobierno y al gobierno federal “de cualquier atentado” en contra de ese organismo.
Explicó que en una reunión que sostuvieron el miércoles a la una de la tarde en la residencia oficial Casa Guerrero, le habían pedido secrecía y por eso no convocó desde temprano a una conferencia de prensa para fijar su postura, pero Tlachinollan decidió hacerlo público y el gobierno tiene que informar de la respuesta a esta situación.
Precisó a pregunta expresa que en la reunión del miércoles en Casa Guerrero, nunca le informaron o denunciaron que de su gobierno existiera o hubiera antecedentes de amenazas en contra de integrantes de Tlachinollan.
Por eso, deslindó a su gobierno “de cualquier responsabilidad en los hechos, soy un respetuoso del trabajo de los defensores de los derechos humanos y como nunca, estamos atentos a sus observaciones y recomendaciones”.
Entrevistado ayer por la noche vía telefónica, el gobernador Angel Aguirre enfatizó que su gobierno ofrece todas las garantías y facilidades para que los defensores de derechos humanos, principalmente Vidulfo Rosales, realicen sus tareas de defensa de los guerrerenses.
Dio a conocer que instruyó a la encargada de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Martha Elba Garzón Bernal, que intensifique y dé seguimiento especial a la investigación derivada de la denuncia penal interpuesta por la amenaza contra el abogado de Tlachinollan.
Para lo anterior, indicó que la encargada de la PGJE se auxiliará de la agente del Ministerio Público adscrita a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Beatriz Balderas Aguilar, quien fue propuesta por Tlachinollan y los integrantes de los organismos de defensa de los derechos humanos que asistieron a la reunión en Casa Guerrero el miércoles.
Explicó que la agente del MP seguirá puntualmente el desahogo de las diligencias relacionadas con la averiguación previa GRO/SC/042/2012, por amenazas y lo que resulte, la cual fue recibida y ratificada el pasado miércoles en la reunión de los representantes de organismos de derechos humanos encabezados por los de Tlachinollan, que sostuvieron en la residencia oficial Casa Guerrero.
Dijo que la encargada de la PGJE informará personalmente al gobernador de los avances en las indagatorias y de las medidas de protección que se acuerde aplicar.
El gobernador dio a conocer que  a la reunión asistieron el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, y el coordinador de Tlachinollan, Abel Barrera.
Además, el director para México de Amnistía Internacional, Alberto Herrera Aragón; Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, y Omar Gómez, de la Oficina para México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, así como una representación de la Comisión Civil de Interlocución de Ayotzinapa.
Ante ellos el gobernador dijo que le ofrecieron al abogado Vidulfo Rosales, como parte del “apoyo incondicional” en materia de seguridad y protección para los defensores de derechos humanos, “todas las medidas tecnológicas y técnicas necesarias”, y que él las aceptó.
Específicamente, ofrecieron a Vidulfo Rosales equipo de telecomunicaciones, de geolocalización y de videovigilancia, así como custodia “a fin de brindar la mejor seguridad posible al abogado Rosales y a sus compañeros, para que puedan seguir realizando su importante labor”.
Aguirre Rivero destacó que “se actuará de manera inmediata y diligente para recabar todos los elementos disponibles que permitan en el corto tiempo fincar responsabilidad penal sobre el o los responsables de estos hechos”.
“La defensa de quienes promueven la protección de los derechos humanos es un compromiso del gobierno de Guerrero, y la incorporación de esta administración estatal al mecanismo federal de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas es una muestra de ello”, resaltó el gobernador.
La misma comisión de defensores de derechos humanos sostendrá una reunión de seguimiento el próximo lunes por la tarde.
Cabe destacar que la reunión de los integrantes de Tlachinollan con el gobernador y funcionarios realizada el miércoles en Casa Guerrero, fue solicitada a través de un oficio de fecha 21 de mayo del presente año, dirigido al gobernador por parte de los integrantes de la Comisión Civil de Interlocución creada para atender el caso Ayotzinapa.