Asume la PGR el control total de la investigación de la matanza de Iguala y la búsqueda de los desaparecidos

*La Fiscalía General del Estado quedó fuera de los trabajos, anunció el procurador Jesús Murillo Karam. Desmiente la versión del gobernador y asegura que los restos de las fosas aún no han sido identificados. Presenta a representantes de Ayotzinapa a mandos de la PF y la Gendarmería

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se reunió ayer con integrantes del comité de alumnos y padres de familia de la Normal Rural de Ayotzinapa, para presentar a los mandos de la Policía Federal y de la Gendarmería que se encargan de investigar los asesinatos y desaparición forzada de normalistas, y anunciar que la federación atrajo el caso por completo.
Es decir, a partir de este sábado la Fiscalía General del Estado quedó fuera de la investigación del homicidio de tres estudiantes y de los trabajos de localización de 43 normalistas detenidos por la Policía Municipal de Iguala el 26 de septiembre, y de quienes hace 16 días se desconoce su paradero.
Al salir de la reunión privada en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), en breve entrevista, Murillo Karam habló de las fosas clandestinas encontradas en Iguala, y aseguró que todavía no se puede asegurar si los restos encontrados son o no de los estudiantes de Ayotzinapa, porque las pruebas de genética forense aún no concluyen.
Aseguró que lo ocurrido en Iguala “es una tragedia” pero existe el compromiso de encontrar a los jóvenes desaparecidos, “no sé si con vida o no, pero hasta este momento para mí son desaparecidos y mi compromiso es encontrarlos”.
Añadió que “yo le puedo decir, porque acabo de consultar claramente que no se han terminado las pruebas (para la identificación genética de los cuerpos), yo, cuando dé información es porque tengo la certeza de que así fue y además coordinado con los padres de familia que ya son coadyuvantes”.
Sobre la última declaración del gobernador en Iguala, de que los cuerpos hallados en Iguala no son todos de estudiantes, el funcionario dijo que ni desmiente ni afirma nada hasta que se concluyan las investigaciones, que realizan peritos de Argentina.
Asimismo, dijo que no hay órdenes de aprehensión contra el presidente de Iguala con licencia, José Luis Abarca Velázquez, ni contra su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, pero son indiciados en el caso, “es decir, presuntos culpables”.
Por otro lado, el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Alejandro Ramos Gallegos, indicó que el procurador informó en términos generales sobre las actividades que están realizando, “sin dar detalles por el sigilo de la investigación”.
En consulta telefónica puntualizó que a partir de ayer, la Fiscalía General del Estado ya no intervendrá en la investigación, porque el caso fue atraído por completo por la PGR.
Indicó que en la reunión, el funcionario y los representantes de la Policía Federal y de la Gendarmería explicaron en qué van a consistir sus acciones, sin proporcionar datos precisos.
Reconoció que no esperaban al procurador en la reunión, sólo sabían que se reunirían con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Aunque los dirigentes estudiantiles y abogados de organismos civiles de derechos humanos se negaron a hablar de la reunión que sostuvieron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la ciudad de México el viernes, con integrantes de la comisión civil de interlocución, que va a representar a las víctimas frente el gobierno federal, este encuentro fue parte de los acuerdos.
También se supo que entre los acuerdos se estableció que los padres se sumen a las acciones de búsqueda de sus hijos, con la PGR.
En cuanto a la reunión en la Codehum, se informó que los padres de familia proporcionaron la información que han recibido sobre la posible ubicación de los estudiantes, para hacer un cruce de información, porque también han realizado búsquedas por sus propios medios.
Sobre los amparos que se solicitaron para que el gobierno municipal de Iguala informe del paradero de los estudiantes, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Vidulfo Rosales Sierra, indicó que siguen su curso, sin embargo no están en las instalaciones oficiales, que ya fueron revisadas.
“El amparo no puede ir más allá, pero permitiría establecer que fueron los policías municipales los que se los llevaron para que pudieran presentarlos y ponerlos a disposición”, explicó.
Añadió que la prioridad es la búsqueda con vida de los estudiantes.

Reunión en Ayotzinapa

En la Normal Rural de Aytzinapa, en Tixtla, se realizó una reunión con alrededor de 150 egresados para discutir la forma de presionar a todos los niveles de gobierno para la presentación con vida de los normalistas detenidos en Iguala.
El comité de prensa detalló que hubo representaciones de docentes de Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Distrito Federal y Morelos, que están llamando a organizar actos simbólicos en sus estados, y en Guerrero acciones de presión.
El pronunciamiento es el regreso de 43 normalistas desaparecidos, con vida, la destitución del gobernador Ángel Aguirre Rivero y cárcel para los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos del 26 de septiembre de normalistas y civiles, en ataques de la policía municipal y sicarios.
Añadió que el gobierno federal también comparte culpa con el gobierno del estado, porque a pocos metros de los hechos violentos está una instalación militar que no hizo nada para proteger a los estudiantes.
Los estudiantes desconfiaron de las investigaciones en fosas clandestinas para localizar a los normalistas, “creemos que es estrategia mediática para desmoralizar a los familiares y a los estudiantes”.
Recordó que entre 2006 y 2007, que se comenzaron a negar las plazas automáticas a los egresados de las normales públicas, los egresados de Ayotzinapa buscaron opciones de empleo en diferentes estados de la República, y el DF fue uno de los lugares que abrió la oportunidad de contratación.
Denunció que hace dos años y particularmente este ciclo escolar, el gobierno del DF está actuando de manera discriminatoria, ya no contrata a los egresados de normales públicas del estado “por el simple hecho de ser de Guerrero”.