Se notificó a Abarca en el Ayuntamiento y en su casa del juicio en su contra, dice Flores Majul

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Omar Jalil Flores Majul, informó que ayer fue “notificado” el alcalde con licencia de Iguala, José Luis abarca Velázquez, del proceso de revocación de mandato que se sigue en su contra.
Comentó que fue notificado en el ayuntamiento de Iguala a través del síndico y el secretario general del ayuntamiento, además de que se acudió a dejar el escrito a su domicilio en Iguala en presencia de un notario público.
En breves declaraciones telefónicas el diputado priista informó que se espera que el jueves o viernes se concluya el trámite del juicio de desafuero que solicitó el gobierno del estado a través de la Procuraduría contra el alcalde perredista a partir de los hechos violentos donde fueron asesinadas seis personas, entre ellos tres estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y desaparecidos otros 43.
También confirmó que la propuesta de la Comisión Instructora del Congreso local para inhabilitar al secretario de Trabajo y ex procurador Alberto López Rosas por las acciones u omisiones cometidas durante el desalojo violento de estudiantes de la normal de Ayotzinapa en diciembre de 2011 contempla una indemnización para las familias de los estudiantes asesinados.
Integrantes de la Comisión Instructora confirmaron la propuesta de que la inhabilitación contra Alberto López Rosas, que en unas semanas pasó de uno a cinco años, también contemple una indemnización o una pensión a la familia de las víctimas.
El juicio político que el Congreso local realiza a el ex procurador Alberto López y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, por el caso del asesinato de dos estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el desalojo violento en diciembre de 2011, hasta hace unas semanas se mantenía en reserva y se hablaba de la inhabilitación sólo por un año al funcionario estatal.
Pero después de los hechos violentos en Iguala donde fueron asesinados otros tres estudiantes normalistas y desaparecidos 43, la sanción creció a cinco años, que propuso el diputado Emilio Ortega Antonio.
Ahora existe también la propuesta de indemnizar a las familias de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así como la del trabajador de la gasolinera Gonzalo Miguel Rivas Cámara.
Hay otro planteamiento en el sentido de que en el caso de las familias de los normalistas reciban una pensión vitalicia, y en ambos casos los costos serían asumidos por el gobierno del estado de Guerrero.