Hace un nuevo llamado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para localizar a los normalistas

Pide con urgencia al gobierno proteger la vida de familiares de las víctimas, e investigar los homicidios de Iguala

Ante la detención de sicarios que confesaron que detuvieron a 17 jóvenes y los entregaron al grupo del crimen organizado “Guerreros Unidos” y la localización de fosas clandestinas por segunda ocasión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó urgentemente al gobierno mexicano a localizar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, proteger la vida e integridad de las víctimas y sus familiares, investigar los delitos de manera pronta, diligente e imparcial y adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
La CIDH reconoció las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, y dijo que espera que los esfuerzos desplegados por el gobierno federal logren el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, demandó que las autoridades de Guerrero coadyuven en esa tarea, con base en las obligaciones que contrajo México al celebrar tratados internacionales en materia de derechos humanos.
El organismo interamericano expresó su “profunda preocupación” por los graves hechos de violencia en los que estudiantes normalistas resultaron muertos, heridos y desaparecidos, y reiteró que por la urgencia y gravedad de la situación el 3 de octubre les otorgó medidas cautelares y solicitó al Estado mexicano las medidas necesarias para localizarlos y proteger a los heridos.
Hace siete días, el sábado de la semana pasada, El Sur informó que el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el continente, demandó proteger los derechos humanos de los normalistas, exigió al Estado mexicano localizarlos y les otorgó medidas cautelares para obligar a los tres niveles de gobierno a invertir todos sus esfuerzos en el caso.
En un comunicado difundido ayer en la tarde en su portal de internet, la CIDH demandó al Estado mexicano que “adopte de forma inmediata todas las medidas necesarias para encontrar a aquellas personas cuyo destino aún se desconoce”, y que emprenda una investigación “pronta, objetiva e imparcial” de los hechos para establecer las causas, identificar y sancionar a los autores, y satisfacer las expectativas de justicia de las víctimas y sus familiares.
Además, consideró fundamental que se adopten las medidas necesarias para proteger a los sobrevivientes, los familiares y sus representantes, así como todas las medidas legales, institucionales y administrativas para asegurar que no se repitan hechos similares.
“La CIDH valora positivamente las declaraciones del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y espera que los esfuerzos desplegados por el gobierno lleven a un pronto esclarecimiento de los hechos. Igualmente, la Comisión considera importante que las autoridades del estado de Guerrero coadyuven a estos fines”, destacó.
Sin embargo, recordó que tras una visita de trabajo a México, en 2011 hizo hincapié en que el Estado enfrenta desafíos importantes “relacionados con el aumento del poder de las organizaciones del crimen organizado” y el deterioro del Estado de derecho, porque “poseen armas de alto poder destructivo y tendrían influencia en algunos ámbitos a nivel local y federal”.
Agregó que indicó que los actos delictivos de estas organizaciones “habrían contado con la participación de elementos corruptos pertenecientes a la policía y órganos del Estado, lo que les habría facilitado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos propiciándose la impunidad”.
“El hecho de que intervengan servidores públicos y terminen jóvenes estudiantes muertos es un signo de extraordinaria gravedad”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, cuando se supo que en Iguala participaron policías municipales coludidos con el crimen organizado, cita el comunicado.
En este sentido, reiteró que los Estados tienen la obligación ineludible de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de todas las personas, con base en las obligaciones internacionales que contrajeron en materia de derechos, lo que incluye proteger a las personas de la violencia y el crimen.
La CIDH recapituló que entre la noche del viernes 26 de septiembre y la madrugada del sábado 27, en Iguala se produjo una secuencia de hechos de violencia contra unos 80 estudiantes cuando salían de la central de autobuses de Iguala hacia Chilpancingo, y presuntamente en colusión con sicarios, policías municipales los atacaron de manera indiscriminada con armas de fuego de grueso calibre, dejando un saldo de seis personas muertas, entre ellas un estudiante con huellas de tortura, más de 14 heridos y 43 estudiantes de los que se desconoce su paradero. (Redacción / Acapulco)